En el MPA dos lugares clave estarán a cargo de mujeres. María Cecilia Vranicich como fiscal general y María Eugenia Iribarren como fiscal regional de Rosario. El Dr. Jorge Nessier en la fiscalía de Santa Fe. En Defensa, Estrella Moreno Robinson. Fueron rechazados los pliegos de Orlando Toniolo para fiscal regional de Rafaela y Gonzalo Armas como defensor regional de Rosario.
Bajo el signo del consenso político por los nombres elegidos por el gobernador Omar Perotti, la Legislatura santafesina votó los pliegos para renovar la conducción del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
Más allá del dato de que se trata de nuevas autoridades mujeres en ambos institutos del sistema penal santafesino, lo relevante es que de las ternas de que disponía el Poder Ejecutivo Provincial (luego de la celebración de los concursos), la Casa Gris eligió los nombres con más chances de no sufrir serias objeciones para el nivel más alto de decisiones en ambos institutos de la justicia penal santafesina.
El pliego de la Dra María Cecila Vranicich, como fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe fue votado por unamidad con 64 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y sin abstenciones. Lo mismo, María Eugenia Iribarren como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circuns. Judicial Nº 2 – Sede en la Ciudad de Rosario.
Idéntico respaldo logró Jorge Alberto Nessier como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circuns. Judicial Nº 1- Sede en la Ciudad de Santa Fe.
En tanto, también para el máximo cargo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, su próxima titular, la Dra Estrella Jorgelina Moreno Robinson como defensora provincial concitó idéntico nivel de consenso.
Solo dos de los doce pliegos enviados al Poder Legislativo fueron rechazados, hasta las 13 horas se esperó alguna reacción del gobierno provincial pero no hubo retiros de última hora ante la advertencia de que -en ambos casos- el despacho por la mayoría en la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa se recomendaba ya su rechazo. Y así ocurrió luego en el pleno con Orlando Toniolo al que el gobernador había seleccionado de la terna de los candidatos a fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circuns. Judicial Nº 5 – Sede en la Ciudad de Rafaela; y con Dr Gonzalo Javier Armas (Clase 1971 – MI 21885669) como Defensor Regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe – Circuns. Judicial Nº 2 – Sede en la Ciudad de Rosario.
Los votos que rechazaron a Toniolo fueron 40 con solo 13 en su favor (y 10 abstenciones). Los que lo hicieron con Armas, 33 y hubo en cambio 30 respaldos que fueron insuficientes, sin abstenciones.
Para los restantes postulantes el aval de la mayoría fue sin objeciones, más allá de algunas abstenciones.
Así, se consagró a Matías Sebastián Merlo como fiscal regional del Ministerio de la Acusación – Circuns. Judicial Nº 3 – Sede en la Ciudad de Venado Tuerto; Rubén Daniel Martínez como fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación – Circuns. Judicial Nº 4 – Sede en la Ciudad de Reconquista; y Leandro Luis Mai como Auditor General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación. En el último caso, varios diputados del justicialismo optaron no votar para mostrar su desacuerdo con su actuación en un caso de toma de tierras en el norte provincial.
Por otra parte, idéntico respaldo unánime llegó para Jorge Leandro Miró como defensor regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe – Circuns. Judicial Nº 1 – Sede en la Ciudad de Santa Fe; Dra María Valeria Lapissonde como defensora regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe – Circuns. Judicial Nº 4 – Sede en la Ciudad de Reconquista; y Carlos María Flores Zanella como Defensor Regional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la Provincia de Santa Fe – Circuns. Judicial Nº 5 – Sede en la Ciudad de Rafaela.
Una discusión de fondo, al margen del tratamiento de los pliegos para la justicia
El tratamiento de los pliegos por la Asamblea Legislativa, que fueran propuestos por el Poder Ejecutivo, fue precedido por un extenso debate que aunque quedó al margen del temario previsto, muestra lo profundo del fracaso en materia de seguridad en Santa Fe.
Desde el histórico debate por la sanción de una ley de combate provincial al nacomenudeo, hasta las renuncias de los jurados en los concursos para los postulantes, pasando por la idea de que los cargos de fiscal federal y fiscal regional puedan ser votados por los ciudadanos. De todo un poco tuvo el intercambio de opiniónes que entre diputados y senadores provinciales, con algo de desorden en las exposiciones, repasó los principales temas que preocupan en Santa Fe para avanzar en su calidad institucional y para enfrentar la inseguridad.
Aunque la mayor parte de los candidatos lograron la unanimidad y solo dos de los pliegos no reunieron los votos necesarios para su aprobación, fueron divergentes las opiniones respecto de cómo se llegó a esta instancia, la votación de los cargos más altos en Acusación y Defensa, que -gracias al consenso- evitó este jueves 13 de abril un preocupante cuadro de acefalía que parecía posible, incluso en el último trimestre de 2022.
Primero el diputado justicialistas del Frente Renovador Oscar Martínez (100% Santafesino) expresó su disposición a votar a favor de los postulados pero aclaró que busca con un proyecto de ley que para la próxima renovación de autoridasdes del MPA y el SPPDP sea parte del menú electoral de la ciudadanía, y aunque su intervención no fue tan extensa, hizo que varios legisladores más ejercieran su derecho a opinar. Le siguió Lisandro Enrico (UCR-General López) que volvió a la carga con un tema que provocó una cascada de reacciones: que Santa Fe no puede enfrentar el narcotráfico solo con un 5 jueces federales y 8 fiscales federales, con tan pocos recursos que -graficó- «hoy tienen CDs para guardar archivos de escuchas». Lo cruzaron con una teoría inversa varios diputados, que piensan que para una fuerza policial con corrupción significaría darle más poder para «hacer la vista gorda», al tener también competencia en esa jurisdicción. Con esos argumentos, cuestionaron la posición de Enrico los justicialistas Leandro Busatto y Matilde Bruera, y del bloque Gen, Mónica Peralta que usó un término fuerte al acusar al senador de «irresponsable» por pedir que Santa Fe actúe como desde hace años lo hacen Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, entre otros. En rigor, las diferencias entre los impulsores de la desfederalización del combate a una parte del narcotráfico son entre las Cámaras: en Diputados se rechaza esa idea y en el Senado se considera «imprescindible cambiar para tener por fin otros resultados».
Más técnico fue el debate sobre los concursos para jueces comunitarios que (antes de los de fiscal general y regionales, y defensor general y regionales) marcaron un polémico antecedente. Allí las acusaciones fueron lo suficientemente hirientes como para que con cada nueva intervención los reproches refieran cada vez más al pasado (hasta la misma puesta en marcha de la Reforma Penal).
