Se trata de Atilio Ángel Dallia, procesado por la Justicia Federal por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
El juez Federal N° 2, Francisco Miño, resolvió ayer la situación procesal del policía de Laguna Paiva, detenido hace diez días por la venta de drogas desde una casa usurpada a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ex Onave). El magistrado procesó a Atilio Ángel Dallia por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” y convirtió en prisión preventiva la detención que venía sufriendo desde el 30 de mayo, cuando fue apresado por personal de la delegación Santa Fe de Policía Federal, informó el diario El Litoral.
Aunque en la resolución se consigna al denunciante como una “persona de identidad reservada”, es público que fue el intendente de Laguna Paiva, Rodrigo Martín Fernández, quien denunció el 1° de octubre del año pasado al policía Dallia ante la Fiscalía Federal N° 2. El titular del ejecutivo paivense lo acusó de proveer, distribuir y vender todo tipo de drogas, desde una vivienda ubicada en la calle Presidente Néstor Kirchner, donde bajo la pantalla de “despensa” se vendía droga al menudeo.
Con armas
El allanamiento realizado el sábado 30 de mayo a la una de la madrugada, arrojó como resultado el secuestro de 45 gramos de cocaína fraccionados en 85 envoltorios para la venta, celulares, cinco armas de fuego y la detención de Dallia, que estaba con su mujer y 6 menores de edad en el domicilio cuando ingresaron los federales.
Además de la droga, que estaba escondida dentro de una bolsa negra en el pulmón de la estufa a leña, los uniformados secuestraron una balanza de precisión y recortes de nylon típicos para el fraccionamiento de la droga. También dos escopetas de doble caño yuxtapuestos, una escopeta calibre 20, una carabina y un revólver del 44, la mayoría de ellas con la numeración suprimida. Por último fue hallado un chaleco antibalas de la policía provincial y proyectiles de diversas características. En cuanto al armamento, el juez Miño se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia provincial para que se lo investigue por el delito de “tenencia de armas”.
