El juez federal Reinaldo Rodríguez procesó a uno de los agitadores de la Mesa de Enlace, que en la última asamblea en Santa Fe, en abril del año pasado, propuso «echar a patadas» a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y utilizar «métodos sicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer» a los funcionarios de su gobierno.
Se trata de Daniel Stechina, a quien el magistrado consideró «autor del presunto delito de incitación a la violencia colectiva» que se castiga con penas de tres a seis años de cárcel, aunque le confirmó el beneficio de la «libertad provisional» que ya le había concedido en la indagatoria y ordenó un embargo de sus bienes por 5.000 pesos.
En una resolución a la que tuvo acceso Rosario/12, el juez dijo que Stechina operó con «dolo», encuadró su conducta en artículo 212 del Código Penal y citó un fallo del Tribunal Superior de Córdoba. «No toda manifestación de la conducta humana se encuentra amparada y tolerada en honor a la libertad de expresión, puesto que en ese escenario se puede producir o cometer excesos que son susceptibles de ser objeto de reproche, incluso a través del derecho penal y es que, surge evidente que en modo alguno el derecho pretende amparar la incitación a la violencia y a la comisión de delitos», agregó.
El hecho ocurrió el 9 de abril de 2013, en una asamblea de productores en la Sociedad Rural de Santa Fe que cerró con discursos destituyentes. En el estrado, los líderes de la Mesa de Enlace: Eduardo Buzzi (Federación Agraria), Luis Etchevere (Sociedad Rural), Rubén Ferrero (CRA) y Carlos Garetto (Coninagro) convalidaron con el silencio.
Stechina fue uno de los más exaltados: «Los productores están dispuestos a que este gobierno o esta porquería que está gobernando, se vaya a patadas. Hay muchos métodos sicológicos y de acción directa para destituir y hacer desaparecer a toda esta gente. Así que si vamos a hacer algo concreto y conciso que sea duro, pero duro, duro».
Otro de los oradores y referente de Productores Autoconvocados en el norte santafesino, Raúl Zorzón, propuso «frenar» al gobierno de CFK «porque éstos son peores que Chávez. Por lo menos, Chávez, está muerto, pero esta gente está viva». Dos días después, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, reconoció a Zorzón como uno de los jefes de la patota que lo había atacado en Reconquista, en mayo de 2009, cuando le rompieron el auto en que viajaba y lo agredieron a huevazos. Son expresiones «antidemocráticas», «intolerantes» y «fascistas», dijo Rossi, que entonces presidía el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria.
Rosario/12 fue el primero que publicó los discursos grabados por los periodistas, entre ellos el colega de Rafaela, Miguel González, quien fue citado a declarar y entregó copias de los audios al fiscal federal que investigó la causa, Walter Rodríguez.
El 3 de junio, el fiscal Rodríguez promovió la acción penal contra Stechina, a quien imputó por supuesta «incitación a la violencia colectiva» y un mes después pidió su indagatoria. Sin embargo, tuvieron que pasar cuatro meses para que Stechina sea indagado por el juez, el 11 de noviembre. Negó todo. Y cuando le preguntaron sobre su ocupación, hasta negó que fuera productor agropecuario. Se asumió como «empleado rural» con un ingreso de 2.000 pesos mensuales. En el auto de procesamiento, el juez dispuso recaratular la causa con el apellido del imputado.
Fuente: Página/12
