«Hoy por hoy, con nuestro código penal, todo aborto es legal», dijo una médica de Chubut en uno de los cuatro paneles que se desarrollaron ayer en una jornada histórica. «Estamos llegando tarde a un debate que ya inició la sociedad», dijo el decano Nidd.
Romper el silencio sobre un tema tabú es una forma de cuestionar el estado de cosas. Eso ocurrió ayer. En una iniciativa inédita, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario abrió ayer su auditorio central «Che Guevara» para debatir sobre «Interrupción del embarazo en un contexto de derecho». El decano Ricardo Nidd inauguró la jornada, y además de anfitrión, fue el moderador de la primera mesa, que convocó a la médica de Chubut Stella Maris Manzano, al ex director de Políticas de Género e Interculturalidad del ministerio de Salud, Daniel Teppaz, como así también a la abogada de Cladem, Analía Aucía y a la fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis. «Estamos llegando tarde a un debate que ya ha iniciado la sociedad», dijo Nidd, como apertura del primero de los cuatro paneles de una jornada picante, con la consigna «hablemos de aborto». El día cerró con una reunión del Consejo Académico Social en Salud, multitudinario, donde se analizaron las propuestas surgidas de los distintos paneles. «Esta es una jornada histórica», dijo Teppaz al comenzar su ponencia, y más tarde recordó que en esa Facultad, durante años, no se enseñó sobre métodos anticonceptivos, debido a las posiciones morales de los docentes titulares de las cátedras.
«Hoy por hoy, con nuestro código penal, todo aborto es legal», lanzó Manzano, que fue quien garantizó el acceso a la interrupción legal del embarazo en el caso F.A.L. Se trató de A.G., una chica de 15 años que fue violada y quedó embarazada en Chubut, en 2010. Su demanda llegó a la Corte Suprema de Justicia que en 2012 sentó jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 86 del Código Penal: el aborto es legal cuando existe un riesgo para la salud o la vida de la mujer, o cuando el embarazo es producto de una violación.
Fue Aucía la encargada de relatar la legislación vigente en la Argentina, así como la recomendación de Naciones Unidas para que se descriminalice el aborto, una declaración del organismo multilateral de julio de este año, inspirada en la detención de Belén, una chica de 25 años que pasó 29 meses presa por un aborto espontáneo. La abogada de la joven, Soledad Deza, integró el último panel de la tarde.
Con estadísticas en la mano, Teppaz consideró que «las mujeres no son consideradas como personas autónomas», para la legislación argentina, y habló del «trastorno subjetivo y social que produce una maternidad no deseada». En el mismo sentido, Manzano dijo que «tener un hijo cuando una no quiere, desde lo social tiene un costo altísimo».
En ese mismo panel, titulado «Abordaje desde la problemática en la salud pública», el primero del día, Aucía dijo que «el Código Penal tiene un sesgo sexista y de clase social, sólo persigue a las mujeres pobres». Y Alanis refirió que «las mujeres católicas abortan en la misma medida que las mujeres de todas las religiones». La fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir consideró que «se puede ser católica y sostener disidencias en temas que son secundarios en una religión como es la moral sexual». También se refirió al «dilema ético» que enfrenta una mujer cuando debe decidir si interrumpe un embarazo.
Fue durante la ponencia de Alanis que un hombre intentó interrumpir al grito de «son todas mentiras», pero el decano se puso firme para garantizar que se pudiera debatir «respetando las reglas del juego». Al término del panel, unos pocos anti-derechos, entre ellos el ex docente de la Facultad Rafael Pineda, plantearon sus objeciones a la idea misma de las jornadas. «Quienes hemos escuchado a las mujeres, tenemos los suficientes argumentos», replicó Teppaz. La mayor parte de las personas asistentes, sin embargo, eran profesionales jóvenes y en formación que escucharon las ponencias con interés.
El segundo panel fue «Abordaje desde la problemática en lo ético jurídico», con la participación de la concejala del Frente para la Victoria, Norma López; la titular de la ONG Ampliando Derechos Nora Giacometto y la abogada de la Comisión de Bioética del Instituto Universitario Italiano de Rosario, Karina Elmir. La concejala del PRO, Agustina Bouza, estaba invitada, pero pegó el faltazo. La cuestión de qué preguntas formular cuando se aborda esta problemática desde lo ético jurídico sobrevoló toda la mesa.
Giacometto habló de la situación de las mujeres que requieren un aborto, pero también recordó la situación de Yamila, una joven que fue condenada a nueve años de prisión por la jueza Marisol Usandizaga tras tener un parto en avalancha en el baño de su casa. La chica creyó que el niño estaba muerto y sufrió una descompostura. «Esta causa estuvo siempre atravesada por los prejuicios de género», indicó la militante.
López rememoró los avances de la normativa en derechos sexuales y reproductivos, y recordó que «no hubieran sido posibles sin el movimiento de mujeres». También saludó que discutan «en un mismo espacio la academia, la sociedad civil y quienes somos funcionarios públicos».
Por la tarde, las concejalas Caren Tepp, de Ciudad Futura y Celeste Lepratti, del Frente Social y Popular, compartieron mesa con Sofía Botto, de Mumalá; Soledad Casassola, de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la UNR y Mabel Gabarra, una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Gabarra refirió los principales aspectos de la ley de interrupción legal del embarazo que se presentó este año por sexta vez en el Congreso Nacional, esta vez con 60 firmas de legisladores de distintos bloques. Nunca llegó a tratarse siquiera en una comisión.
El panel final estuvo a cargo de la diputada provincial Silvia Augsburger, también integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto, la concejala radical María Eugenia Schmuck, la activista de la Campaña, Silvia Guidobaldi, la periodista Loreley Flores y la abogada de Belén, Soledad Deza. «Cuando hablamos de la negativa de un aborto permitido por la ley o de una denuncia pos aborto, también hablamos de violencia», dijo la abogada tucumana, quien concluyó: «Las que luchamos por el aborto legal somos defensoras de la vida de las mujeres».
