El fiscal Suárez Faisal culminó hoy su alegato en la denominada «causa acumulada». Pidió que se condene al ex magistrado por su intervención en la retención y ocultamiento de la niña, que recuperó su identidad en 1998. También pidió condenas de entre 13 y 25 años para dos ex militares y un ex comisario.
El fiscal general Martín Suárez Faisal pidió hoy al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe que condene al ex juez de Menores Luis María Vera Candioti a 15 años de prisión, en tanto reclamó penas de 22 y 13 años para el ex teniente coronel Domingo Morales y para el ex coronel Carlos Enrique Pavón, respectivamente, y de 25 años para el ex comisario Juan Calixto Perizzotti, en el marco de la denominada «causa acumulada», que llevó a juicio oral por primera vez en esa provincia un caso de apropiación de una hija de víctimas del terrorismo de Estado.
Vera Candioti, Pavón y Perizzotti fueron acusados por la Fiscalía de haber participado en la retención y ocultamiento y de la alteración y supresión de estado civil de Paula Cortassa, hija de Blanca Zapata -asesinada- y de Enrique Cortassa -desaparecido-, sustraída durante el ataque del Ejército y la Policía a su casa en febrero de 1977. El ex juez además fue acusado de prevaricato, es decir, resolver contra el derecho.
A Perizzotti, en tanto, le reprocharon también su intervención en 16 homicidios -entre ellos, los de los padres de la niña-, cuatro privaciones ilegales de la liberdad y cinco casos de tormentos. Morales, por su parte, fue acusado por tres homicidios y asociación ilícita.
«Los sucesos ocurrieron durante los años 1976 y 1977, y formaron parte del plan sistemático de persecución política ilegal, pergeñado por la dictadura cívico militar en nuestro país», indicó Suárez Faisal, al argumentar esta tarde el carácter de lesa humanidad de los delitos ante los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo.
El juez de confianza
Vera Candioti fue juez el único juez de Menores que tuvo la ciudad durante la dictadura. Llegó a la función a través de un «decreto de facto» dictado por el vicealmirante interventor provincial Jorge Aníbal Desimoni y se desempeñó entre el 21 de octubre de 1976 y el 25 de abril de 1980. Entre 1958 y 1970 había sido policía, cargo que dejó para ser fiscal provincial, hasta su asunción como juez en 1976.
«Claramente, necesitaban de una persona de confianza para tan importante función, dentro del plan sistemático que cómo tantas veces se dijo en esta sala en este y en todos los juicios vinculados con el terrorismo de Estado, incluía la supresión de la identidad de los hijos de los denominados ‘delincuentes subversivos’ por las fuerzas policiales y militares», razonó Suárez Faisal.
El fiscal lo acusó de no haber averiguado la identidad de la beba «NN» que el 11 de febrero de 1976 el Ejército puso en sus manos como consecuencia del operativo en el que fue herida de muerte la madre y desaparecido el padre. El juez ordenó como primera medida «estudiar la posibilidad de una guarda familiar».
La niña había llegado al juzgado a través del Ejército, con un oficio firmado por el acusado Pavón, a quien el juez Vera Candioti no se molestó en llamar a pedir explicaciones, resaltó el representante del Ministerio Público.
Paula Cortassa, de 13 meses de edad, estaba junto a sus padres y otras personas cuando el Ejército y la Policía atacaron la casa de Castelli 4531 de la capital santafecina. Según las pruebas ventiladas en el proceso, tras el ataque «Paula fue sacada de la casa por un agente policial envuelta en una sábana manchada con sangre».
El entonces juez, reseñó hoy el fiscal, no acudió a otras autoridades judiciales ni a los medios de comunicación para difundir el caso de la niña y «ni siquiera miró el diario El Litoral para informarse en relación al referido operativo de calle Castelli». «Tampoco se constituyó en el barrio, como hicimos nosotros 40 años después, que comprobamos que todos los vecinos de la época sabían lo que había pasado y cómo se habían llevado a la nena del lugar, envuelta en una sábana ensangrentada», agregó, entre la decena de omisiones graves del ex magistrado que enumeró en el alegato.
El fiscal contrastó esa actitud con la asumida por Vera Candioti con dos hermanos de cinco años y un año y medio de edad que también fueron sustraídos durante el mismo operativo tras el asesinato de su madre, Cristina Ruiz, aunque luego se encargó de entregarlos a su abuela.
Indicó que Vera Candioti procuró «alejar a la niña de cualquier posibilidad de que pueda ser identificada con su familia biológica» y que, por ese motivo, en el fraudulento proceso de adopción salteó a las primeras veinte familias adoptantes para entregarla a un matrimonio de la ciudad de Venado Tuerto, situada a más de 350 kilómetros de Santa Fe.
La joven que buscó su identidad
En la década del ’90, cuando era adolescente, la víctima se convirtió en «la primera hija de desaparecidos que buscaba a su familia biológica y no a la inversa», recordó el fiscal. Tras una clase de historia en la que la profesora habló sobre la represión ilegal, la niña adquirió hacia 1988 o 1989 las primeras dudas sobre su origen e inició así la búsqueda de su identidad.
