Se trata de Cristina Ferraro, quien fue sancionada por la Legislatura provincial por la «eventual comisión de delitos» en la pesquisa de la cual luego fue desplazada
La Legislatura provincial suspendió por 150 días y sin goce de haberes a la fiscal de Homicidios Dolosos Cristina Ferraro, quien quedó bajo la lupa de la Justicia por su actuación en la investigación de crimen del empresario santafesino Hugo Oldani, ocurrido en febrero de 2020 en un robo a sus oficinas del microcentro de la capital provincial. Además, los legisladores decidieron “suspender el trámite del proceso disciplinario iniciado contra la fiscal por la eventual comisión de delitos dolosos” hasta que se defina la causa penal que se tramita la Justicia Federal y la tiene involucrada.
En la sesión conjunta que realizaron ambas cámaras de la Legislatura, la votación por suspender a Ferraro fue unánime, aunque hubo varios diputados y diputadas que se abstuvieron. Tales los casos de Fabián Palo Oliver, Mónica Peralta, Carlos Del Frade, Dámaris Pacchiotti, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet. En tanto, Matilde Bruera y Paola Bravo dijeron que no iban a votar el dictamen contra la fiscal más allá que lo consideraban adecuado y pidieron esperar el fallo de la Justicia federal.
Según medios de prensa de Santa Fe que cubrieron la sesión, los principales argumentos de quienes se abstuvieron de votar es su desacuerdo con las modificaciones hechas a la ley 13.013, que pone en manos de la Legislatura los procesos disciplinarios a los fiscales titulares y adjuntos. Eso supone, según esos diputados, una superposición del Poder Legislativo por sobre el Judicial.
En el dictamen de la Comisión bicameral de Acuerdos se había acordado “aconsejar a ambas cámaras de la Legislatura suspender en el ejercicio de sus funciones por 150 días sin goce de haberes y por mal desempeño en sus funciones” a la fiscal Cristina Ferraro, lo que incluye su prohibición de ingreso a cualquier dependencia del Ministerio Público de la Acusación. Y también se establece “suspender el trámite del proceso disciplinario por la causal de la eventual comisión de delitos dolosos” hasta que “surjan elementos que ameriten proseguir el trámite en razón del avance procesal de la causa penal». Así las cosas, si el expediente que tramita la Justicia federal contra Ferraro avanza y se la encuentra culpable de algún delito, la Comisión de Acuerdos podrá retomar el proceso disciplinario que podría terminar con la destitución de la funcionaria.
La acusación contra Ferraro en el proceso disciplinario en la Legislatura estuvo a cargo del diputado justicialista Leandro Busatto, quien había propuesto el desplazamiento de Ferraro de su cargo. Sin embargo, el legislador no tuvo eco entre sus pares que se dividieron entre quienes proponían suspenderla por 180 días y los que consideraban que las irregularidades cometidas ameritaban entre dos y tres meses de suspensión. Finalmente se acordó que sean 150 días de suspensión sin goce de haberes.
En ese marco Busatto advirtió que a pesar de los argumentos de algunos legisladores para cuestionar que sea la Legislatura quien juzgue a los fiscales, si el juzgamiento de Ferraro hubiese quedado en manos de la Auditoría del Ministerio Público de la Acusación, la pena hubiese sido como máximo de 60 días. Y recordó que las faltas de la fiscal fueron permitir a la familia de Oldani retirar pruebas de la escena del crimen y entorpecer la investigación que llevó adelante la entonces fiscal Mariela Jiménez.
La tarde del 11 de febrero de 2020 Hugo Oldani, de 67 años y titular de una tradicional agencia de turismo y casa de cambios de una galería ubicada en la peatonal San Martín del centro de la capital provincial, fue asesinado con fines de robo en un episodio que sacudió a la comunidad santafesina. Por el crimen en sí fueron condenados a 12 años de prisión Brian Damiani, uno de los cuatro jóvenes implicados directamente en el asalto y que actuó de “campana” y a 10 años de prisión Agustina Catherine González, hoy de 19 años pero que era menor al momento del asesinato. En tanto Bruno Figueroa, el principal sospechoso, fue hallado muerto en su celda de la cárcel de Las Flores donde cumplía prisión preventiva. Asimismo hay dos personas imputadas: Juan Manuel Ruffino, quien actuó como el chofer de la banda; y el relacionista público Andrés “Andresito” Kaipl.
Pero más allá del asesinato y la investigación que llevó adelante la Justicia provincial, lo que quedó al desnudo horas después del crimen es que en las oficinas de Oldani funcionaba una cueva cambiaria en la cual, según la acusación del fiscal federal Walter Rodríguez, se cometían varios delitos vinculados a las normativas de la Afip y el Banco Central. Incluso, de los avances en la pesquisa de la Justicia federal se desprende que Oldani “manejaba dinero que correspondería a la policía de la Unidad Regional I y de la Policía Motorizada” de Santa Fe. Y que en ese negocio también se realizaban operaciones cambiarias y financieras con empresas de Rosario, Córdoba y Entre Ríos al margen de la legalidad vigente. Por esta causa diez personas están procesadas e irán a juicio.
Volviendo a los hechos, la madrugada posterior al homicidio Virgina Oldani y José Luis Hernández, hija y yerno del empresario asesinado, burlaron las fajas que prohibían el ingreso a la misma y con la autorización de la fiscal Ferraro, que por entonces investigaba el asesinato, retiraron en cajas y mochilas una considerable suma de dinero (se estima 3.100.000 pesos y más de un millón de dólares) obtenido supuestamente de actividades ilegales.
El pedido de elevación a juicio de la causa por parte del fiscal federal Rodríguez intenta confirmar que en el lugar del crimen de Oldani funcionaba una cueva, hecho clave para que la Legislatura decidiera avanzar en un proceso disciplinario contra Ferraro, quien al declarar ante la Comisión de Acuerdos dijo oportunamente no haberse dado cuenta de lo ocurrido ante sus ojos.
Pero los efectos colaterales del homicidio de Hugo Oldani no terminaron allí. A principios de junio el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, procesó a la fiscal Ferraro por el delito de “encubrimiento por favorecimiento real agravado por la condición de funcionaria pública”; a José Luis Hernández, Virginia Venetucci y los policías Walter Barco y Hernán Galán por el posible delito de “inutilización de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente”.
