El ministro de Seguridad de la provincia dijo que la intervención de su teléfono es una situación al menos irregular y pidió que se investigue si no configura un delito. Aseguró que las maniobras de un fiscal del MPA son de «una gravedad institucional sin precedentes».
En las últimas horas se publicaron escuchas y transcripciones de las mismas que tienen como protagonista al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien hoy salió a contraatacar anunciando que presentó una denuncia penal y otra administrativa en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue el caso.
Según Pullaro, a partir de un diálogo telefónico que él mantuvo con el jefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez –quien tenía pinchado el teléfono porque era investigado en la causa por irregularidades en el pago de horas extra a agentes de la policía, conocidas como horas Ospe–, el fiscal Roberto Apullán (a quien Pullaro no mencionó en toda la conferencia de prensa) pide la intervención de la línea telefónica oficial que le fue asignada al ministro de Seguridad. Esa situación no se sabe por cuántos días se prolongó, pero la información que se acumuló en todas las llamadas que hubo en ese lapso ya trascendieron las fronteras del MPA y pueden estar en manos de cualquiera.
Ahí fue donde el funcionario expuso la información que recibe en su teléfono sobre investigaciones y operativos que se van realizando en toda la provincia y se mostró sorprendido por la información que se reflejaba en algunos portales sobre los diálogos que mantuvo sobre la reforma policial y cómo se cayeron algunos operativos. Además admitió que lo golpeó en lo personal porque se conoció información sobre la vida de su familia y que por eso tuvo que cambiar pautas de comportamiento familiar y disponer una custodia policial para sus hijos.
Para el ministro la intervención de su teléfono se da a través de una maniobra al menos irregular y presentó una denuncia penal para ver si esa pinchadura no es «un delito». «Quiero saber si la intervención a mi teléfono es legal o ilegal; y si es legal quiero saber si no es irregular. Recordemos que en Rosario el fiscal Fernando Rodrigo le intervenía el teléfono a su novia y a todas las amigas por celos. Esto puede ser en el marco de la legalidad una estafa procesal. Por eso pido que se investigue y rápidamente», aseguró.
El ministro reconoció que hay dos escuchas y pidió que alguien explique «dónde está el delito penal. Porque lo que le envió el fiscal al gobernador fue para ver si existía la posibilidad de alguna sanción administrativa (para Rodríguez). Eso es lo que tenemos y es lo que se informa. Pero también tenemos lo que dice un fiscal regional, que es una instancia superior, y es que «no hay delito». Y al no haber delito no tendría porqué haber todo lo que sucedió en esta situación».
«Si esa escucha –continuó– es el fundamento para que se intervenga la línea del ministro de Seguridad estamos ante una situación de suma gravedad institucional» y calificó el hecho como algo «inusual e inusitado en la historia de la provincia».
«Después de la detención de Rodríguez no había tipicidad delictual, lo que transforma a esta escucha en algo ilegal. Si tuviese la aceptación de un magistrado de la provincia podría haber dos situaciones: una es que un fiscal ocultó de quién era una línea telefónica para pedir que esa línea se intervenga. Y si no fue así queremos saber bien cuáles fueron los fundamentos para pedir la intervención telefónica al ministro de Seguridad de Santa Fe, que por lo menos es una intervención irregular», afirmó Pullaro quien dijo desconocer qué juez autorizó la pinchadura de su teléfono.
Pullaro quiere que se investigue bien lo que pasó porque cree que detrás «hay una operación política o de sectores oscuros que pretenden golpear las políticas públicas de Seguridad» en la provincia. Pero a pesar de las certezas que el ministro dice tener, al momento de denunciar no apunta a nadie en particular; ni siquiera contra el fiscal que pidió la intervención de su teléfono.
En la serie de idas y vueltas que se dio desde el 9 de octubre cuando Roberto Apullán ordenó la detención de Rodríguez quedan muchas preguntas por responder y que podrán ser materia de investigación a partir de la denuncia de Pullaro. Por ejemplo habrá que dilucidar qué pasó en el manejo interno del MPA; si Apullán se excedió en las decisiones que tomó y si desobedeció a sus superiores; también habrá que saber si las falencias sólo se terminan en la actuación del fiscal o si quienes comandan el organismo –que también aparecen en algunas escuchas– no cometieron errores que permitieron que 12 días después –según el fiscal regional Carlos Arietti– de que Apullán había dejado de tener en sus manos la causa de Rodríguez, el propio Apullán volviera a citarlo a imputativa, y que al suspenderse generó un escándalo.
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Respaldo político
En la conferencia, Pullaro estuvo acompañado por su par de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; el senador por San Cristóbal, Felipe Michlig (UCR NEO); y los diputados provinciales Rubén Galassi (Partido Socialista), Julio Garibaldi (PS), Fabián Palo Oliver (UCR) y los radicales del NEO Jorge Henn, María Victoria Tejeda y Estela Maris Yacuzzi. No hubo referentes de los otros sectores del radicalismo, como el MAR y el grupo Universidad para acompañar y apoyar a su correligionario.
Por último, Pullaro dijo que habló con Lifschitz (que está en Nueva York). «El gobernador nos ratificó la confianza para seguir llevando adelante las políticas de seguridad y le ratificamos nuestro compromiso para seguir trabajando con el mismo esfuerzo que lo hicimos desde el primer día». De esa manera despejó los rumores de un posible alejamiento de la cartera que conduce en medio de una inminente reconfiguración no solo de la gestión de Miguel Lifschitz, sino también del Frente Progresista Cívico y Social.
