Imputaron al editor del portal de noticias Última Hora, por «incitación a la violencia colectiva». «Zamora y su mujer tienen a la prensa amordazada», dijo el periodista.
La Justicia Federal de Santiago del Estero imputó en las últimas horas al periodista y editor de la página web Última Hora, Juan Pablo Suárez, bajo el delito de «inicitación a la violencia colectiva», apoyado en la reglamentación de la polémica Ley Antiterrorista (26.734) propuesta desde el Gobierno y promulgada en 2011.
La acusación elevada por el fiscal federal Pedro Simón, se encuentra agravada, según expresó, por la «finalidad de aterrorizar a la población» durante los levantamientos policiales del año pasado. Por este motivo, Suárez incluso ya había permanecido diez días en prisión acusado de «sedición».
El supuesto delito cometido por Suárez, según consignó el propio portal Última Hora Diario, fue cubrir el encadenamiento del policía Nelson Villagrán, realizado durante las jornadas en las que varios destacamentos policiales provinciales se levantaron en reclamo de aumentos salariales.
En diálogo con Perfil.com, Suárez describió: «Luego de cubrir las protestas policiales de diciembre, me detuvieron y permanecí diez días en el calabozo. Sólo me retiraron unas horas y me pararon frente a un televisor para ver la asunción como gobernador de Santiago del Estero de Claudia Ledesma Abdala (esposa del exmandatario local Gerardo Zamora) el día que se cumplían 30 años de democracia. Desde entonces nada me asombra».
«Luego de mi liberación, la causa continuó. Pero en ese lapso destruyeron todo nuestro material de trabajo. Rompieron todas las garantías que tiene un periodista para hacer su trabajo, dos notebooks, un CPU de una computadora de escritorio, el celular, una filmadora…»
Sobre el momento en que le anunciaron el cambio de la causa, explicó: «Lo insólito continuó, cuando me avisaron desde la Justicia Federal que si bien no cambiaba la carátula enmarcada en el artículo 212 del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 6 años, lo que sí cambió fue la tipificación del presunto delito, el cual ahora era reglamentado y modificado por el artículo 41 de la Ley Antiterrorista, el cual agrava la condena de 6 a 12 años, es decir, las duplica».
Respecto del futuro de su medio y la condena propuesta por la Justicia, señaló: «No me extrañaría que puedan aplicarla en mí. En el norte del país, el nepotismo y el despotismo reinan y Santiago del Estero es un bien ganancial, por cuanto Zamora y su mujer manejan la justicia federal a nivel local. Sonaba como una fantasía pero es real, y Zamora siempre redobla las apuestas»
«La opresión y la mordaza a la prensa es absoluta. El único caso de medio en el que no se está alineado con el Gobierno provincial es el mío. Y eso que sólo somos un sitio web. Pero claro, por ser un medio opositor, tenemos un cierto nivel alto de lectura. El resto de la prensa está absolutamente amordazada».
«Esto es una muestra gratis para demostrarle a quienes quieran hacer periodismo independiente que podrían ir presos en el intento», concluyó.
El Foro de Periodismo Argentino rechazó en este sentido la aplicación de la Ley Antiterrorista como limitante de los derechos de libertad de expresión y condicionante del ejercicio del periodismo: «La Ley no debe ser usada en contra de derechos humanos fundamentales, como el de expresarse a través de los medios de comunicación, ni para silenciar voces y opiniones».
«El ejercicio de la libertad de expresión es un derecho humano garantizado constitucionalmente de manera preferente, lo cual no puede dejar de ser contemplado por los fiscales como por los jueces», consignaron desde el foro.
Y argumentaron: «Consideramos que esta causa judicial es un caso testigo de la aplicación de la legislación penal a una tarea periodística y por eso su peligrosidad. La posición contraria a la Ley Antiterrorista en este aspecto viene siendo sostenida por FOPEA desde diciembre de 2011 y consideramos nuevamente que debe ser derogada en aquellos aspectos a los que hacemos referencia».
«En los últimos tiempos, se ha registrado un incremento de acciones judiciales en todo el país, que terminan afectando a la profesión periodística e incrementando los silencios y ausencias informativas. El uso indebido de las normas se transforma así en una mordaza a la profesión, inaceptable a más de 30 años del regreso de la democracia».
Fuente: perfil.com
