La Cámara de Apelaciones de Rosario confirmó este lunes el procesamiento de Gabriel Nudel y cinco personas más que fueron detenidos a mediados de febrero pasado. Habían montado en la zona del kilómetro 19 de la ruta provincial 1 una plantación de marihuana de gran magnitud. Seguirán detenidos.
La Cámara, con el voto principal del juez Aníbal Pineda, confirmó el procesamiento que había sido dictado en marzo, encontrando a Nudel (en la foto de portada) como responsable y jefe de una organización dedicada a la producción y distribución de estupefacientes, en este caso marihuana. La misma resolución procesó a Tomás Benítez, Napoleón Cardo, Osvaldo Ernesto Ceresole, Gastón Celestino Persoglia, Adrián César Poncio Nerbutti y Mauricio José Zambón por el delito de cultivo de plantas para producir estupefacientes, agravado por ser parte de una organización integrada por más de tres personas. Las apelaciones la habían interpuesto los abogados del estudio Díaz Duarte (por “Cachiporri” Nudel ) y el estudio Oroño por el resto de los investigados.
EL VIVERO
Nudel y su banda fueron detenidos a mediados de febrero luego de un anoticiamiento que hizo la delegación local de la Prefectura en la Fiscalía Federal 2 ( cargo de Walter Rodríguez), dando cuenta de una enorme plantación en la zona del kilometro 19 sobre la ruta provincial 1, en jurisdicción de Arroyo Leyes. La Fiscalía pidió la colaboración a la Policía Federal de Buenos Aires para iniciar una investigación. Rápidamente supieron que el campo estaba plantado con cannabis y que la disposición del mismo estaba a cargo de Nudel, junto a dos colaboradores cercanos: Adrián Poncio, alias “Piraña” y Mauricio Zambón. En el predio estaban “Napo”, Tomás y Gastón, todos armados, con handys y con chalecos. Tenían dos garitas de seguridad y cámaras de video. De noche, el vivero narco rompía la oscuridad de la zona. Luces con reflectores hacían imposible que pase inadvertido. El gasto no importaba: estaban colgados de la luz.
El campo tenía 1.600 plantas de cannabis y el emprendimiento era, en apariencia, legal. Estaba inscripto como responsable un abogado local – Ceresole -domiciliado en la Guadalupe Este residencial. Figuraba en el Instituto Nacional de Semillas (INASE) en el marco de la ley 27.350 e inscripto en el Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas (RNCyFS) en la categoría A “Criaderos” que comprende: “a todas las personas físicas o jurídicas que realizan investigación y desarrollo fitotécnico con el objeto de obtener nuevas variedades o híbridos comerciales, estando habilitados para producir en categoría original y/o híbrida a partir de los prebásicos o líneas obtenidas, debiendo realizar el mantenimiento de pureza de los materiales respectivos. Están habilitados para comercializar su producción”.
Para los investigadores, Mauricio Zambón era el colaborador más importante de “Cachiporri”. Cuando los policías allanaron una casa que estaba bajo su dominio en la zona del Parque Garay (Santiago del estero al 3.600) descubrieron que el inmueble solo era utilizado como un enorme vivero de marihuana. Ventiladores, acondicionadores de aire, reflectores, semillas, fertilizantes y una pizarra blanca enorme que describía la evolución de los plantines. El morador de esa casa ubicada al frente del Hospital Italiano, fue el primero en alertar al resto de la banda que había caído “Cachi”, junto con “Piraña” comenzaron a ordenar el descarte de todo lo que pueda involucrarlos. “Cayo el tío Cachi, borrá todo boludo, cayeron los “federicos” al campo”, dijo nervioso “Piraña”. Cuando la policía llegó a la casa de Poncio se encontraron con dos personas de origen paraguayo, algo de marihuana, una balanza de precisión y bolsas negras. Ese día quedaron todos detenidos a disposición de la justicia federal. Cuando el 1 de marzo pasado el juez federal Cuello Murúa le dictó el procesamiento a Nudel y su banda también le trabó un embargo de 25 millones de pesos a “Cachiporri”, quien estaba en el radar de las fuerzas federales hace tiempo pero siempre zafaba por sus buenos vínculos con pesquisas desleales de la mayoría de las área de inteligencia.
CUESTION SOCIAL
El fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario resalta el problema de la violencia barrial producto de la disputa de territorio para la venta de drogas, sin reparar en lugares hasta hace poco sagrados como escuelas o plazas, incluso vidas inocentes. El voto de Pineda destaca que “Nadie duda que existe una vinculación directa entre la disputa territorial de bandas dedicadas al narcomenudeo y los homicidios, abuso de armas y amenazas que se multiplican en nuestra provincia. Esa violencia tiene como víctimas inmediatas a los vecinos de esos barrios, que padecen la privación diaria de derechos elementales (al esparcimiento, a trabajar, acceder al transporte público, disfrutar del espacio público, plazas, veredas, etc.). Son frecuentes los homicidios de vecinos o niños víctimas de balaceras originadas en esta disputa por la venta minorista de drogas, las que en muchos casos se desarrollan en inmediaciones de escuelas o centros deportivos barriales y ponen en riesgo la vida de inocentes”
En otro tramo del fallo, notificado este lunes 9 de diciembre a las partes, que “es de público conocimiento que a menudo deben suspenderse clases en escuelas producto de los enfrentamientos entre bandas en proximidades de establecimientos educativos o actividades recreativas. El fenómeno del narcomenudeo no se circunscribe a los problemas de adicción o consumo que pueden tener algunos de sus autores (…) sin dudas este flagelo del narcotráfico no se integra únicamente con el narcomenudeo, y no se soluciona persiguiendo sólo a esa etapa de la criminalidad compleja. El sistema penal no tiene que estar orientado exclusivamente a perseguir y combatir los delitos de venta de estupefacientes y esta forma de comercialización de pequeña escala (narcomenudeo), aun cuando son las que originan las disputas territoriales que generan violencia y homicidios (…) también resulta necesario que el Estado y todo su mecanismo de persecución (entre los que se incluyen las medidas cautelares) debe ocuparse de las demás etapas superiores de esta criminalidad compleja, en especial de los distribuidores y productores de la droga y del producido económico del narcotráfico, es decir del destino del dinero generado por estos mercados ilícitos (lavado de activos). Además, debe investigarse la corrupción policial y sus vínculos con el delito, los cuales permiten que el sistema ilícito perdure”.
Autor: Héctor Martín Galiano (contacto@zonacriticaonline.com)
