Diez personas fueron imputadas por formar parte de una banda dedicada a usurpar casas. El jefe, “Pato” Calderón, un conocido vendedor de drogas, será indagado también por almacenar marihuana.
Cinco hombres y cinco mujeres que fueron detenidos el último miércoles en el marco de 16 allanamientos simultáneos fueron imputados el viernes último en los tribunales santafesinos. Además de Juan Pedro Calderón, estaban en el banquillo el abogado Iván Leguiza, el también abogado y además policía Victor Hugo Rosa y la agente policial Leila Ríos, a quienes les endilgaron junto a otras seis personas diversos delitos que fueron investigados por las fiscales Mariela Jiménez, Laura Urquiza y Bárbara Illera. La próxima semana, según los acordado, se realizarán las audiencias de prisión preventiva en donde las fiscales pedirán prisión para 13 de las 15 detenidas.
“La organización criminal que investigamos comenzó a funcionar de forma permanente, estable y organizada en julio de 2019”, informaron las fiscales en la audiencia. “Se dedicaba a la usurpación de viviendas y de lotes ubicados en la ciudad de Santa Fe y alrededores, aunque también cometía otros hechos delictivos, algunos de ellos vinculados a la comercialización de estupefacientes, razón por la cual –en relación a esos ilícitos– se dio intervención a la Justicia Federal”, explicaron. Las representantes del MPA señalaron que “quienes integraban la asociación ilícita utilizaban la violencia o engaños para obtener la posesión de los inmuebles”. En tal sentido, detallaron que “en algunos casos adulteraron documentación y simularon transacciones inmobiliarias. En otros, en cambio, directamente invadían las propiedades, las hacían ocupar con mujeres y con menores de edad y utilizaban la presencia de los niños y de las niñas a los fines de dilatar u obstaculizar el desalojo”.
De acuerdo a lo informado desde el MPA, “de la investigación se desprende que las maniobras ilícitas fueron realizadas para usurpar y apropiarse de al menos siete inmuebles ubicados en distintos lugares de la ciudad de Santa Fe”, afirmaron las fiscales. “No obstante, no descartamos que pueda haber más viviendas o lotes en esta misma situación”, advirtieron Jiménez, Urquiza e Ilera. Las fiscales también hicieron hincapié en que “cinco de los siete inmuebles ya fueron devueltos a sus propietarios” y añadieron que “antes de los allanamientos ya veníamos trabajando con los abogados de estas víctimas, y se hicieron las diligencias necesarias para normalizar la situación”.
El Jefe
Para las fiscales, Calderón, de 41 años, “era quien decidía los domicilios a usurpar y quiénes iban a vivir en esos lugares. También era el encargado de indicar la manera de asegurar dicha ocupación y de elegir los profesionales intervinientes para que hicieran las maniobras necesarias para prolongar en el tiempo la usurpación”. Jiménez, Urquiza e Ilera sostuvieron que a “Pato” se le atribuyó la autoría de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe; defraudación especial por venta de cosa ajena y amenazas coactivas calificadas, y también coautoría de los delitos de usurpación en forma reiterada; hurto; lesiones leves dolosas agravadas (por haberse cometido en un contexto de violencia de género); cohecho activo y falsificación ideológica de documento privado”.
Abogados y policía
A Víctor Hugo Rosa, abogado y policía santafesino, se le atribuyó la autoría del delito de asociación ilícita en carácter de miembro y la coautoría de los delitos de usurpación en forma reiterada y falsificación ideológica de documento privado. Rosa, tenía estrecho contacto con Calderón y con Javier Fernández, el morador de la casa en donde de secuestraron 192 kilos de marihuana en los allanamientos. El otro abogado detenido es Guillermo Iván Leguiza, de 46 años, a quién se lo acusó de la autoría de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro; encubrimiento agravado y entrega indebida de arma de fuego. Asimismo, se le imputó la coautoría de usurpación en forma reiterada y de cohecho activo”. Leguiza era de total confianza del clan Calderón. Hace seis años ingresó como asesor legal en el ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Antonio Bonfatti. En sus perfiles de redes sociales aparece identificado con sectores del partido de la rosa. “Sí, se acercó a nosotros hace unos años, vino de Buenos Aires. Por supuesto desconocíamos sus trabajos presuntos por afuera de la ley”, dijo un dirigente del partido a este medio.
Otra de las detenidas es Leila Ríos, de 27 años. Es policía y hasta hace poco estaba en la sección Trámites y Libertades de la URI. Las fiscales le atribuyeron la autoría de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y estafa, y la coautoría de los delitos de usurpación en forma reiterada, hurto y falsificación ideológica de documento privado”. A los otros seis imputados ayer se les atribuyó ser miembros de la asociación ilícita y la coautoría del delito de usurpación. Ríos es la hermana de Mara Sheila Ríos, también policía, quien aportó en su momento un curioso dato. Fue quien informó al 911 sobre la presencia -en una casa del oeste de la ciudad – de Agustina González, la única mujer detenida por el crimen del empresario turístico Hugo Oldani. A pesar de estar de franco, la mujer ensayo una dudosa explicación en su momento. Dijo que vió a la chica que integró el grupo que le quitó la vida a Oldani mientras seguía los pasos de un evadido de la Seccional Décima el 12 de abril del año pasado, cuando escaparon 5 detenidos. El interés de la policía, según explicó, era ayudar a su entonces pareja Alcides Lescano -que era el jefe de la seccional cuando se evadieron los presos – en la recaptura. El aviso al 911 dio sus frutos. González fue detenida luego de una persecución que empezó en el oeste de la capital santafesina y terminó en el norte del ejido urbano. Para su defensa en la audiencia imputativa Leila designó a un abogado de Rosario, llamado Jorge Bedouret. El asesor legal se hizo conocido en todo el país el 29 de mayo de 2016 cuando recibió 7 disparos en la localidad de Funes, cercana a Rosario. Por un milagro, ninguno de los tiros afectó sectores vitales. Bedouret formó parte del staff de abogados que estuvo a cargo de las defensa de Los Monos, como se conoce a la banda formada por la familia Cantero en el sur santafesino.
