Por incidencia poblacional, los lugares más comunes siguen siendo Rosario y Santa Fe; aunque aparecen otros puntos de tensión como Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. Del total, sólo 36 casos fueron judicializados.
El Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) dio a conocer los números obtenidos el año pasado por el Registro de Torturas, Abusos Policiales y demás afectaciones de Derechos Humanos que funciona bajo la órbita del organismo que dirige el defensor General, Gabriel Elías Ganón.
En total, se registraron 328 casos que genéricamente se enmarcan dentro de lo que se denomina tortura o abuso policial, aunque no todos tengan a personal de la fuerza provincial como implicados. De hecho, fueron 278 episodios que involucran sólo a la policía, dado que también hay casos registrados donde quien aparece sindicado como autor es personal de gendarmería nacional, señalaron desde el SPPDP.
El informe abarca toda la geografía provincial y cuenta con información recogida entre el 1º de noviembre de 2013 y el 15 de diciembre de 2014. Actualmente, el Registro de Torturas se encuentra a cargo de la defensora Regional de Reconquista, Ariana Quiroga, ya que originalmente debía estar bajo el ala de la Secretaría de Prevención de Violencia Institucional, para la cual concursó Enrique Font y todavía no fue designado por el Ejecutivo.
Construcción artesanal
La Dra. Quiroga, quien durante la feria judicial de enero reemplaza al defensor Ganón, explicó que el Registro de Tortura y Abuso Policial “es una herramienta que está funcionando desde marzo de 2012” y si bien desde la entrada en vigencia del nuevo sistema -10 de febrero de 2014- cuentan con más personal “la construcción de la información aún sigue siendo artesanal”.
El motivo de la falta de recursos radica en principio en que “a pesar de haberse pedido colaboración a otros operadores judiciales y no judiciales para que articulen con nosotros en forma fluida la información, hoy prácticamente el registro tiene 3 fuentes de ingreso de casos: la labor de los defensores pública en el ejercicio de la defensa, los medios de comunicación que suelen impactar casos de este tipo y el boca a boca”.
En cuanto al número global -328-, la Dra Quiroga previno que en su gran mayoría éstos no se ven reflejados en una investigación penal preparatoria. “Lo más significativo de la información que tenemos es que la mayoría de las víctimas prefiere no denunciar penalmente y sólo confía en el defensor para darle la información expresando que no quiere hacerlo”, detalló.
Desconfianza y represalias
Sin embargo, en el informe “hemos podido detectar 36 casos de denuncias efectuadas en las fiscalías y 82 casos donde la persona ha relatado el abuso o tortura en una audiencia pública ante juez, fiscal y defensor”, por lo que se deduce que apenas un 35% de los registros se traduce en una investigación, la mayoría de las veces prima la desconfianza en la respuesta judicial o el temor a represalias.
Y cuando la denuncia se materializa “se ve muy poco avance de los casos judicializados y en muchos no se tiene noticias de que se hayan abierto investigaciones penales”, agregó la funcionaria.
“Contra lo que el imaginario hace suponer es muy poco lo que se denuncia, y cuando la persona supera todos los obstáculos y lo hace es muy difícil que pueda obtener una respuesta judicial que implique esclarecer el hecho denunciado”, destacó la responsable del registro.
