La legislatura santafesina removió a quien fuera ministro de Seguridad de Perotti y hasta hace poco Director de la policía judicial. Cómo se reconfigura la seguridad tras su salida. Qué debería preocupar al creador de la PSA y a su equipo. Dos tuits y el derecho a opinar. Luces y Sombras.
Probablemente sea bastante difícil encontrar antecedentes en el país o en el mundo de casos de altos funcionarios de Gobierno o de Estado destituidos por un tuit, por una opinión. Nadie es tan celoso para bajar esa lupa. Incluso, cuando la ley indica que los funcionarios judiciales deben ser prolijos y reprimirse las opiniones políticas. Como si éso solo, fuera garantía de imparcialidad. Pero el “Caso Saín” y el reproche a su militancia por redes sociales llegó hasta la Legislatura. Y allí, la historia conocida. Juicio exprés de otro incontinente del tuit, como el senador Enrico, bloque cerrado en la Comisión de Acuerdos y la ruta de la remoción. La política santafesina se sacó de encima a un sospechado de múltiples infracciones, poniéndole cien cámaras en el semáforo. Alguna vez, iba a cruzar en rojo. Lo peor, es que todos, hasta el apuntado, lo sabían. Como el tema de Sabina : “cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidas…”. La canción del poeta y cantante español narra la historia de un crack, que borracho en su ego derrapa: “ No voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar (…) tú que eras un maestro en el difícil arte de no mojarte bajo un chaparrón”, dice un verso de Joaquinito.
Lo cierto, es que sí puede ser posible echar a un funcionario por lo que piensa, lo que pone a la clase política al borde de algo bastante grave: la imposibilidad de expresar las ideas en un Estado de derecho. No está acá planteado el mal gusto, lo soez, la falta de tacto, o la posible imbecilidad del tuitero. Sino un derecho superior. Ciertamente, si los funcionarios judiciales podrían evitarlo, sería mejor, no aparecerían los detectives de las redes. Dicho de otro modo más ligero, ¿Molesta más un tuit o que se haya denunciado a la cueva financiera que operaba Oldani?. Molesta más, ¿Una opinión zarpada y fuera de lugar, o que se hable de Traferri como jefe de una banda delicitiva?.
En este aspecto, debe tenerse en cuenta que, en esta provincia, más de un funcionario del Poder Judicial o del MPA saltó del Ejecutivo a cargos claves sin ruborizar tanto a los defensores de la institucionalidad. El argumento: – pero hubo un concurso, o cosas por el estilo.
Durante los discursos, en la sesión conjunta del pasado jueves, algunos legisladores desplegaron extensas tirrias contra Saín. Tuvieron muchos inconvenientes para afinar el discurso al objeto de la sesión: dos tuits. Prefirieron recorrer otros aspectos. Muchos más oscuros que un trasnochado mensaje en redes.
Cómo te has dejado llevar…
Aproximadamente 16 mil decretos firmados por Miguel Lifschitz en sus cuatro años de gobierno fueron auditados en tres meses por la gestión actual con el propósito de encontrar alguna irregularidad gorda. El scanner no encontró nada escandaloso. En ese período hubo un amague de denuncia que no prosperó y refería al acuerdo con el que el fallecido ex gobernador cerró la concesión privada de la autopista Santa Fe Rosario. En ese período Saín hizo lo propio dentro del ministerio de Seguridad, con resoluciones firmadas por Maximiliano Pullaro. Surge así la denuncia por el caso del supuesto pago de honorarios con fondos reservados a los abogados de los policías implicados en el caso Casco, el joven bonaerense que fue asesinado en la Seccional Séptima de Rosario y luego arrojado al río con la intención de desaparecerlo. Su staff más cercano estaba integrado por Débora Cottichini, jefa de Inteligencia del Organismo de Investigaciones en el sur, de licencia, mientras se sustancia una investigación administrativa y penal en su contra por tráfico de información. Cotichini, un típico caso de la “garrocha” entre poderes. La sicóloga, que ocupó un cargo relevante en la gestión de su amigo, el ex ministro de justicia Juan Lewis en la gestión de Bonfatti, fue eyectada luego de haber aprobado la conmutación de penas a dos condenados a perpetua por un doble crimen ocurrido en Rincón en 2007, en donde tres ladrones mataron a padre e hijo. Pero el sistema recompensa, a veces a la corta, y la funcionaria encontró cobijo en el MPA. Comentario aparte, su amigo Lewis suele tener – de un tiempo a esta parte- como clientes a imputados o denunciados por delitos complejos en Rosario.
