Un gendarme y un ex comisario dirigirán a la Policía. Ana Viglione seguirá, pero atenderá cuestiones vinculadas a la capacitación. Diego Poretti será el segundo en el área de control.
El futuro ministro de Seguridad de Santa Fe ya tiene su gabinete armado, que dará a conocer en las próximas horas. El comandante de Gendarmería Omar Pereyra será el Secretario de Seguridas. Tiene 56 años y estuvo a cargo del Comando Litoral en los últimos años, más vinculado a la faz operativa que a la de Inteligencia. Llegó a tener bajo su órbita a siete mil hombres. Lo secundará en la Subsecretaria de Seguridad Dardo Simil, ex comisario de la policía santafesina, quien tuvo destinos en el norte provincial durante su actividad en la fuerza.
La Secretaría de Coordinación Técnica quedará en manos de quien fuera gerente de una empresa dedicada al agro. Se trata de Gustavo Puccini, de estrecha relación y confianza del futuro ministro.
Eduardo Estévez controlará la Secretaría de Coordinación Estratégica. Fue funcionario de León Arslanián en el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Allí formo parte del equipo que reformó a la fuerza en la gobernación de Felipe Solá. Tendrá incidencia en el área de Inteligencia.
Ana Viglione dejará la Secretaría de Delitos Complejos y pasará a ocupar un rol en otra área en la llamada Subsecretaria de Formación y Desarrollo Institucional, que estará a cargo del Isep.
Rolando Galfrascoli estará a cargo del área de Coordinación Operativa, que tendrá bajo su control a la Policía de Investigaciones, hasta tanto sea trasladada definitivamente a la órbita del Ministerio Público de la Acusación.
Pablo Coccocione permanecerá en la secretaría de Asuntos Penitenciarios, cargo que ocupa desde 2011.
En la Secretaría de Control asumirá David Reniero, oriundo de la comuna de Berabevú, en el sur santafesino. El subsecretario será Diego Poretti, quien está bajo investigación por haber formado parte de un allanamiento ilegal el 27 de junio de 2012, cuando ingresó a un domicilio en la localidad de Colastiné sin orden judicial. Por ese hecho el fiscal federal Walter Rodriguez lo denunció por allanamiento ilegal y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, junto al entonces jefe de la Policía Hugo Tognoli y al juez de instrucción Jorge Pegassano. La justicia federal le posó la lupa porque Poretti violó una morada en un procedimiento en el que encontraron poca cantidad de droga en la vivienda.
El 19 de diciembre de 2013, el juez Francisco Miño decretó la nulidad de la causa y sobreseyó a los dos imputados, que pasaron unas cuantas horas detenidos. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal que en su pesquisa descubrió una serie de irregularidades, como la «obtención de pruebas violando las garantías constitucionales». Los imputados apelaron la decisión de la justicia federal y se planteó un debate sobre la competencia de la causa y un ping pong judicial la dejó en estado larvario desde entonces.
