Al final, la Universidad Nacional del Litoral se pronunció en contra del fallo del 2×1 para genocidas, aunque sin mencionar a la Corte Suprema que concedió el beneficio ni a los tres jueces que lo votaron, entre ellos un referente de la casa, Horacio Rosatti. El Consejo Superior aprobó ‑por unanimidad‑ una declaración propuesta por los diez decanos que asume «la preocupación y alerta de la ciudadanía» por la sentencia que los organismos de derechos humanos consideran una «amnistía encubierta» a criminales del terrorismo de estado. «Para los delitos de lesa humanidad no hay posibilidad de amnistía, ni de indulto, ni se aplica a ellos beneficios procesales como el de la prescripción o el cómputo privilegiado de la pena, ya que la interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de su finalidad», sostiene la UNL. Y reclamó «el cumplimiento estricto de las condenas aplicadas».
La Universidad fijó su posición en un plenario tenso del Consejo Superior. Poco antes, decenas de militantes del Foro contra la Impunidad ‑que agrupa a Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos y otras expresiones políticas‑ se manifestaron en la calle, presentaron un petitorio de dos puntos: que la Universidad rechace el fallo y separe a Rosatti de la dirección de la Maestría en Derechos Humanos que dicta en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Y después, colmaron las barras, donde siguieron el debate. «Reducir las condenas por delitos de lesa humanidad» es una «amnistía encubierta y contradice los tratados internacionales» que obligan a la Argentina, señaló el Foro. «Secuestros, torturas horrorosas, violaciones, asesinatos, ocultamiento de cuerpos, muchos arrojados vivos al mar, robo de bebés nacidos en cautiverio antes de que sus madres sean asesinadas, no pueden asimilarse a delitos comunes. Su gravedad requiere una sanción proporcional a sus ejecutores».
Los integrantes del Foro habían dejado copias del documento en las bancas del recinto, así que el rector Miguel Irigoyen lo hizo leer por Secretaría. El profesor Hugo Aimar recordó que el sistema universitario nacional ya había rechazado la reducción de penas por delitos de lesa humanidad, mencionó a la Universidad Nacional de Buenos Aires y les propuso a sus colegas «un gesto institucional»: «hacer un comunicado» de la UNL para que «el pedido del Foro se instrumente». Y que el otro petitorio (apartar a Rosatti de la dirección de la Maestría de Derechos Humanos) pasara a comisión. «Sería una salida decorosa», dijo.
El decano de Ciencias Jurídicas Javier Aga solicitó que el pedido sobre Rosatti pasara a su facultad, para «su consideración en el órgano de gobierno» que es el Consejo Directivo.
El debate tenía su trasfondo. El lunes, Aga dijo a Rosario 12 que el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho había tratado la sentencia del 2×1 y resolvió no pronunciarse. «No corresponde a un órgano de gobierno de la Facultad expedirse sobre un fallo de la Corte». Y adelantó que «seguramente» era lo que plantearía en el Consejo Superior, que la UNL no se pronuncie. Cambió de idea.
La consejera estudiantil Florencia Giupponi reprochó la posición de Aga. «Callarse ante un hecho tan grave como este fallo de la Corte es tomar una postura política». Y ponderó a la Facultad de Humanidades, que «rechazó este fallo por unanimidad». «Coincidimos con Humanidades, que es un deber ético» repudiar el 2×1 a genocidas.
Aga reveló que en Derecho sólo la consejera del MNR Camila Castoldi solicitó «el repudio público de la Facultad» a la sentencia, pero se resolvió «no pronunciarse por entender que no correspondía al cuerpo tomar posición a favor o en contra». El jueves, Aga se manifestó en «desacuerdo con la Corte». «No deben buscarse rebuscados subterfugios para garantizar los derechos de nadie. La mayoría de la Corte, lamentablemente, recurrió a tales subterfugios», expresó.
Su colega de Ingeniería Química, Enrique Mammarella propuso que el Consejo Superior se defina. «Los decanos pensamos que el cuerpo debe manifestarse» y su moción fue apoyada por los profesores Aimar y Mariano Candioti (ex decano de Derecho y ex presidente del Consejo de la Magistratura). Antes de votar, Florencia Giupponi dijo que la declaración de los decanos era imprecisa. «Hay que repudiar el fallo, decirlo con toda claridad». Y a la cita del «Nunca Más, le faltan dos palabras claves: Señores jueces, Nunca Más». El documento se aprobó por unanimidad, con el voto de Aga, pero sin el repudio que pidió Florencia.
