La Justicia Federal intenta determinar si se cometió un delito al permitirle acumular al grupo cerealero una deuda por $18.500 millones
La solicitud fue presentada en la causa que intenta determinar si las autoridades de la entidad financiera durante la última etapa de la gestión de Juntos por el Cambio cometieron un delito al permitir al grupo cerealero Vicentin acumular una deuda de $18.500 millones violando normativas que rigen la actividad bancaria.
Pollicita -que tiene delegada la investigación por parte del juez Julián Ercolini- firmó un duro dictamen en el que señaló que: “Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, para lo cual otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A y Algodonera Avellaneda S.A, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba. A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.
Para el fiscal que investiga el caso Vicentin hubo una maniobra para perjudicar al Estado armada por ex funcionarios-políticos y de la línea del BNA y empresarios.
El dictamen de Pollicita se produjo como respuesta a un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) que es querellante en el caso y había solicitado la inhibición general de bienes de varios de los nombrados en la causa, entre ellos el ex presidente Mauricio Macri.
El fiscal, en esa contestación, describió con lujo de detalles cómo se desarrolló la maniobra fraudulenta concentrada en los últimos meses del gobierno de Macri.
Y es por ello que pidió la inhibición general de bienes de González Fraga y de los ex directores Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Javier Pose y Ercilia Antonia Nofal. También del gerente general Juan José Fragati, de la subgerente general de Riesgo Crediticio, Susana Ojeda, el subgerente general de Banca Corporativa, Martín Enrique González, la subgerente Departamental de Soporte Crediticio, Maricel Moschini, los gerentes de la zonal Reconquista José Luis Testa y Luis María Restelli, los gerentes de la sucursal Reconquista Darío Giaccosa y Néstor Ariel Bled. Solicitó la misma medida preventiva respecto de los empresarios Roberto Vicentin, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Herman Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli.
En el mismo dictamen Pollicita señaló que por el momento no hay datos en la investigación que impliquen a Macri, al ex presidente del Banco Central de la República Argentina, Guido Sandleris ni a los empresarios Alberto Padoán y Gustavo Nardelli quienes no integraban los directorios de Vicentin. La UIF había pedido la inhibición general de bienes de ellos también.
El fiscal pidió la inhibición general para evitar que los imputados en el caso vendan sus bienes ya que “hemos visto los funcionarios involucrados cuentan con conocimientos técnicos que les permitirían desprenderse rápidamente de sus bienes, mientras que los empresarios y las sociedades poseen y forman parte de un conglomerado societario de numerosas empresas donde movilizar bienes o dinero, cuentan con una estructura de contadores, escribanos y abogados con capacidad para trasladar dinero, detentan medios económicos y financieros suficientes para costear maniobras que permitan esconder el patrimonio para evitar la acción de la justicia”.
Pollicita describió en un dictamen publicado por la web de la Procuración General de la Nación cómo fue el mecanismo por el que se le dieron créditos millonarios a Vicentin en los últimos meses de gobierno del macrismo y cómo no se cumplieron con las normas del BNA para, en el caso de retrasos en los pagos, tomar dinero que la empresa tenía depositado en cuentas de garantía para situaciones similares.
El fiscal explicó que “Así, mientras aumentaba la deuda impaga de Vicentin con el BNA, en las cuentas que la firma tenía en garantía en el propio banco ingresaron casi 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos ―USD 795.651.946 y $2.219.740.272―, los cuales estaban reservados para asegurar el cobro ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa. Sin embargo, pese a que el BNA tenía en las cuentas especialmente estipuladas como garantía de los créditos suficiente dinero para cobrarse varias veces los casi USD 300.000.000 que Vicentin le debía, los funcionarios del banco permitieron que los empresarios retiraran ese dinero, con lo cual, para el momento en que se quiso cobrar de dichos fondos por disposición de la nueva gestión del Directorio, las cuentas se encontraban prácticamente vacías”.
Pollicita agregó que “pese a que mes a mes ingresaron millonarios fondos por ventas en las cuentas que oficiaban como garantía de pago y que los funcionarios debieron retener el dinero a los fines de cancelar las obligaciones adeudadas, los agentes deliberadamente omitieron aplicarlo para el cobro de la deuda que desde el 8 de agosto tenía la firma Vicentin, provocando un grave perjuicio a las arcas del Estado Nacional”.
En su investigación realizada durante la pandemia, Pollicita detectó no solo que el BNA no cobró las deudas que Vicentin tenía con el dinero depositado en las cuentas de garantía sino que además le permitieron transferir los fondos a una cuenta corriente por la que le pagaban intereses. “Ello resultó así, por cuanto además de prescindir de su deber de retener y aplicar los fondos existentes en las cuentas de garantía, autorizaron la transferencia de aquellos a una cuenta corriente respecto de la cual el BNA no tenía facultades ni preferencia para cobrarse lo adeudado por la compañía, y en la que además el banco —al que simultáneamente la empresa debía— le pagaba intereses por tener el dinero allí“, señaló Pollicita.
Para Pollicita la maniobra que comenzó con el otorgamiento de créditos por encima del monto permitido en relación a todo el dinero disponible del banco público, finalizó con una “connivencia” entre ex funcionarios del Nación y los empresarios de Vicentin que permitió vaciar las cuentas que hubiesen permitido cobrar buena parte de lo adeudado. El fiscal dijo que “Lo expuesto demuestra que durante el mismo período en el que la firma Vicentin tenía deudas vencidas con el BNA, el dinero para cobrar dichas deudas se encontraba a resguardo del banco en dos cuentas específicamente creadas ante un eventual incumplimiento, sin embargo los funcionarios del BNA a pedido de los empresarios, decidieron liberar $43.449.104.966 —$41.592.204.966 de la cuenta de cobranzas en el exterior y 30/09/2019 $ 86.500.000 $1.856.900.000 de la local— movilizándolo, hasta el día 3 de diciembre inclusive, hacia una cuenta corriente de la firma Vicentin que no poseía ninguna limitación, lo que le permitió a estos últimos disponer de los miles de millones de pesos que garantizaban los préstamos, burlando de tal forma, toda posibilidad de cobro por parte de la entidad bancaria. En efecto…una vez que los fondos se encontraban en la cuenta corriente de la firma en la misma entidad, los titulares de la firma Vicentin usaron parte del dinero para pagar gastos de la firma ―tales como proveedores, impuestos, salarios― pero otra parte significativa de los fondos era transferido mes a mes a “cuentas propias” que la firma mantenía en otros bancos, por lo que el destino final de estos últimos resulta de momento desconocido”.
El dinero que quedó en la cuenta de Vicentin es ínfimo. Lo que para el fiscal Pollicita agrava la maniobra porque se pudo haber recuperado el dinero pero no se hizo y eso implica una responsabilidad penal, tanto de las autoridades políticas del Nación como de la línea de funcionarios. Y en acuerdo con los empresarios.
Pollicita lo explicó así: “En efecto, de los casi de 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos que el BNA a lo largo del período agosto a diciembre de 2019 tuvo en las cuentas en garantía de las deudas de Vicentin, al momento en que se efectuó la afectación de los fondos sólo se hallaron en las cuentas apenas poco menos de 8 millones de dólares, lo que demuestra la magnitud del daño ocasionado al patrimonio del BNA”.
La solicitud de Pollicita para la inhibición general de bienes con vista a futuros embargos es un paso previo al pedido de indagatoria. En la investigación, que recién comienza, también queda por demostrar a dónde fue a parar el dinero que estaba en las cuentas de Vicentin.
