Via libre para investigar a Kishimoto por posible abuso de autoridad

Es por la denuncia del hijo de un ex funcionario judicial marplatense de la última dictadura. En una grabación casera el Fiscal –que en ese momento instruía la causa en la costa- manifiesta que “no había nada contra su padre, que era todo un verso y que debía acusarlo por pedido de sus superiores”.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, a través de los votos concordantes de los doctores Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani, declaró la legalidad y validez de la prueba aportada por el querellante Pedro Cornelio Hooft, correspondiente a la grabación de la conversación que su hijo Pedro Federico Guillermo Hooft mantuviera el día 11 de marzo de 2013, entre las 19.45hs y 20:30hs, aproximadamente, en la puerta del domicilio del fiscal del  caso en ese momento, Claudio Kishimoto y donde éste le habría manifestado las presiones que recibía de sus superiores e irregularidades que existían en la causa que por delitos de lesa humanidad se le seguía a su padre. Actualmente KIshimoto subroga el cargo de fiscal federal en Santa Fe desde el alejamiento de Walter Rodríguez en marzo de este año.

En este marco, y a partir de cuanto podía surgir de dicha prueba, la Sala III consideró que la desestimación de la denuncia ordenada en las instancias previas, como la Cámara de Mar del Plata,  no se ajustaba a derecho y en consecuencia la anuló, apartó a los magistrados intervinientes y ordenó que se investigaran las hipótesis presuntamente delictivas formuladas por el querellante Hooft –padre-, informó el sitio oficial de la Corte CIJ.

Por su parte, la doctora Liliana E. Catucci –que votó en primer término- consideró que la desestimación de la denuncia resultaba prematura y entendió, en consonancia con sus colegas, que correspondía continuar con la sustanciación del proceso.

“No podemos de dejar de tener en cuenta la trascendencia probatoria para el caso de la grabación cuestionada y su eventual carácter corroboratorios de otros elementos convictivos que pudieran resueltar de soporte a la hipótesis denunciada por la querella en cuanto a la actuación de ciertos funcionarios del Ministerio Público Fiscal que habrían instado o presionado a Kishimoto a promover la acción penal pública contra Hooft padre por delitos de lesa humanidad, aun sabiendo que a imputación carecía de sustento. En ese marco, no sería posible descartar sin más que nos encontraríamos ante un eventual abuso de autoridad, subsumido en al artículo 48 del CP”.

Kishimoto instruyó el expediente del caso Hooft desde 2008 hasta mayo de 2013, cuando la Procurado de la Nación, Alejandra Gils Carbó lo removió del caso luego de la trascendiera la grabación del hijo del ex funcionario judicial en donde Kishimoto le expresaba que él impulsaba la acción penal por pedido de los fiscales de las Unidades especiales de Derechos Humanos Jorge Aguat y que “la imputación contra el padre era un verso”. Hooft padre está acusado de participar en la represión ilegal como funcionario judicial y, entro otra cosas, no haber admitido planteos de habeas corpus solicitados a favor de abogados que luego desaparecieron en la denominada “Noche de las corbatas”, cuando en Mar del Plata asesinaron a varios abogados.

Hooft evitó tres veces la indagatoria por distintos casos y se valió de ardides para sortear el brazo de la justicia. También salió ileso de un jury local en la que por mayoría lo salvaron de la destitución como juez provicnial. También recibió el inesperado apoyo del ex fiscal del juicio a las Juntas Militares, Julio César Strassera, quien manifestó que Hooft le aportó mucho material en la denominada Causa 13, histórica por haber levado a la cárcel a los genocidas en 1985.

Kishimoto tuvo una licencia prolongada luego del escándalo de la grabación y recayó en Rafaela como fiscal federal, inaugurando una jurisdicción federal que funciona desde hace dos años. Tras la partida del fiscal federal en Santa Fe Walter Rodríguez, en marzo de este año, la Procuración lo designó en Santa Fe, donde se encuentra actualmente.

Respuesta

La Asociación de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires considera como “jurídicamente aberrante y vergonzoso” el fallo con el que la Cámara Federal de Casación Penal validó como prueba una grabación de una conversación entre el abogado Federico Hooft y el fiscal Claudio Kishimoto y, a partir de ello, ordenó investigar la denuncia por supuesta conspiración presentada por el juez Pedro Hooft -acusado por delitos de lesa humanidad-, que había sido desestimada en instancias previas. “Se trata de un fallo político”, aseguraron al sitio Quedigital.com

“Uno de los métodos para ocultar delitos, es armar una situación tan compleja que sea inentendible para el pueblo”, dicen desde la organización de derechos humanos y recuerdan que el juez Hooft “tiene más de 100 denuncias por delitos de lesa humanidad“.

Héctor M. Galiano