La escudería Saín tenía ( ¿o sigue teniendo?) dos alfiles: Germán Montenegro y Diego LLumá. El primero, secretario de Seguridad, el segundo secretario de Prevención. Ampulosos y formales títulos para quienes deben dar cuenta de una explosión de violencia inédita en Rosario y Santa Fe. Montenegro, especula con cumplir los dos años de residencia dentro de un mes en la provincia para tomar el mando del ministerio de Seguridad. La posibilidad lo enerva a Jorge Lagna, a quienes llaman “El tío”, los más malintencionados, para vincularlo a Cámpora, el fugaz presidente. Sin embargo otra preocupación los desvela: hasta dónde llegará la investigación por la compra frustrada de armas al Grupo Patagónico S.R.L, de la familia Menajovsky, que fuera denunciado administrativamente por la empresa Bersa y un grupo de diputados santafesinos. El Grupo Patagónico, de enlace – se supone con sectores de la inteligencia o el ejército israelí – era bien familiar. Cuando los pesquisas del Organismo de Investigaciones allanaron las dependencias en Buenos Aires sólo encontraron una pequeña oficina y una empleada: familiar del dueño de la empresa, fallecido por Covid a principio de año. Hay aquí un dato sumamente relevante: quien objetó de entrada esa licitación fue el equipo de Walter Agosto en el ministerio de Economía. Los risueños bromeaban, “bueno, esto habla bien de un Turco, que puede hacer negocios con un israelí”.
Otro dolor de cabeza está atado al futuro de la causa por la compra de motos, que tiene un trámite avanzado en el MPA local. Dicen los investigadores, que la causa es “redonda” para explicar el posible sobreprecio en función del beneficio una firma.
El “Team Sain” será recordado en el futuro por haber tenido a un funcionario al que todos referencian oblicuamente, pero al que no se le conoce ni la voz, ni gestión. Mucho menos, logros. Se trata de Rodolfo “Coqui” Gallardo, Director de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad. Un ex jefe de la PSA que formó parte de la creación de la fuerza junto a Ricardo Bogoliuk (alias “Copito). Muchos recuerdan la entente entre Saín, “coquito” y “copito”, como lo hizo en 2019 Horacio Verbistky en El Cohete a la Luna. Bogoliuk hoy está preso y procesado por espionaje ilegal al integrar la banda del falso abogado Marcelo D´Alessio. La práctica reprochada por el juez Ramos Padilla en este caso y que debe tenerse en cuenta es la siguiente: los seguimientos a personas sin órdenes judiciales y la utilización de resortes del Estado para confeccionar “perfiles” – vulgarmente llamados carpetazos- con fuentes abiertas o cerradas , totalmente prohibidos por la ley de inteligencia en nuestro país. El jueves pasado algunos legisladores dejaron sentado que esa práctica la llevo adelante Saín en Santa Fe. El diputado Juan Cruz Cándido hasta señaló que “sabían con quién me juntaba a comer”. Dijo además haberlo denunciado en abril en la justicia. Si prosperase esa acusación, ¿Podría ponerlo a Saín y a su equipo al borde de una imputación similar a la de D’ Alessio?. Retomando sobre el paso fantasmal de Gallardo, a quienes ni jueces ni fiscales federales le confían investigaciones complejas – al menos a la parte de la AIC a su cargo – hay una anécdota en off que refleja su poder. Hace dos meses, un jefe importante de la Agencia de Investigación Criminal le llevó a un alto funcionario del ministerio de Seguridad un borrador para provocar cambios en la estructura de Drogas. La respuesta fue “in limine”: – ése palo lo maneja Coqui, no podemos entrar ahí. El comentario llegó incluso hasta oídos de dos fiscales regionales. La permanente crítica a Gallardo también preocupa a su segundo: el licenciado Pablo Álvarez, que ha tenido una adhesión total a la gestión.
“No volveré al Organismo, es el pasado”, dijo Saín el día después de su remoción a una radio local, aunque sí señaló que va a enjuiciar al Estado provincial por lo que él considera una sesión legislativa amañada. Sus cercanos ya lo ven en el equipo de Aníbal Fernández o como delegado de AFI en Santa Fe. Con el ministro de Seguridad se reunió, con foto de prensa incluida, apenas asumido en el cargo nacional. Quedaron atrás las peleas y las descalificaciones mutuas. El periodista Julián Maradeo, especialista en temas de espionaje y seguridad, recordó en el último número de la Revista Crisis que Aníbal era el enlace con la DEA en la gestiones kirchneristas y que en una oportunidad descalificó a Saín por ser un crítico feroz de La Agencia. Lo llamó “elefante con metanfetaminas” frente a su interlocutor, nada menos que el embajador de Estados Unidos Anthony Wayne, de acuerdo a un cable de WikiLeaks. Tal vez la situación haya cambiado. Mientras fue ministro de Seguridad de Perotti Saín dijo haber cerrado un acuerdo de reciprocidad con la DEA, exclusivamente de información y que no se concretó en la Embajada de Estados Unidos. Todos tienen la libertad de cambiar de opinión.
Héctor M. Galiano
