La presentación se realizó en la órbita federal, motivada por un conjunto de situaciones que se dieron en el marco del crimen del empresario Hugo Oldani. Custodia levantada y dinero que se esfumó, como principales indicios.
El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe denunció ante la Fiscalía Federal de Walter Rodriguez una serie de maniobras suscitadas luego del crimen del empresario turístico local, Hugo Oldani, ocurrido en febrero pasado en pleno centro de la ciudad capital. Por ese homicidio hay tres detenidos, entre ellos el autor material, mientras una mujer sigue siendo buscada por la justicia local.
La denuncia señala dos situaciones concretas, de las cuales se dio cuenta en Zona Crítica en dos notas al respecto. La primera apunta a establecer la responsabilidad penal por el levantamiento de la custodio del local de Oldani, detectada por la Directora del área de Control Policial Mariana Olivieri el día 17 de febrero pasado, es decir, casi una semana después del crimen. La situación quedó plasmada en el libro de guardia de la Seccional Primera, donde quedó asentado que el Comisario Supervisor José Julián Nizzo, Jefe de la 1ra. Zona de Inspección, “ordenó el levantamiento del servicio de custodia permanente dispuesto por la Fiscal Cristina Ferraro en el domicilio ubicado en calle La Rioja 2445 de esta ciudad – sede de la razón social “Oldani Turismo S.R.L.”. Todo esto se dio en el marco en el cual, y por pedido de la Fiscalía a cargo de Cristina Ferraro se había ordenado la custodia permanente del lugar, que tenía una orden operacional de cumplimiento. Sin embargo, esa custodia se levantó el día 12, es decir apenas unas horas después del luctuoso episodio.
EL RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO DE LA CUSTODIA. A pesar de la gravedad de su accionar, Julián NIzzo no fue pasado a disponibilidad. Sigue en funciones, aunque sin cargo, en la Agrupación de Unidades de Orden Público.
CRISTINA FERRARO. La Fiscal de la causa Oldani se relajó en el control del dinero, no ordenó su peritaje en los primeros minutos del hecho, y por eso lo sustrajeron del local. Nunca investigó la pista financiera como móvil del crimen.
LOS DÓLARES QUE SE ESFUMARON
La segunda situación denunciada también fue oportunamente informada por este medio: la alteración de la escena del crimen y la sustracción de una millonaria suma de dinero del lugar del hecho. Se adjunta en este sentido un informe del Subcomisario Pablo Ricardo Molinas, Coordinador de la Escena del Delito de la División Científica Forense – Región I – dependiente de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, que notificó por escrito al Director Provincial de Criminalística Carlos Marcelo Zoratti, dando cuenta de la actividad pericial desplegada en el lugar del hecho. Allí se explican los pormenores de esos primeros momentos de la pesquisa: “…posteriormente la Dra. Ferraro hace saber a la hija de la víctima respecto de los pasos procesales de rigor consistentes en la realización del procedimiento pericial en presencia de dos testigos mayores de edad, que sean civiles y no posean ningún vínculo con los damnificados e involucrados en el hecho, por lo que la hija del damnificado se niega rotundamente al ingreso de toda persona ajena a su negocio, no acatando la orden del Fiscal, la que tomando conocimiento de la negativa accede al pedido de la misma y el procedimiento finalmente se realiza con la presencia en el interior del local de la hija del damnificado y su esposo. En el interior del local comercial se realiza un exhaustivo relevamiento de Rastros, Balísticos, Planimétrico y Fotográfico de rigor, acompañado de un registro fílmico a cargo de quien suscribe y que cuenta con una duración aproximada de 54 minutos 11 segundos (…) finalizado el acto pericial se le da conocimiento a la Dra. Ferraro que en el fondo del local y detrás de una puerta existe un pequeño reducto en el que había una cavidad con una estantería improvisada de manera sobre la cual se encontraba una gran cantidad de dinero de moneda nacional y extranjera, separados por fajos y que en ese preciso instante se invita a abrir a la hija de la víctima una mediana caja de seguridad que se niega rotundamente a su apertura. Es así como termina el desarrollo pericial en ese lugar, previa confección de una faja de seguridad de papel escrita de puño y letra por quien suscribe, la cual es colocada en la puerta de acceso principal del local comercial adherida con una cinta pego transparente”. Casi una semana después, el 17 de febrero, en una inspección ordenada por la Fiscal, los pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal ingresaron de nuevo al local, esta vez, ya con el consentimiento de la hija del empresario. La comisario Zulma Rapella y el comisario Cristian Lemos le informaron por escrito a su superior, Pablo Alvarez, de la situación encontrada. “ Se observa a simple vista que la puerta no había sido forzada, habiendo accedido mediante llave otorgada por la hija de la víctima, por lo cual no se utilizó ninguna otra medida para abrir el local, “constatándose que en interior no se encontraban elementos de valor ni dinero (que había sido previamente documentado mediante filmación y foto en fecha 11 de Febrero cuando ocurrió el hecho en cuestión), recomendándose telefónicamente a la fiscal que se procediera a la extracción de los registros fílmicos del lugar, a los cual la misma manifestó que no se realice dicha medida por el momento”.
FAJOS QUE SE ESFUMARON: El dinero que estaba en la firma Oldani el 11 de febrero pasado. Una cifra millonaria que, una semana después, había desaparecido.
Para el ministro, la ausencia de la millonaria suma de dinero puede constituir la posible comisión de delitos contra el orden económico – financiero – cambiario y la administración tributaria.
La enorme cantidad de dinero que había en el local de Oldani – que la hija se negó a peritar y que la Fiscal Ferraro consintió de manera muy irregular – sumada a su posterior desaparición – como aclararon los comisarios Rapella y Lemos – “no se justifica ni condice con los montos y/o cifras que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial, por lo que en el caso existen elementos serios y verosímiles para inferir que en el lugar del suceso bien podría haber funcionado una de las denominadas “cuevas financieras”, sin autorización de los organismos estatales (BCRA – AFIP) para realizar operaciones de cambio y/o préstamo de dinero”, se señala. Saín pide en su escrito que se realice una profunda investigación de naturaleza patrimonial a través de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) a la firma de Oldani y a sus dueños con el fin de despejar la probable infracción a la ley penal cambiaria y/o tributaria.
Autor: Héctor Martín Galiano (hemagal@hotmail.com)
