El ex jefe regional de los fiscales de Rosario quedó en libertad. Un camarista estimó que no hay peligro de fuga. Los fiscales pedirán una condena a 12 años
Un año y cinco meses después de ser detenido en la causa que investigó una organización de juego clandestino con protección judicial en la provincia, el ex fiscal regional Patricio Serjal obtuvo la libertad mientras espera la realización del juicio al que llegará como quien brindaba cobertura a una asociación ilícita. El régimen de prisión domiciliaria bajo el cual se encontraba el ex jefe de los fiscales de Rosario fue revisado por el juez de la Cámara Penal de Rosario Guillermo Llaudet, quien consideró que no reviste peligro de fuga y por lo tanto dejó sin efecto la medida cautelar. De todos modos impuso restricciones como la prohibición de salir del país y el pago de una caución de 10 millones de pesos.
La resolución fue adoptada por el camarista ayer a la mañana. La defensa de Serjal había reclamado su libertad en diciembre pero entonces la jueza de primera instancia Eleonora Verón consideró que subsistía el peligro de fuga de Serjal ante la alta expectativa de pena que podría corresponderle. Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Matías Edery y Luis Schiappa Pietra solicitaron al presentar su acusación en enero que sea condenado a 12 años de prisión.
La jueza rechazó entonces el pedido de libertad y prorrogó la prisión domiciliaria hasta el 1º de marzo próximo. Esa decisión fue apelada por la defensa, que reiteró sus argumentos en la audiencia ante Llaudet. La Fiscalía, por su parte, se manifestó una vez más en contra de que Serjal recupere la libertad.
Tras escuchar a las partes Llaudet consideró que procede la libertad en esta instancia del proceso y ante el tiempo que cumplió en prisión preventiva, aunque el ex funcionario judicial tendrá que cumplir con algunas restricciones: deberá abonar una caución de 10 millones de pesos, no podrá salir de Rosario ni del país y deberá entregar su DNI y su pasaporte a las autoridades judiciales.
Se le impuso además hacer frente a una caución por una suma no inferior a diez millones de pesos, evitar todo tipo de contacto o acercamiento con los demás imputados o testigos y comparecer semanalmente a la Oficina de Gestión Judicial de segunda instancia. Por último deberá mantener las condiciones del abordaje terapéutico por un cuadro de depresión, motivo por el que se le había concedido la prisión domiciliaria.
“No hay peligro”
“Planteamos que no existía ningún tipo de peligro procesal, es decir de que se fugue o perturbe la prueba, porque hace desde febrero de 2019 que Serjal está con arresto domiciliario y a partir de junio de 2021 conseguimos salidas terapéuticas de dos horas por semana y si hubiese querido fugarse o perturbar la prueba ya lo hubiese hecho. Por esas dos pautas y el paso del tiempo —estuvo un año y medio cautelado— el juez consideró que no implicaba ningún riesgo su libertad”, dijo a este diario Ignacio Carbone, defensor de Serjal junto a Renzo Biga.
El abogado remarcó además que su cliente “es una persona que siempre se sometió a proceso, fue voluntariamente a la primera audiencia en la que quedó detenido, renunció a sus fueros cuando podría no haberlo hecho y todas esas pautas son las que tuvo en cuenta el juez para darle la libertad”.
Motivos
En esos fundamentos que el camarista expresó en forma oral en la audiencia detalló que por el tiempo que pasó Serjal detenido y por las características que adoptó su prisión domiciliaria (con salidas autorizadas para ir al psicólogo) podría haber intentado escapar y no lo hizo.
También tuvo en cuenta la situación de arraigo familiar del ex fiscal, con cuatro hijas menores. Por esto resolvió sustituir la medida cautelar de prisión domiciliaria por una “no privativa de la libertad”.
Serjal fue imputado por los delitos como cohecho pasivo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, transmisión de datos reservados, falsedad ideológica de documento público, omisión de persecución y peculado de servicios.
Fue detenido el 11 de agosto de 2020 y el 5 de enero pasado los fiscales Edery y Schiappa Pietra presentaron su acusación. Solicitaron que sea condenado a 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de una asociación ilícita cuya misión era favorecer a la banda con la “entrega de información sensible desde dentro de la Fiscalía”.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada solicitaron que Serjal vaya a un mismo juicio con Ariel “Guille” Cantero por el ataque al casino City Center que se concretó el 11 de enero de 2020, con balazos que le costaron la vida a un apostador. La red de juego bajo amparo judicial y el crimen del gerente bancario Enrique Encino quedaron conectados por una misma trama y comparten pruebas. Los fiscales solicitaron cinco años de prisión para el empleado judicial Nelson Ugolini, acusado de facilitar información desde la Fiscalía sobre investigaciones en curso.
Condenados
En la causa también fue imputado en el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, condenado en septiembre a seis años de prisión efectiva que se redujo a la mitad. Tras la firma del procedimiento abreviado recuperó la libertad luego de pasar más de un año preso. El otro condenado es el empresario Leonardo Peiti, quien la semana pasada obtuvo la libertad condicional dos meses después de ser condenado a una pena de seis años reducida a tres por sus aportes a la causa por corrupción y juego clandestino.
Al aceptar la condena en un acuerdo abreviado, Peiti admitió su responsabilidad en el control de numerosos emprendimientos de juego clandestino en la provincia. También asumió haber pagado sobornos a actores políticos y judiciales para obtener concesiones.
La trama quedó al descubierto en escuchas que dieron cuenta de la preparación del ataque al casino. Se detectó así que, días antes del crimen de Encino, dos soldaditos que habían sido elegidos para concretar un ataque extorsivo contra la sala de juegos fueron detenidos de manera inesperada.
Este imprevisto desesperó a los organizadores del atentado que según la investigación ordenó desde prisión Guille Cantero, condenado como jefe de Los Monos. Esto llevó a sus lugartenientes a preguntar al empresario de juego si tenía contactos en Fiscalía para averiguar sobre la situación procesal de los soldaditos. Esos mensajes dejaron expuesto el caso de corrupción más grave en los últimos tiempos en la región, que escaló a la conducción de la Fiscalía regional y a la Legislatura provincial.