Los negocios y las redes del Pato
La justicia federal llamará en los próximos días a indagatoria a Calderón y a Lautaro Arredondo y les imputará, a priori, la figura de almacenamiento de drogas. Es porque hay elementos suficientes para entender que los 192 kilos de marihuana encontrados en la casa de Alberti al 4003 estaban bajo la esfera de “Pato”. El juez federal Reinaldo Rodríguez ya le imputó esa figura a Javier Fernández, el morador de la casa, aunque el fiscal Gustavo Onel evaluará si en todos los casos podría ampliarse la responsabilidad penal del trío.
De acuerdo a escuchas telefónicas que ordenaron en el expediente dentro del MPA santafesino surgen muchos elementos de valor que dan cuenta que “Pato”, Fernández y Arredondo controlaban el negocio narco, además de formar parte de la banda de usurpadores. Cuando personal de Asuntos Internos de la provincia allanó la vivienda, además de los 539 panes de marihuana – que pesaron 191 kilos y 875 gramos – encontraron dos balanzas, una 9 mm y un revólver. Esa misma casa, supuestamente estaba en la mira de los pesquisas antinarcóticos de la policía santafesina desde enero de este año, con conocimiento de autoridades del ministerio de Seguridad. “Es el grupo cuestionado al que no le dan ni para que investiguen un kiosquito, porque se han mandado más de una. Algunas de ellas en donde hay marcada evidencia de connivencia con los investigados”, comenta una fuente judicial en referencia los actuales jefes de la AIC a cargo de antinarcóticos.
Por otro lado, el 1 de febrero pasado, se requisó ese domicilio por orden del fiscal provincial Estanislao Giavedoni, a quien agentes del Comando Radioeléctrico le informaron sobre un procedimiento llevado adelante en el lugar por una gresca entre mujeres que fue informado al 911. Ese día llegaron la esquina de Alberti y Peñaloza 5 camionetas del CRE. Algo muy inusual y exagerado si se tiene en cuenta el motivo. Luego de inspeccionar el lugar se informó al fiscal que habían hallado 327 mil pesos. Ese día, en el interior de la casa estaban Caderón y Fernández. Lo que quedó al descubierto además es que ese 1 de febrero acudió al lugar el comisario Biodi, de la Seccional 10ma, que constató en el lugar la presencia de una balanza y envoltorios que parecían contener drogas. En el dictamen de allanamiento de las fiscales, del 31 de mayo pasado, se referencia que el 2 de febrero Giavedoni se comunicó con la Seccional Décima para interiorizarse de lo dispuesto por la justicia federal, pero un funcionario de la comisaría le informó que no había constancia de ello, que no se secuestraron elementos y que el dinero se lo devolvieron a Fernández, ya que constataron en el acta que hicieron los agentes del CRE se especificaba que “así lo había dispuesto Giavedoni”. El estricto off existe una sospecha fuerte: ese día pudieron haber chantajeado al “Pato” con el fin de evitarle un dolor de cabeza y sacarle dinero. Para reforzar la hipótesis del negocio narco de Calderón, las fiscales tienen en su poder una escucha telefónica del 10 de mayo, posterior al partido en el que Unión y Colón jugaron en Santa Fe, en donde el abogado Iván Leguiza – investigado por la causa provincial y con su teléfono intervenido- le comenta a una persona, que al mismo tiempo lo indaga por los tiros registrados en un sector de la ciudad: “me dicen los contactos en la policía que fue por el tema drogas, en realidad lo estaban buscando a Calderón”. Las fiscales ordenaron varias escuchas telefónicas, en muchas de ellas queda en claro que la actividad principal de Calderón es la relacionada al tráfico de drogas. Ello surge de las intervenciones a Javier Fernández y a Lautaro Arredondo, además de una testimonial contundente aportada en marzo pasado: “Calderón actualmente se dedica a vender drogas”, dijo una persona estrechamente relacionada a los investigados. Las investigadoras concluyeron entonces que la disponibilidad funcional de la droga la tenían Calderón, Arredondo y Fernández. En ese entonces, ya quedaba poco para ordenar los allanamientos por la usurpación de casas. Era cuestión de tiempo. Una buena y sigilosa acción coordinada sería la mejor medida para darle herramientas futuras a la justicia federal. El 23 de mayo, a las 3 y media de la tarde, el “Pato” y Arredondo hablan por teléfono. La charla gira en torno al encuentro “con esa gente” para “conseguir los 600”. Los indicios revelan que la provisión podría ser desde un contacto en Misiones y otros en Reconquista. Todo se mueve por camiones. El chofer gana “200 lucas”, se oye.
Autor: H.M.G
En la foto, «Pato» Calderón levanta el dedo pulgar. Del otro lado de la mesa está sentado su hermano «Keko» viste una gorra. En enero del 2020 fue asesinado.
