Todos los imputados en la causa por intermediación cambiaria no autorizada que formaban parte de la empresa Oldani, directa o indirectamente, fueron sobreseídos a cambio de donar dinero para la UTN local. El monto a reparar es menos del 10% de los dólares que había en el lugar al momento del crimen de su dueño. La actividad de Oldani, su hija y un grupo de personas fue la atracción para cometer un asesinato en pleno centro de la ciudad. La impunidad de su actividad –conocida o no por las fuerzas que deberían evitarlo- fue la mayor vulnerabilidad en una sociedad lastimada por la violencia lesiva. Nada de lo sucedido puede verse como virtuoso. Solo ganancia para quienes violaron el orden económico, incluso de algunos de ellos que lloraron la pérdida de un ser amado.
El juez federal Ricardo Vásquez homologó el acuerdo al que llegaron los abogados de los 10 imputados en la causa Oldani -de la que se habló y escribió profusamente en este espacio- con el Fiscal General Martín Suárez, quien debía llevar adelante la acusación en el juicio oral de un delito que atenta contra un bien jurídico colectivo, que lastima el orden económico y financiero y la transparencia del sistema. La ley dice además que una “cueva” viola, no sólo las medidas del Banco Central, sino la confianza pública y la seguridad en el control del ahorro. Parecen ser nimiedades a la luz de los hechos.
Si pensamos que ello es un delito menor al lado de un crimen y por lo tanto no vale la pena hundir allí una lupa, no sólo se banalizará el rol de quien ejerce el control de la cueva, sino que además se minimiza lo más importante aquí: precisamente por esa actividad hubo un homicidio. Esa ilegalidad fue el imán para afectar el bien jurídico más relevante: la vida. Y, aunque haya varias versiones sobre el móvil del robo, hay una certeza que perturba: Hugo Oldani estaba “regalado” en un local de acceso público en donde había más de 1 millón de dólares en fajos termosellados y más de 3 millones de pesos. La homologación del acuerdo entre Fiscal y abogados obtura la entrada de luz, aunque sea pequeña que permita conocer de quién o de dónde provenía ese dinero. Algo que a la justicia no parece interesarle mucho. En un juicio oral, tal vez, ello hubiese ocurrido. No lo sabremos.
Aunque la novedad es reciente parece en vano esperar que, con el paso de las horas, los políticos, funcionarios de todos los niveles y opinadores a la carta cuestionen una decisión de estas características. Sobre todos aquellos que suelen argumentar circunspectos que “lo importante es investigar la ruta del dinero, para entender los delitos en los barrios”.
La hija del asesinado no permitió que se abra la caja de seguridad mientras se peritaba la escena del crimen, retuvo en los momentos claves el celular del padre mientras agonizaba en el hospital y sacó, eso sí, a la vista de la fiscal Cristina Ferraro toda la documentación y todo el dinero que había en el local de la Galería en los primeros minutos del día siguiente. Todo quedó registrado por las cámaras. Servirá como un detalle en algún momento.
El sospechoso de ser el autor material del crimen se quitó la vida en la cárcel. Un jefe policial que estuvo en el caso quiso quitársela a los pocos días. El comisario que era el enlace entre el lugar del hecho y las autoridades del ministerio de Seguridad, se suicidó hace dos semanas. El imputado colaborador que integraba la banda pasa sus días en un penal, temeroso porque sus dichos resultaron ser un bluff: le erró al señalar a un farmacéutico como datero y a un relacionista como quien hizo la inteligencia previa. Lo segundo está en pleito en la Cámara, ya que el video que la Fiscalía aportó como prueba para sostener su imputación es, en apariencia deficiente en el peritaje.
La vida sigue en la City local. Llena de lugares que a plena luz del día permanecen oscuros. Este fallo no cambiará las cosas.
Héctor Martín Galiano
