Para el auditor designado por el Ministerio de la Acusación no hay elementos para sancionar a su colega. Sin embargo hace una serie de advertencias y recomendaciones. Historia del polémico caso que generó denuncias de senadores. El fiscal regional de Rafaela, Carlos Arietti, designado auditor ad hoc por el Fiscal general Julio de Olazábal (el cargo de auditor está vacante desde que toda la política en Asamblea legislativa le dio la espalda al pliego de Enrique Font) dictaminó el pasado 4 de agosto que las actuaciones y el juicio disciplinario abierto contra la fiscal santaesina del nuevo sistema penal, Milagros Parodi, debía archivarse pero, sin embargo, le subraya una serie de advertencias que deberá tener en cuenta en otras actuaciones. El hecho reprochado a la fiscal deriva de su propia intervención en un hecho ocurrido el 11 de marzo de este año, en el cual Marcos Osuna ingresó al negocio de fotografía Fotolab, ubicado en el norte de la ciudad y con un arma asaltó el local. Al salir del comercio, Osuna fue detenido por la policía con dinero en efectivo y dos cámaras fotográficas. También tenía una escopeta calibre 16 recortada en estado precario y sin cartuchos en la recámara, Al día siguiente Osuna apareció en el mismo local y pidió dinero al mismo empleado al que, horas antes, había asaltado. Leandro Vurcharchuk, al mostrador de Fotolab, indignado hizo la denuncia en los medios y el hecho tuvo una repercusión enorme por ello. Trascendió entonces que Parodi había resuelto liberar a Osuna 8 horas después de su primera detención, sin fijar audiencia imputativa por el hecho. El auditor señala que “el fiscal no tiene el deber funcional de solicitar la realización de la audiencia imputativa con detenido en Tribunales, tampoco tiene el deber de citar al imputado a realizarla en la Fiscalía en un plazo determinado si aquél se encuentra en libertad”. Para Arietti, la fiscal tuvo en cuenta que la escala penal del delito que se le imputaba a Osuna era de 1 a 2 años de prisión en su mínimo y 5 en su máximo (tentativa de robo agravad por el uso de arma de fuego no apta para el disparo y, por otro lado, la falta de antecedentes del imputado. “No encuentro con ello que haya incurrido en la omisión de un deber funcional para formular cargos”, dice el auditor. El otro aspecto que se le reprochaba a Parodi era que había caratulado la causa como tentativa y no como robo consumado. En este aspecto Arietti recurre a antecedentes jurídicos y de causas ya resueltas donde queda en claro que “para configurar la tentativa es menester que el agente no haya alcanzado la producción del resultado por causa ajenas a su voluntad”. Y, finalmente, el último punto de la crítica a Parodi radicaba en que no había tomado contacto con la víctima, como lo exigen algunos protocolos de actuación del Ministerio Público de la Acusación. A ello, Arietti reconoce que es deber el MPA asistir a la víctima y al testigo, pero es un responsabilidad institucional y no del fiscal interviniente. De hecho, el fiscal regional Ricardo Fessia sí tomó contacto con Vurcharchuk, la víctima en este caso. El auditor concluye que no hay falta grave ni leve en el desempeño de la fiscal Parodi, aunque sí reconoce que su accionar (el de la fiscal de grado) podría haber sido más exhaustivo en la recopilación de información pertinente para tomar la decisión de disponer la libertad del imputado, sobre todo el de haber esperado el informe balístico, que no hubiese cambiado mucho el panorama ya que el arma esta rota, pero sí – die Arietti – “podría haber sido un elemento más a considerar”. Autor: Héctor Martín Galiano
