Una Unidad con muchas irregularidades, pobre logística y pocos controles
Asuntos Internos avanzó muy poco en una denuncia que describe una serie de gruesas irregularidades en la Unidad de Protección y Testigos y Querellantes en Causas vinculadas a la dictadura militar. A pesar del detalle del escrito aportado a los pesquisas que deben investigar a sus colegas, nada ha cambiado. Siguen los jefes en su cargos y no se movió nada en materia judicial.
Adulteración del kilometraje en los vehículos oficiales, cargas de combustibles falsas o en coches articulares, horas extras truchas que benefician a jefes o subalternos amigos, paupérrimas condiciones de trabajo y colapso logístico forman parte del vademécum de presuntos delitos o irregularidades denunciadas ante el Subsecretario de Asuntos Internos de la provincia en octubre pasado y que aún, no tiene grandes avances, pese al detalle puntilloso del escrito al que accedió Zona Crítica.
En el mismo se detallan una serie de actos deliberados orientadas a defraudar al Estado, hurtar combustible, engañar sobre el pago de horas OSPE (Ordenes de Servicio de Policía Excepcional) y usar los bienes públicos para beneficio de los jefes.
Por ejemplo, se detallan una lista de autos disponibles al servicio de la Unidad cuyo kilometraje fue adulterado en los primeros días de enero del año pasado en un taller mecánico de Santo Tomé. Para perfeccionar la impunidad, la denuncia describe una maniobra de manual: adulterar los libros de guardia, situación que habría ocurrido entre el 18 y 19 de enero del 2016.
También se menciona que fueron frecuentes las cargas de combustibles en autos particulares con el sistema de Carga Visa Flota, que debería tener un seguimiento pormenorizado por número de móvil y personal a cargo. Además, se menciona un caso concreto que describe el descontrol: un móvil, el 4289, no registra movimientos de entrada y salida de la dependencia, sin embargo, su tarjeta fue utilizada muchas veces para la carga de combustible.
La denuncia apunta a los jefes de la Unidad, creada hace más de una década por e entonces gobernador Jorge Obeid, para asistir a víctimas del terrorismo de Estado en las causas en trámite en distintos juzgados federales de la provincia. En términos políticos depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero en los cotidiano y burocrático al jefe de Policía de Provincia.
Actualmente la Unidad está dirigida por los comisarios Mauricio Cornejo y Daniel Pinto, que son los mismos que forman parte de la denuncia que Asuntos Internos uso en el freezer por el momento. Solo algunas declaraciones informativas y algunos oficios de rigor se realizaron como diligencias, con conocimiento de la fiscal Milagros Parodi. Hasta el jueves, una consulta al sistema de causas en trámite en el MPA develaba un dato: sólo existe el parte informativo de Asuntos Internos a la fiscal, pero no el armado de un legajo, es decir, una causa.
La denuncia también señala una serie de posibles maniobras fraudulentas para cobrar horas OSPE, donde los jefes y subjefes de la Unidad se benefician con el cobro de las mismas, pero no cumplen ningún servicio, o el caso de otros efectivos que, estando de servicio ordinario, realizan horas extras, expresamente prohibido por la ley vigente.
Además, se detallan en el escrito anónimo que, en varias ocasiones, servicios de traslado de personas acogidas a la protección fueron realizados por personal que debió cobrar un viático, pero en su lugar lo cobraron los jefes, “todo con complicidad del jefe de Logística de a Unidad y su secretario”, se señala.
La Unidad funciona en una casa abandonada de calle Aristóbulo del Valle al 8.500, al norte de la capital santafesina donde tiene 16 efectivos disponibles de un total de 50 para toda la provincia. Allí comparte espacio con la Unidad de Protección de Testigos creada por ley el año pasado, donde se establecía un programa de protección de testigos en causas penales graves y un fondo de recompensa. Tal es el desguace de ésa Unidad que su Jefe, Adrián Forni, ha respondido por escrito que tiene la capacidad de personal y de logística superada, al momento de consultársele si podían custodiar a una joven santafesina que fue la testigo clave en una causa que llevó a la cárcel a una banda d pistoleros del barrio Centenario. La mujer, aún espera que la trasladen del barrio porque es amenazada permanentemente por los familiares de los condenados.
Tal es el deterioro de la Unidad que es frecuente encontrar ratones muertos, no tiene agua potable y el año pasado, un personal de la dependencia contrajo dengue.
Finalmente la denuncia también detalla el presunto uso discrecional y personal de un minibús de la Unidad para uso personal por parte del jefe Daniel Pinto, quien habría trasladado bienes de una casa quinta –posiblemente de su propiedad en Arroyo Leyes- a una vivienda ubicada en el centro santafesino en oportunidad de una inundación en la región.
Autor: H.M.G
