El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales reclamó «criterios objetivos» y rechazó la aprobación ficta de los pliegos, que en horas, enviará el gobernador.
Ante el inminente envío del gobernador Omar Perotti de los pliegos para ocupar los cargos de fiscal y defensor general, como así también de fiscales y defensores regionales, dos cartas se refirieron a los requisitos que deben tener estos funcionarios. Una, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) está dirigida a las y los legisladores, con la consideración de una serie de «criterios objetivos». Idoneidad técnica para el cargo, autonomía personal, compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos y perspectiva de género, son los cuatro requisitos propuestos por la prestigiosa entidad. Por otro lado, el Sindicato de Trabajadores Judiciales envió una nota dirigida al gobernador Omar Perotti, en la que recuerda que «resulta fundamental y sustantivo que los elegidos tengan plena conciencia del respeto de los derechos de los trabajadores y trabajadoras judiciales», y «en especial con relación a la independencia del Poder Judicial que la vida democrática nos exige».
Justamente, la autonomía del MPA es uno de los puntos que subraya Inecip, prestigiosa institución dedicada a estudiar el sistema penal. «La agresión denunciada por el fiscal Luis Schiappa Pietra, por parte del senador provincial Armando Traferri, no es más que una grotesca, grave y repudiable muestra de otras injerencias más sutiles pero permanentes, como las reformas del régimen disciplinario de 2017 y 2018. Ante esta realidad, la Asamblea Legislativa y la clase política santafesina en general se enfrentan a una disyuntiva: o se comprometen con fortalecer la autonomía del MInisterio Público o serán cómplices del acoso muchas veces proveniente desde el Propio Poder Legislativo», afirman.
Por lo mismo, consideran que «la legislatura tiene la responsabilidad de rechazar cualquier candidatura que no cuente con la suficiente idoneidad para conducir el MPA, autonomía para evitar que se someta a otros poderes, compromiso con la democracia y los derechos humanos y perspectiva de género». Y también apuntan a «evitar el ‘acuerdo ficto’ que prevé el artículo 54 inciso 5 de la Constitución Provincial. Para eso, deben generarse los consensos necesarios que le permitan a la Asamblea Legislativa expedirse, ya sea a favor o en contra del acuerdo propuesto».
El 20 de abril vencen los mandatos de fiscales y defensores generales y regionales. El documento de Inecip se centra en la fiscalía general porque «la experiencia nacional e internacional demuestra que esta decisión impactará directamente sobre las posibilidades concretas de persecución penal de los hechos que hoy tienen en vilo a toda la provincia, y en particular, a la región de Rosario».
Por eso, la institución que preside Alberto Binder considera que «más allá de sus defectos, el proceso de selección llevado a cabo por el Consejo de la Magistratura, los viceos de las audiencias públicas y la información de público conocimiento, permiten apreciar las aptitudes y los planes de las personas que integran la terna. Esos antecedentes deben evaluarse en base a criterios objetivos, que se derivan de la normativa local y de los estándares internacionales».
El pedido a Perotti se conoce después de las críticas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto al candidato Roberto Prieu Mántaras, camarista de la ciudad de Santa Fe que tiene en su haber, entre otros fallos, la absolución de monseñor Edgardo Storni de la acusación de abuso sexual realizada por el ex seminarista Rubén Descalzo. Además, Prieu Mántaras siempre fue crítico de la tarea asumida por el Ministerio Público de la Acusación. Y también después de la difusión de distintos fallos que llevan la firma o tienen el voto principal de Javier Beltramone, donde tampoco se aplica la perspectiva de género que es obligatoria en todo funcionario público a partir de la ley Micaela.
«La legislatura tiene la posibilidad de evitar que el cargo sea ocupado por una persona con una excesiva vinculación con sectores de poder públicos o privados, con falta de perspectiva de género (ya sea por su falta de formación o incluso por haber dictado sentencias contrarias a los derechos humanos de las mujeres y población LGBTIQ+), o sin experiencia en la gestión de organizaciones complejas. Estos déficits pondrían en jaque la legitimidad de su eventual conducción», dice el texto que dio a conocer Inecip.
A la hora de enumerar los criterios objetivos, Inecip se refiere a «idoneidad técnica para el cargo», en base a conocimientos jurídicos generales, conocimiento específico sobre derecho penal y análisis político criminal y capacidad de gestión de organizaciones». El segundo punto que señalan es «autonomía personal» que consiste en «vinculación con los intereses generales de la sociedad» y «desvinculación con intereses sectoriales de grupos de poder».
Como se sabe, a Prieu Mántaras lo impulsa el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Rafael Gutiérrez. Mientras tanto, Beltramone viene impulsado por el radical Julián Galdeano. En cuanto a la tercera integrante de la terna, Cecilia Vranicich, su aval de base está en el partido Socialista.
El tercer punto que señala Inecip es el «compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos». Y la enumeración de los requerimientos señala «conocimiento sobre derechos humanos y participación activa en su defensa», «predisposición hacia la participación ciudadana» y la «ausencia de antecedentes contrarios a los derechos humanos y la democracia».
El cuarto punto que plantea Inecip es la «perspectiva de género» y la describe así: «conocimiento sobre políticas de género y participación activa en su defensa», así como «acciones positivas para el acceso igualitario al cargo (paridad en el órgano de dirección y alternancia basada en criterios de género)».
La conclusión de la carta enviada por Inecip es lapidaria: «Sin una Fiscalía General legitimada por las cualidades y la autonomía de la persona que ocupe el cargo, y por un amplio y transversal respaldo de la Legislatura, es esperable que la eficacia de las fiscalías siga siendo una deuda pendiente, pese al avance que implicó el sistema acusatorio, y a algunos logros aislados de destacables fiscales que enfrentan el crimen organizado». Por eso, es muy concreta la petición: «La Legislatura tiene la responsabilidad política de demostrar que está a la altura de las circunstancias».
