La Justicia dictaminó esta noche la prisión preventiva por noventa días para el fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien está acusado de haberle exigido importantes sumas de dinero a cambio de protección judicial a un empresario ligado a una red de juego ilegal y a una organización de extorsionadores. Ponce Asahad seguirá preso mientras avanza la investigación.
Las fiscales Gisela Paolicelli y María Eugenia Iribarren y los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, hicieron las acusaciones contra Ponce Asahad en su carácter de fiscal adjunto y Nelson Ugolini en carácter de empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Les atribuyen la comisión de delitos contra la administración pública, con la participación del ahora destituido fiscal Patricio Serjal (en carácter de fiscal regional): diseñar y ejecutar un plan cuyo objetivo fue recibir dinero de Leonardo Peiti (ya imputado) a cambio de transmitir información reservada, y no investigar hechos que podrían construir delitos e interferir en las investigaciones en curso, así como retardar u omitir dictámenes propios de su competencia para que no prosperen posibles imputaciones.
A los imputados se les atribuyen diversos hechos:
Desde al menos marzo de 2019, Serjal acordó con Peiti que quién se encargaría de mantener vínculo con él —a fin de cumplir con el pacto— sería Gustavo Ponce Asahad reafirmando su acuerdo. El 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etoile, de la ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar y el aumento de la misma.
Desde al menos marzo de 2019, Patricio Serjal acordó con Leonardo Peiti que quién se encargaría de mantener vínculo con él a los fines de cumplir con el pacto sería Gustavo Ponce Asahad reafirmando su acuerdo. En fecha 14 de noviembre de 2019, Serjal se alojó en el Hotel Etoile, de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar y el aumento de la misma.
En cumplimiento de ese acuerdo, Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante para cumplir dicho convenio. Uno de esos encuentros ocurrió en fecha 9 de julio de 2020, a las 12.25 aproximadamente, cuando Peiti concurrió al Pje. Rosales, de Rosario, y acordaron que serían entregados $10 mil dólares ese día por la tarde.
El hecho se concretó cuando se reunieron Peiti y Ponce Asahad, a las 18 aproximadamente, en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario, de Dorrego al 1251 de Rosario.
En otras oportunidades, Ponce Asahad y Peiti se reunían en Bv. Oroño esquina Mendoza y recibía el dinero acordado. Durante 2019, Ponce Asahad le solicitó dinero para viajar a Italia habiéndole entregado euros y dólares equivalentes a dos de las «cuotas» que mensualmente le entregaba.
Asimismo el 16 de junio de 2020, Serjal concurrió al Organismo de Investigación en el cual pudo observar un diagrama de la estructura que era objeto de investigación que tenía como sospechosa a una asociación ilícita integrada por varias personas entre las que se encontraba Alberto T. y Peiti (ya imputados). Al otro día, el 17 de junio de 2020 concurrieron a ese lugar Ponce Asahad y Serjal y se impusieron ambos ante la investigación y Serjal sugiró reiteradamente que Peiti era una víctima. El 30 de junio de 2020, Ponce Asahad le informa a Peiti de la existencia de esa investigación que lo tenía como sospechoso y le advierte sobre posibles intervenciones de comunicaciones, aconsejando que cambiara y rompiera el teléfono lo cual motivo que el empresario dejara de utilizar su línea que se encontraba intervenida desde el 22 de junio de 2020. Ademas le pide 100 mil dólares para evitar que prospere la investigación en su contra y que el mismo quedara como víctima.
A Nelson Ugolini se le atribuye haber transmitido información al empresario sobre causas en trámite en el MPA que resultaban de interés para el cumplimiento del acuerdo. En una oportunidad le informó Peiti sobre una causa que tenía como sospechosos a otras dos personas las cuales habían sido detenidas el 8 de enero de 2020 por portar armas de fuego sin la debida autorización legal.
Lo hizo remitiendo imágenes de pantalla que contenían la información requerida y entregada a Peiti por medio de la aplicación whatsapp. El 18 de febrero de 2020 Ugolini también le remite a Peiti un mensaje en el cual le informa las causas que podrían tenerlo como sospechoso y/o en donde se lo investigue por causas de juego clandestino correspondiente a los distritos judiciales de la 2ª Circunscripción Rosario y en aquellas causas que investigaba el fiscal Edery a esa fecha.
El 8 de marzo, Ugolini le remitió información sobre domicilios que serían allanados en los cuales funcionarían salas de juego clandestino. A esa fecha Ponce Asahad tenía a su cargo la oficina de «Trámite de solicitudes jurisdiccionales acciones de Hábeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción de ejecución penal del MPA”.
A ambos imputados se les atribuye en cumplimiento del plan común pergeñado, haber omitido actos propios de sus funciones que debían realizar conforme el cargo y la función que ostentaban. A sabiendas de que Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona en los que Maximiliano D. (ya imputado) y/o allegados a él le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo o a su familia, así los imputados no iniciaron una investigación penal y no dieron aviso a las autoridades a cargo de la investigación de los delitos y/o no aseguraron la integridad de víctimas y testigos de delitos conforme la ley lo se los impone.
Todos estos hechos se llevaron a cabo a sabiendas y con el objetivo de concretar un único plan tendiente a obtener dinero de forma ilícita de Peiti, señala el parte de la Fiscalía sobre la audiencia imputativa.
La Jueza de Primera Instancia, Eleonora Verón tuvo por formalizada la audiencia imputativa y dictó a Nelson Ugolini la libertad con restricciones por el plazo de 90 días; fijar domicilio, firma semanal ante la OGJ y una caución de $4982 dólares a depositar en cuenta judicial; y a Gustavo Ponce Asahad la prisión preventiva efectiva por el plazo de 90 días.
