Un juez de garantías deberá responder en los próximos días el pedido de los fiscales que investigan una compra de armas frustrada hecha a medida de un lobbista y una empresa.
El juez santafesino Héctor Candioti deberá resolver en los próximos cinco días hora si acepta o morigera las medidas cautelares solicitadas por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra el ex titular de Seguridad provincial Marcelo Sain y otros tres ex funcionarios de esa gestión, en el marco de la investigación de presuntas irregularidades en una licitación para adquirir armamento.
La audiencia de cautelares se desarrolló en la ciudad de Santa Fe entre el jueves y este viernes y, en ese contexto, la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos dirigida por Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez solicitó para los imputados, como medidas alternativas a la prisión preventiva, la “prohibición de salida del país (con entrega del pasaporte), de acercamiento y comunicación con los denunciantes y testigos, de acercamiento a los Ministerios de Seguridad y de Economía, embargo de 200 mil dólares a cada uno e inhabilitación general de bienes y prohibición de tener y portar armas”.Montenegro, al ex encargado de Finanzas de esa cartera Maximiliano Novas y al ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la Policía de Santa Fe Marcelo Correa.
Juez, fiscales y querellantes participaron de modo presencial en la audiencia que se realizó en los Tribunales Provinciales, mientras que Sain y su abogado, Hernán Martínez, lo hicieron vía Zoom.
Martínez, quien había pedido el sobreseimiento de Sain, argumentó que “no hubo delito ni daño para la administración” e insistió en que el fiscal de Estado, Rubén Weder, “reconoció que no le interesaba este delito”.
También indicó que Sain actuó en el marco de sus competencias, que era la de propiciar expedientes licitatorios.
Asimismo, le bajó el tono al testimonio del ex jefe de Policía Víctor Sarnaglia, ligándolo a una puja de poder y rivalidad con Sain, y cuestionó al Ministerio de Economía provincial por el armado de los pliegos de una licitación que, posteriormente, el Ejecutivo suspendió.
Además, Martínez apuntó al titular del MPA, Jorge Baclini, por contratar en modo directo un software telefónico con la misma empresa objetada en la causa (Emprendimientos Grupo Patagónico SRL) y señaló al fiscal Regional, Carlos Arietti, por tallar en las imputaciones, a las que luego se sumaron los diputados provinciales denunciantes.
Sain, en tanto, aludió a la empresa que iba a ser adjudicataria del contrato. “Conozco a Grupo Patagónico porque Martín Pullaro (hermano de Maximiliano, ex ministro de Seguridad) me presentó a su representante cuando ellos estaban en la gestión”, afirmó. Y agregó: “Yo no traje a esa empresa”.
Otro expediente
Paralelamente, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se presentó como querellante en la otra causa que tiene a Sain bajo la lupa: la del supuesto espionaje ilegal durante su gestión en Seguridad.
