Tras la acusación fiscal realizada la semana pasada, los abogados Hilda Knaeblein, Claudio Torres del Sel y Néstor Oroño argumentaron esta mañana en favor de sus pupilos.
El Tribunal Oral Federal programó para las dos de la tarde la reanudación de la audiencia de alegatos finales, entre ellos el de Andrés Rabinovich, a cargo de la defensa del comisario Tognoli Foto: Archivo El Litoral/Mauricio Garín.
Tres de los cinco abogados defensores alegaron esta mañana en una de las últimas jornadas del juicio oral y público contra el ex jefe de Policía Hugo Tognoli y otros cuatro imputados por los presuntos delitos de comercialización y fabricación de estupefacientes, encubrimiento al narcotráfico y por las coacciones a la testigo Norma Castaño.
En orden cronológico, expusieron la Dra. Hilda Knaeblein, a cargo de la defensa del “Tuerto” Daniel Mendoza, para quien el fiscal general Martín Suárez Faisal había pedido una condena a 8 años de prisión el martes pasado.
Knaeblein planteó la nulidad del procedimiento del 12 de julio de 2012 en el que fue detenido su pupilo, acusado de tener bajo su custodia una cocina de cocaína en una casaquinta de Colastiné. Cuestionó la acumulación del expediente en el que se lo persigue a Mendoza, con los otros en los que se investigó la complicidad y el encubrimiento policial al negocio narco, diciendo que ninguno de ellos -Tognoli, Baella y Otaduy- “forman parte del mundo de Mendoza” y por ende éste debió ser traído a juicio “como personaje autónomo”, consignó el diario El Litoral.
También reclamó por la falta de “idoneidad” de los “medios de prueba” utilizados por el personal de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones para investigar graves delitos. “¿Quién se encargó de la cadena de custodia de la prueba que hay en contra de Mendoza?”, preguntó la letrada en relación a que las fotos y videos eran tomadas con cámaras personales en las que se evidencian cortes propios de la “edición” y “manipulación” del material suministrado al Juzgado Federal.
Falso testimonio
Sin dudas la declaración del testigo encubierto, bajo la figura del “arrepentido”, fue el centro de la crítica, tanto de la defensa de Mendoza como la realizada con posterioridad por el Dr. Claudio Torres del Sel, a cargo de la defensa del comisario José Luis Baella, para quien el fiscal pidió 7 años de cárcel por la supuesta protección brindada a Mendoza para el comercio de drogas.
“Estamos hablando de una persona que no es proba, es un delincuente” al que “se lo trató como una princesa en una caja de cristal” y asimismo no pudo responder a las preguntas realizadas por la defensa, dijo Knaeblein sobre “el arrepentido”. En la misma línea, Torres del Sel acusó al testigo protegido de haber mentido al tribunal cuando negó tener antecedentes penales “cuando este mismo tribunal lo condenó a él como a su esposa”. Cada uno a su turno, solicitó se abra causa por falso testimonio para el testigo de identidad reservada, así como la nulidad del testimonio.
Torres del Sel no sólo se refirió a la mendacidad del testigo encubierto, sino que además puso en duda la veracidad de los testimonios del personal de Asuntos Internos, que son quienes declararon que vieron a Mendoza subir al auto de la Dirección de Drogas en el que iba Baella, el 3 de marzo de 2012 frente a la casa de Colastiné. “Para nosotros mintieron”, dijo el defensor.
Sobre la supuesta relación de “estrecho favoritismo” que atribuyó el fiscal a Baella y Tognoli, el abogado se preguntó qué clase de favorito es un policía trasladado a la ciudad de Sastre, luego a Rafaela y por último colocado como jefe de Patrullas Urbanas, luego de haber revistado en un órgano de investigaciones. “Fue un castigo más que un premio”, aseguró Torres del Sel.
Las coacciones
Por último, el abogado Néstor Oroño hizo una ilustrada exposición en defensa del policía Mauricio Otaduy, a quien el fiscal Suárez Faisal había pedido 3 años de prisión efectiva por su presunta coautoría en el delito de “coacción”.
Introdujo su alegato con una reflexión acerca del “macrocontexto” donde la cuestión del “narcotráfico” aparece instalada en la agenda pública, generando “una expectativa social en la que se pretende un resultado contundente” y en la que la acusación tuvo por lógica la “premisa de castigar al no ciudadano, al enemigo”, dijo citando prestigiosas fuentes bibliográficas.
Para desmontar la acusación fiscal el Dr. Oroño hizo un pormenorizado repaso de la participación de Otaduy en la filmación del video que luego habría sido utilizado para amedrentar a Castaño. A propósito de la coacción, la defensa sostuvo que “este delito no se aplica para Otaduy, ni para ninguno de los otros imputados”, tras lo cual solicitó la absolución de culpa y cargo.
Tognoli y Torres
El Tribunal Oral Federal programó para las dos de la tarde la reanudación de la audiencia de alegatos finales, entre ellos el de Andrés Rabinovich, a cargo de la defensa del comisario Tognoli, para quien el fiscal requirió pena de 8 años de cárcel, más inhabilitación de 10 años para ejercer cargos.
El último en hacer uso de la defensa iba a ser el imputado Fernando Torres, acusado por comercialización de estupefacientes y para quien la fiscalía solicitó 4 años de cárcel. En su alegato iba a estar a cargo el defensor público oficial, Martín Gesino.
