Fuerte conflicto y medida cautelar por 195 nombramientos en la policía judicial
El sindicato dice que no hubo concurso de ingreso y que se favoreció a gente del oficialismo. El fiscal general dice que una ley dispone las designaciones.
El nombramiento de 195 empleados en distintos cargos para el Organismo de Investigaciones (OI), un cuerpo especial que asiste técnicamente a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desató un conflicto resonante que cruza al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. El diferendo se origina en el rechazo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia a la decisión de incorporar ese lote de agentes sin respetar el concurso de ingreso que distingue los ingresos en ámbitos judiciales, al que se encuentra subordinado el OI, en algunos casos con designaciones en categorías altas, y beneficiando a personas con lazos estrechos con el gobierno provincial. El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, dijo ayer que es falso que no se hayan respetado concursos, dado que la ley de creación del OI solo dispuso la creación de 50 cargos, y que el resto de las vacantes según la norma sólo podían ser cubiertas con traspasos desde el Poder Ejecutivo, donde también se hicieron concursos de convocatoria abierta.
«Es falsa la idea de que se metieron por la ventana trabajadores de planta del Ejecutivo y que se privó a alguien de competir por esos lugares. Nunca habría habido concursos en el Poder Judicial porque esos cargos no existían. Si no hay traspaso esos cargos no van a existir», dijo Baclini a este diario.
Hace dos meses
El tema que durante el fin de semana caldeó las redes sociales y generó una propuesta de paro para el jueves y viernes será tratado hoy en una reunión que Baclini mantendrá con los referentes del gremio judicial en la mañana de hoy en Santa Fe. La discordia proviene de una resolución del 7 de febrero firmada por el fiscal general para incorporar los 195 agentes. El sindicato respondió con una medida cautelar ante la Corte provincial para revocar por inconstitucional esa resolución, al considerar que afecta los derechos de los agentes judiciales, en particular a la carrera y el respeto a la igualdad, dado que los ingresos indicados son sin concurso.
Baclini replica que la ley 13.459 habilita los traspasos porque los cargos, contra lo que señala el sindicato, no son puestos que existan, sino que solo pueden ser dotados con personal de esta manera. «No me aparté de nada de lo que dice la ley. Recibí la nómina de personas nombradas por concurso en el ámbito del Poder Ejecutivo y me limité a remitir el listado a la Corte Suprema provincial que es el órgano encargado de dar cumplimiento burocrático a los ingresos», sostuvo.
Quizá el asunto más delicado en este fuerte pleito es que quienes repudian los nombramientos por esta vía denuncian que la lista de ingresantes incluye a candidatos por el Frente Progresista en las próximas elecciones, familiares de personas que ya están en el MPA o en distintos organismos del Poder Ejecutivo y otras que no superaron en su momento el concurso de ingreso.
