El Tribunal Oral Federal condenó a los diez policías y dos civiles que fueron juzgados por el secuestro de un conteiner con 1.662 kilos de marihuana. También ordenó investigar el accionar de la comisario Stella Maris Olivera, testigo protegida en la causa.
Doce personas fueron condenadas hoy por el Tribunal Oral Federal en la última jornada del juicio oral y público por el secuestro de un camión en el que transportaban 1.662 kilos de marihuana, hallados el 2 de noviembre de 2014 en un basural de Arroyo Leyes. Para los jueces María Ivón Vella -presidente-, José María Escobar Cello y Luciano Homero Lauría, todos del primero al último, tuvieron responsabilidad sobre lo ocurrido aquella madrugada de lluvia, en medio de un lodazal donde el ingreso de un contenedor con la inscripción Hamburg Sud que hizo chsiporrotear los cables de la luz, llamó la atención de los vecinos que denunciaron la presencia de “personas extrañas”.
Alejandro Agüero recibió la pena más alta, 12 años de cárcel por el transporte del cargamento, agravado por su condición de policía y por el número de personas. Con él fue considerado partícipe principal Juan Carlos Villalba, que recibió la pena de 7 años. Los jefes policiales Cristian Fabio Hang y Martín Ángel Díaz recibieron 6 años de pena y multas de $ 25.000 cada uno por encubrir el accionar delictivo y falsear el acta. Mientras que Luis Gabriel Cantero fue condenado a 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en una causa anexa a la principal. Los otros siete policías de menor rango fueron sentenciados a dos años en suspenso por haber suscripto un acta cuyo contenido sabían falso.
Los primeros
El 2 de noviembre de 2014 y tras un recorrido por varias rutas del país -venía de Misiones-, el camión Iveco con semirremolque y el conteiner, bajó en la calle 62 al oeste (km 14 de la ruta 1), donde estaba planeado realizar el transbordo de la droga a un camión Mercedes Benz 1114 que ese día desapareció, con un guiño de los jefes policiales que llegaron al lugar.
En secuencia cronológica, los primeros en llegar al sitio señalado por vecinos fueron tres policías de la subcomisaría 20 de Arroyo Leyes (Zoratti, Moreira y Papini), que se encontraron con los dos vehículos de mayor porte que parecían recientemente abandonados. Revisaron la carga y al advertir la presencia de droga (”es falopa”, dijeron) comunicaron la novedad a la central y pidieron apoyo.
En ese momento de tensión -Zoratti declaró que pensaba que los iban a matar-, llegaron al lugar de transbordo, el “Aguja” Agüero y el “Chueco” Villalba, a bordo de un utilitario Peugeot Partner gris que el tribunal ordenó incautar. Mientras Villalba intentaba encender el camión chico, Agüero trataba de convencer a los policías de que “no llamen a nadie” que “podían arreglar” y que con lo que había en el camión grande (1.662 kilos de marihuana) les alcanzaba para hacer el operativo.
Pero los tres primeros en llegar le prohibieron irse, al menos hasta la llegada de la subcomisario Stella Maris Olivera -testigo protegida en la causa- y su chofer Mauro Ruoppulo; seguidos de un móvil del Comando de la Costa con los numerarios Manjka y Astrain; y por el jefe a cargo de la 8va. Zona de Inspección, Martín Díaz, con su chofer José María Murguía.
Los jefes
Durante el juicio se pudo establecer que Agüero y Villalba escaparon con el consentimiento de los jefes Olivera y Díaz, aunque ante la mirada atónita del resto de los uniformados. Ambos fueron detenidos medio año después, junto con el “Penque” Cantero, que fue acusado de administrar un kiosco de venta de drogas en Rincón, lo mismo que el “Chueco”.
Tras la huida de Agüero y Villalba con la Partner y el camión, llegó a escena el comisario Cristian Hang, por entonces jefe de Orden Público de la Unidad Regional Uno. Si bien Hang no participó de cuerpo presente en la negociación que permitió frustrar el operativo, el fiscal general Martín Suárez Faisal sostuvo que su rol fue fundamental para terminar de encubrir la maniobra que se coronó con la elaboración de un acta de procedimiento falsa, a la que todos los uniformados presentes suscribieron sin objetar, y eso dio lugar al delito de “falsificación de documento público” que se les achacó a los policías de mayor y menor rango.
Esa madrugada del 2 de noviembre, el operativo que se había desplegado en medio del barro y la oscuridad, se trasladó a la jefatura de la Unidad Regional Uno, ubicada en calle Urquiza y pasaje Hernández, de barrio Centenario, donde todos los presentes escucharon decir que habían dejado escapar al “Aguja” Agüero.
Nueva causa
Si bien todavía no se conocen los fundamentos del fallo -estarán disponibles el 27 de junio a las 19-, el TOF ordenó una serie de medidas complementarias a las condenas, entre las que cuentan la “destrucción del estupefaciente secuestrado”, aunque con extracción de muestras para las otras dos causas judiciales que se encuentran en instrucción. Estas son, la actuación de los jefes de la URI Sergio Vergara y Sergio Fernández; y una investigación por lavado de dinero que involucra a Agüero, su padre y su esposa, por el importante incremento patrimonial desde que se inició la investigación. En este sentido, el tribunal hizo lugar a la solicitud del fiscal Suárez Faisal, de remitir al juzgado federal en turno copias digitales del testimonio de Stella Maris Olivera “a fin de que investigue la posible comisión del delito de encubrimiento por parte de la nombrada”, y que se informe al Ministerio de Seguridad de la provincial de tal determinación.
También se decidió el decomiso el camión Iveco LBR-421 con semirremolque y conteiner Hamburg Sud; el camión Mercedes Benz 1114 dominio USD-984; y se ordenó el secuestro del utilitario Peugeot Partner Patagonic gris patente NXZ-438 y su posterior decomiso.
Por último, los jueces dejaron constancia de la reserva de posibles recursos de apelación realizadas por cada una de las partes.