El fiscal reseñó que Paula le preguntó a su madre adoptiva si era hija de desaparecidos. «Eso es lo que nos dijeron pero no sabemos si es verdad”, obtuvo como respuesta, y la pareja que la había adoptado la comenzó a ayudar en esa búsqueda, que incluyó visitas a Vera Candioti, de quien nunca obtuvo respuesta.
Tras judicializar el caso y contar con el apoyo de organismos de derechos humanos, en junio de 1998 Paula hizo pública su historia en un programa televisivo. Una antigua vecina de los Cortassa la encontró parecida a su abuelo -el padre de Enrique Cortassa- que aún vivía en el barrio, y le avisó. Luego, pudo reconocerse en fotos que le habían tomado antes de que la sustrajeran y ocultaran, y la historia continuó con la extracción de sangre y la coincidencia de los ADN.
Los militares y el comisario
El acusado Morales, en tanto, se desempeñó entre fines de 1976 y marzo de 1977 en el Destacamento de Inteligencia 122 y luego fue el jefe de la Central de Operaciones de Inteligencia hasta 1979. El fiscal indicó que, desde ese rol de mando, fue responsable de los homicidios de Norma Esther Meurzet, Silvia Haydée Wollert y José Luis Gómez.
Pavón, por su parte, fue teniente de artillería en el Comando 121 de Santa Fe desde el 12 de diciembre de 1975 hasta el 7 de diciembre de 1977.
Desde enero a octubre de este último año, Pavón se desempeñó como Oficial del Comando de Operaciones Tácticas (COT). Desde allí, explicó Suárez Faisal, «partían las instrucciones y órdenes, y en representación de la zona, sub zona y Área, dicho Centro coordinaba a las fuerzas policiales». Desde el cumplimiento de esa función entregó a la niña Paula Cortassa en el juzgado a cargo de Vera Candioti.
Por otro lado, la responsabilidad del ex comisario Perizzotti, señaló el fiscal, estuvo marcada por «doble carácter de Jefe de la Guardia de Infantería Reforzada -sede del mayor centro clandestino de detención de la zona- y Coordinador del Área de Defensa 212, desde el 19 de enero de 1977 hasta el mes de noviembre de 1983».
«El funcionamiento represivo del Área 212 del Ejército fue el producto final de un acuerdo de voluntades entre agentes estatales de diversas jerarquías, entre ellos el aquí imputado Perizzotti, que se asoció ilícitamente con otros integrantes de la Policía de la Provincia y de las demás fuerzas estatales con el propósito de llevar adelante un objetivo criminal consistente en la comisión de crímenes contra personas o grupos de personas, fundamentalmente en razón de sus ideas, que se plasmaron -entre otros delitos- en violaciones de domicilio, detenciones ilegales, torturas, homicidios y apropiaciones de menores, en forma clandestina», acusó el fiscal.
En ese sentido, describió que los homicidios por los que acusó a Perizzotti -que ya cuenta con dos condenas a 8 y 22 años de prisión- ocurrieron a partir de enero de 1977, «cuando el plan sistemático criminal de las fuerzas armadas estaba en pleno auge, quizá el período más cruel, tiempo durante el cual el imputado fue uno de los principales protagonistas de la represión en Santa Fe». Suárez Faisal hizo notar que el acusado «ni siquiera se tomó licencia [en esa época], según se desprende de su legajo personal».
Precisó además que Perizzotti «tuvo siempre pleno conocimiento» de los operativos en los que fueron asesinadas las víctimas «al punto que ofrecimos como prueba y se introdujeron por lectura numerosas notas suscriptas de propia mano por el mismo Perizzotti, sumadas a las constancias obrantes en los Libros de Guardia del ex Hospital Piloto que lo mencionan dando órdenes y disponiendo de los cuerpos para que sea enterrados como NN».
El fiscal acusó al ex comisario por los homicidios de Blanca Josefa Zapata, Cristina Irma Ruíz De Ziccardi, Enrique Cortassa, Juan Carlos González Gentile, Norma Esther Meurzet, Silvia Haydée Wollert, José Luis Gómez, Roberto Daniel Suárez, Elsa Raquel Díaz, Alberto Tomás Velzi, Néstor Hugo Cherry, Alberto Néstor Solé, Carlos Miguel Pepe Núñez, Norberto Aldo Partida, Luis Alberto Verdú y Ángel Eduardo Fiocchi Arce; las privaciones ilegales de la libertad de Adriana Morandini, Pedro Guillermo Ángel Guastavino, Liliana María Ríos y Rosa Mercedes Valinoti; y los tormentos aplicados a ellos cuatro y a María Cecilia Mazzetti.
Al juicio oral, que comenzó en abril de 2015, había llegado también como acusado el teniente coronel Jorge Roberto Diab, quien falleció al mes siguiente de iniciado el proceso.
