El Fiscal Federal de Santa Fe Walter Rodríguez apeló la resolución del juez federal Reinaldo Rodriguez, quien procesó al líder de Apropol, Alberto Martínez por encontrarlo responsable de instigar la sedición policial de diciembre de 2013 pero, sin embargo, lo sobreseyó por el delito de amenazas -vía mensajes de texto – enviadas al Gobernador santafesino en el mismo contexto.
El juez federal santafesino Reinaldo Rodriguez procesó la semana pasada al líder del nucleamiento policial Apropol como instigador de la sedición policial de diciembre de 2013, en donde se produjeron varios delictivos producto de la ausencia de personal policial en las calles principalmente de Rosario y Santa Fe.
El magistrado valoró la investigación de la Fiscalía que probó que Martínez organizó la revuelta desde la Patagonia y por teléfono entre el 5 y el 12 de diciembre del 2013.
El juez lo procesó el 20 de agosto pasado a Martínez por su rol organizador aunque lo sobreseyó por la imputación que pesaba sobre el líder sindical en relación a una serie de mensajes de textos que le envió al gobernador Antonio Bonfati en el mismo contexto en el que se organizó el paro.
Sobre la instigación, el magistrado consideró que Martínez impulsó públicamente a personas indeterminadas a cometer un delito concreto contra la institución y fue amplificada con la publicidad que e deban vía redes sociales. «Su accionar fue influyente para que se produjese el alzamiento policial que derivó días más tarde en el arrancamiento de una medida o concesión al poder público relativa al mejoramiento de las condiciones laborales del personal de seguridad».
Reinaldo Rodriguez también valoró las conversaciones telefónicas que Martínez tuvo con varios referentes de Apropol en Rosario y Santa Fe en donde les daba órdenes sobre el accionar en cada situación concreta. El celular de Martínez estaba intervenido por decisión de la justicia provincial ya que era el mismo desde donde se enviaron los mensajes intimidantes al Gobernador.
Precisamente por estos mensajes, el juez consideró que había que sobreseer a Martínez por supuestas amenazas coactivas. Para ello fundamenta que «la acción de amenazar supone un anuncio de unmal futuro, dependiente de la voluntad de quien lo anuncia (…) si el mal futuro no depende la voluntad del autor, no puede hablarse de amenaza». Aclara el magistrado que todos los mensajes fueron inadecuados para la investidura del receptor. Para la Fiscalía es «contradictorio este razonamiento judicial en torno a que el mal futuro no dependía de la voluntad del autor, porque justamente e magistrado lo encontró a Martínez como instigador (…) la presión de Martínez sobre Bonfatti con el objetivo de lograr mejorar laborales se encontraba estrictamente vinculado a un escenario intimidatorio de tal magnitud que, incluso, no debe descartarse la idea de que haya existido un riesgo de desestabilización política para el caso de no lograrse las concesiones pretendidas»
El juez de la causa también había procesado en la misma resolución a los policías en actividad entonces, hoy en disponibilidad, Fabricio Abasto, Claudio Patiño y Mauricio Pagani por el delito de sedición. Y les dictó la falta de mérito a Oscar Aguirres y Alejandro Zamaro.
En otro apartado, el juez Rodriguez menciona que deben considerarse los derechos a la sindicalización de las fuerzas de seguridad pero aclara también que lo que «aquí se investiga no se ajustó de forma alguna a la normativa constitucional sino que, por el contrario, se ha comprobado que fue público y notorio que la ciudadanía experimentó el abandono de las fuerzas de seguridad producto del alzamiento referido».
A todos los procesados se les trabó un embargo de 10.000 pesos y seguirán en situación de libertad.
diez mil pesos?? ja, haganme reir!!!