Desde el campo civil y legislativo exigen saber cómo se financia la asociación que retuvo a la niña oriunda del interior de la provincia para que no aborte
El caso de la ONG Grávida que retuvo a una niña embarazada de una violación parental y la ocultó al equipo de la Secretaría de Niñez interviniente para que no aborte cobró impacto nacional y ya con consecuencias en la política. Un centenar de organizaciones sociales, gremiales, feministas, legisladoras y legisladores le presentaron una nota a la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Celia Arena, mediante la cual le solicitan informes sobre el caso.
En la misiva este colectivo exige al Ejecutivo que exprese qué medidas le solicitó al Poder Judicial acerca del accionar de Grávida, rayano en el secuestro. Y cuáles fueron las medidas requeridas a la Inspección General de Personas Jurídicas donde esta entidad civil debería tener registrada su personería.
Asimismo, quieren saber «si existen aportes económicos estatales a la ONG Grávida y en qué concepto»; también, «si existen contrataciones por parte del Estado provincial de personal o servicios a la ONG Grávida, detalle de las mismas».
El planteo requiere, además, que el Ejecutivo detalle qué intervenciones realizaron en este caso la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, los ministerios de Desarrollo Social, de Salud, y de Igualdad, Género y Diversidad.
El escrito está firmado por las diputadas provinciales Verónica Benas, Mercedes Meier, Agustina Donnet y el diputado Rubén Giustiniani, además de una extensa lista de organizaciones feministas, sindicales y defensoras de derechos humanos, tanto de Santa Fe como de otros lugares del país.
Benas definió que lo que hizo Grávida «fue, ni más ni menos que impedir que se aplique una ley, porque la interrupción legal del embarazo es ley, y en este caso además sobre una nena abusada, de 12 años, que había manifestado su voluntad de hacerlo, y prácticamente la secuestraron». «Queremos saber, además, cómo se financia», agregó.
Consideró, además, «estos grupos actúan sobre personas en situación vulnerable, tanto la nena violada por el padre, como la mamá, una mujer golpeada». Y reprochó entonces que «el gobierno provincial permita actuar a estas organizaciones y no lo impida, y que otra vez el caso se filtre desde el Hospital Iturraspe, porque no es el primer caso», observó.
Se refirió así al centro médico santafesino donde en 2007 murió Ana María Acevedo, una joven madre que debía haber abortado su embarazo en curso para frenar la evolución de su cáncer.
Otra de las firmantes, Gabriela Sosa –directora de la Mesa Federal Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana)– recordó un antecedente similar en 2015, cuando una psicóloga voluntaria de Grávida irrumpió en el Iturraspe para contactar a una niña con discapacidad que también había sido abusada y quedado encinta. «Entonces fue una lucha demostrar que lo que hizo esa psicóloga iba contra la ley», recordó.
Sosa marcó también los vínculos de estas entidades civiles con la Iglesia Católica. Y relacionó sus maniobras con otras instituciones antiderechos como la Red Federal de Familias, que desplegó un lobby sostenido en varios municipios y concejos para recortar uso de anticonceptivos, y misoprostol en la salud pública. «Siempre negando derechos sexuales y reproductivos de las mujeres», recriminó.
Por otra parte, la militante de MuMaLá cuestionó el criterio inicial de la Secretaría de la Niñez, a cargo de Patricia Chialvo, para con lo hecho por Grávida. Ese área había expresado que el aborto no se había podido realizar entonces por «la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a la madre fuera de la esfera del Estado».
«¡¿Qué objeción de conciencia?! La Secretaría de Niñez le dio entidad a una categoría que no existe en la ley. Ninguna asociación civil puede ser objetora de conciencia», repudió Sosa.
En tanto, la ONG desmintió las acusaciones a través de un comunicado. Justificó la captación de la menor y de su madre al decir que fue para brindarles «un alojamiento y un lugar donde poder estar cómodos, en un momento de decisiones tan difíciles» y dijo que lo hecho fue «un acompañamiento».
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