La mesa por el departamento La Capital del partido Coalición Cívica – ARI de la provincia de Santa Fe, envió una nota al gobernador de la provincia Ing. Miguel Lifschitz, en donde le solicitan al titular del poder ejecutivo que se presente, a través de la Fiscalía de Estado, como parte querellante la causa judicial que investiga el vaciamiento del Banco de Santa Fe, la cual produjo un perjuicio de más de 1000millones de dólares al erario provincial.
La causa que figura bajo los autos “Altieri, Carlos Edgardo – Alzueta, Julio Cesar, s/ infracción Ley 20.840 – Denunciante: Vellio, Alberto Raúl”, fue nuevamente noticia luego de que la sala A de la Cámara Federal con asiento en la ciudad de Rosario anuló, el pasado 22 de abril, un fallo del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe que pretendía declarar como extinguida la acción penal contra 44 ex presidentes y ex directores del Banco de Santa Fe, entre 1984 y 1999.
Ante esto, las autoridades departamentales consideraron que “…la provincia tiene en sus manos una oportunidad inmejorable para constituirse como parte querellante en la causa penal en cuestión, no solo para aportar todos aquellos documentos y constancias probatorias que obren en su poder, sino también para impulsar procesalmente la investigación en orden a lograr verdad y justicia sobre uno de los hechos de corrupción más escandalosos de nuestra provincia, triste símbolo de la impunidad que hasta el día de hoy pone en crisis el funcionamiento de las instituciones de un estado de derecho”.
“Es evidente, como lo demuestran los recientes pronunciamientos judiciales, que ha existido una actividad jurisdiccional fraudulenta que data desde el año 1991 y 1993, cuando los entonces jueces federales Tripichio y Brusa (éste último hoy condenado por delitos de lesa humanidad) comenzarón a dictar resoluciones cuyo único objeto fue garantizar impunidad a los responsables” – agregaron las autoridades de la CC-ARI -.
Seguidamente destacaron que La Cámara Federal de Rosario “…dejó en claro que la acción penal no se ha extinguido por prescripción y ordena la inmediata reapertura de la investigación `con la celeridad y el empeño que la lucha contra la impunidad reclama´, según surge textual del voto del camarista Fernando Lorenzo Barbará, al que adhiere su par Carlos Federico Carillo”.
“Esto último es más significativo aun si agregamos que la provincia presentó un informe especial en agosto de 2010 denunciando que la privatización de la entidad le costó a los santafesinos más de 1.000 millones de dólares, los cuales equivalían en aquel entonces a la construcción 2.653 centros de salud o 337 escuelas o 35 hospitales de alta complejidad, siendo todo esto otra evidencia que ratifica la necesidad de que el gobierno provincial asuma un rol fundamental como querellante de la causa y en nombre de todos los ciudadanos de Santa Fe solicite una condena ejemplar contra los responsables políticos y administrativos de este triste suceso que hasta nuestro días mancilla nuestras instituciones” – finaliza el texto de la nota presentada en el día de hoy en Casa de Gobierno.
