El presidente de Unión fue procesado en su rol de empresario, titular de la firma Celestino Spahn S.A. Mediante diversas maniobras realizadas entre 2010 y 2011 evadió contribuciones al fisco en casi 3 millones de pesos. También se le trabó un embargo por 100 mil pesos. La defensa apeló la medida.
Luis Spahn, presidente de Unión (y único candidato a reeditar el mandato en las próximas elecciones del 26 de junio) fue procesado la semana pasada por el juez federal Francisco Miño, quien lo encontró responsable de haber cometido una evasión agravada tributaria en perjuicio del fisco por un monto cercano a los 3 millones de pesos.
La causa se inició a través de una denuncia de la Afip Santa F y fue impulsada por el fiscal Walter Rodríguez (hoy en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en Buenos Aires). Para la Afip, Spahn es un vendedor minorista de artículos de bazar, además de dedicarse a la cría de ganado, como aparece en los registros del órgano encargado de la recaudación impositiva.
Sin embargo, Spahn desarrolló una serie de movimientos económicos, concretamente entre 2010 y 2011, que fueron dolosamente pergeñados para evadir pagos. Por ejemplo, el juez Miño hace suyo los conceptos de la denuncia de Afip en relación a que “ocultó sus obligaciones tributarias mediantes las declaraciones juradas originales engañosas, correspondiente a Impuesto a las Ganancias, correspondientes al período fiscal comprendido entre 2010 y 2011 (…) la firma Celestino computó existencia final de bienes de cambio por un importe considerablemente inferior al correspondiente por ley”.
Los investigadores realizaron diversos informes a pedido de la Fiscalía, quien tuvo la causa delegada la mayor parte del tempo. En el procesamiento de Miño se advierten varias menciones a esos trabajos de los pesquisas impositivos. Por ejemplo : “…como resultado de las tareas de fiscalización se detectó la existencia final de hacienda por un importe inferior al correspondiente por ley (…) una diferencia de existencia final de cereales al cierre del ejercicio (…) la consignación en las declaraciones juradas de IVA, de créditos fiscales improcedentes, con comprobantes apócrifos y el ocultamiento de su crecimiento patrimonial”. Para el juez, el perjuicio total, o lo evadido, es de $2.919.768.
El procesamiento llega media año después del pedido del Fiscal Walter Rodriguez, quien lo solicitó el 25 de noviembre del año pasado.
Autor: Héctor M. Galiano
