Santa Fe podría ser la séptima provincia del país en crear el Mecanismo de Prevención de la Tortura si sanciona una ley que ya se presentó nueve veces en la Legislatura, recibió media sanción de la Cámara de Diputados en tres períodos -2010, 2012 y 2014-, pero que el Senado bloquea desde hace once años. El objetivo no parece fácil a la luz de estos antecedentes, pero ayer recibió un doble espaldarazo político. Uno, en la Cámara baja, donde el relator para Argentina del Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, Emilio Ginés, les pidió a los legisladores que aprueben el proyecto de la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, con el que ella insiste desde 2005. Y el otro, en la Casa Gris, donde el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, expresó a Ginés, al secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Alejandro Collia y al titular de la Defensa Pública, Gabriel Ganón, el «compromiso» del gobernador Miguel Lifschitz de avanzar en el asunto. «El ministro se mostró muy interesado y manifestó el interés del gobernador en implementar el Mecanismo de Prevención de la Tortura en la provincia», dijo Ganón. Ginés coincidió que Santa Fe debería sobreponerse a la mora legislativa. «Aquí lo que hace falta es voluntad y ganas de llevarlo adelante porque si no todo lo que hablamos es una prédica sin sentido» y «por uno o por el otro, la casa sigue sin barrer», advirtió.
Ginés, Collia, Ganón y el titular de la cátedra de Criminalistica de la Universidad Nacional de Rosario, Enrique Font (que también integra el subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU) promovieron el Mecanismo de Prevención de la Tortura en cuatro ámbitos: se reunieron con el ministro Pullaro, su colega de Justicia y Derechos Humanos, con los diputados de la comisión de comisión de Derechos y Garantías que preside Gutiérrez y con los ministros de la Corte Suprema, quienes sorprendieron con un papelón institucional al vetar el ingreso de Ganón a la audiencia.
Font recordó que Argentina ratificó la Convención Internacional contra la Tortura en 2004. «Fue el quinto país en el mundo, hoy son 81», dijo. «Después de mucho debate, en 2012 se aprobó la ley nacional que cumple la obligación internacional asumida al ratificar la convención y crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. La ley prevé que todas las provincias tengan su propio Mecanismo de Prevención de la Tortura, que tiene que ajustarse a la convención internacional y a la ley de 2012», explicó.
En Santa Fe, la diputada Gutiérrez presentó su primer proyecto para crear ese Mecanismo en 2005, logró que la Cámara baja le diera media sanción en tres períodos -2010, 2012 y 2014-, pero el trámite nunca pasó el Senado, que lo mandó al freezer. Y ya van once años. «Está claro quiénes no quieren que la ley salga», dijo la legisladora, que volvió a presentar el proyecto -por sexta vez- el 14 de abril último.
Las gestiones de ayer del relator para la Argentina del Subcomité contra la Tortura de la ONU y del secretario del Consejo Federal de Derechos Humanos apuntan a que «Santa Fe sea la séptima provincias del país que tenga el Mecanismo de Prevención de la Tortura y permita que Argentina cumpla con su obligación internacional», dijo Font. Y agregó: «La Defensa Pública ya tiene un Registro Provincial de la Tortura (que generó malestar en la Casa Gris cuando el año pasado denunció 187 casos de violaciones a los derechos humanos de la Policía santafesina: 108 en Rosario y 34 en Santa Fe), pero la idea es ampliar su rol en el marco de la convención internacional a la espera que se cree el Mecanismo».
Ginés lamentó la indolencia de la Legislatura en estos once años. «Este es un problema de voluntad, si no hay voluntad, todo lo que hablamos sobra», dijo a Rosario/12. «Aquí, ahí no hay ningún tema coercitivo, ni administrativo, para que cada uno cumpla su función, ni existe ningún comité de garantías. Aquí, lo que hace falta es voluntad y ganas de llevarlo adelante porque si no todo lo que hablamos es una prédica sin sentido. Esto queda muy bien en los tratados, en el papel, pero en Santa Fe y en otras provincias, por uno o por el otro, la casa sigue sin barrer. Y ese es el eterno problema de Argentina, la problemática política que lleva a extremos esta situación cuando tendríamos que estar todos de acuerdo», reflexionó.
–La diputada que presentó los proyectos le preguntó cuál había sido la reacción de los ministros de la Corte–, le preguntó una colega.
–Yo no puedo entrar en particularidades, no puedo ni debo. Lo que vimos es que hay muy buena voluntad de la Corte de tener un diálogo constructivo (sic), lo que pasa es que hay que llevarlo adelante –contestó el español. Y concluyó con una metáfora: «Una cosa es predicar y otra dar trigo. Argentina es un país cerealista, entonces hay que dar trigo».
