El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, amplió la imputación contra el ex secretario judicial Víctor Manuel Montti -actualmente con falta de mérito por otros hechos- y pidió que se lo convoque a declaración indagatoria por su participación en crímenes de lesa humanidad desde el Juzgado Federal de esta ciudad que entre los años 1975 y 1976 implementó «un mecanismo que convirtió a esa sede judicial en una especie de ’escribanía’ convalidante de los quehaceres del Área de Defensa 212 en materia de la aplicación de la ley 20840».
La norma a la que aludió el fiscal es la denominada «ley antisubversiva», que le dio basamento «legal» a la persecución por motivos políticos y sirvió para blanquear en los tribunales la privación ilegal de la libertad de miles de personas a lo largo de todo el país por parte de las fuerzas armadas y de seguridad. En efecto, el fiscal imputó al ex secretario por haber aceptado desde el Juzgado Federal las declaraciones ante autoridades policiales y militares de 11 víctimas privadas ilegalmente de la libertad que fueron obligadas a autoincriminarse y a involucrar a otras personas, varias de ellas coaccionadas bajo tormentos, y por no haber investigado los crímenes que esas mismas personas denunciaron que los represores habían cometido contra ellas.
En sus palabras, el fiscal señaló que Montti intervino en «una práctica sistemática comprensiva del incumplimiento de los deberes de funcionario público por omisión de denuncia» debido a que «ante él se dejó constancia escrita -en forma reiterada- de la existencia de confesiones arrancadas mediante métodos violentos, y a pesar de ello, el funcionario público se abstuvo de proceder de acuerdo al mandato legal establecido en el código procesal vigente en ese entonces (ley 2372), que requería el anoticiamiento obligatorio de todo delito de acción pública que conozca en ejercicio de sus funciones».
El representante del Ministerio Público refirió que Montti «se destacó como lazo comunicacional del Juzgado Federal con los miembros del Área de Defensa 212, y recibió sus ’informes de inteligencia’ escritos, sin firma del responsable. Estos últimos, en la mayoría de los casos, establecían listados de personas supuestamente incursas en delito de naturaleza ’subversiva’».
Al respecto, Rodríguez precisó que aquellas listas eran «conformadas en virtud de información recabada por medios ilegales y violatorios a los derechos humanos, y que tal circunstancia era plenamente conocida cuanto menos por el reducido grupo perteneciente al fuero federal local, integrado por el juez Mántaras, el Secretario Montti, y los empleados Víctor Brusa y Jorge Ciriaco Núñez».
El Área de Defensa 212, con jurisdicción sobre Santa Fe y zonas aledañas, fue una de las porciones en las que se dividió el II Cuerpo del Ejército, con asiento en Rosario. Desde aquella área militar, explicó Rodríguez, «partieron las verdaderas definiciones sobre el destino asignado a las personas que hoy reconocemos como víctimas del terrorismo de Estado (por aquel entonces imputados), a quienes se les aplicaba un virtual ejercicio de la jurisdicción mediante actos regulares sólo en su apariencia, alguno de los cuales se perfeccionaron con la rúbrica e intervención funcional del entonces secretario Montti».
A la época de los hechos que se le imputan, Montti era secretario del fallecido juez federal Fernando Mántaras y superior jerárquico del doblemente condenado Víctor Hermes Brusa, el entonces empleado judicial que participó en crímenes de lesa humanidad y llegó a la magistratura años después con la vigencia del estado de derecho y de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Antes de la presentación formulada hoy por Rodríguez, Montti estaba imputado por otros hechos, pero desde el 27 de abril de 2011 se encuentra con falta de mérito dictada por la Cámara Federal de Rosario. El ex funcionario, que con los años llegó a ser fiscal general ante la Cámara Federal de Mar del Plata, había sido procesado en primera instancia por los delitos de falsedad ideológica, encubrimiento por omisión de denunciar, omisión de auxilio y apremios ilegales, todos relacionados por su actuación como secretario judicial durante el terrorismo de Estado.
El fiscal evaluó que en su rol de secretario, Montti fue «un funcionario del Poder Judicial de la Nación al que le han sido transferidas tareas que exceden largamente su condición de fedatario, pues sabido es que el sistema de delegación de funciones -aceptado por el uso y la costumbre-, colocó históricamente al secretario como una pieza clave en el desarrollo de la actividad de cualquier Juzgado Federal, reconociéndose incluso cierta autonomía en función de la jerarquía alcanzada en este tipo de esquemas».
«Simulacro de investigación»
El pedido de indagatoria formulado por el fiscal Walter Rodríguez detalla 11 casos de personas que fueron detenidas ilegalmente por personal del área militar 212 y que luego fueron puestas a disposición judicial. En su traslado a la sede del juzgado meses -o incluso años- después de las detenciones, las víctimas fueron contrastadas con declaraciones que supuestamente habían prestado de forma «espontánea» anteriormente ante funcionarios policiales y militares, en las que se implicaban en hechos atribuidos a «la subversión» y además daban los nombres de otras personas que habían participado en ellos.
En todos los casos incluidos en el requerimiento, se especifica que las víctimas advirtieron al secretario Montti y al juez que algunos aspectos o toda la declaración que habían firmado en su momento eran falsas o directamente inexistentes, pese a lo cual -al resolver las situaciones procesales de los «imputados»- aquellas declaraciones en sede administrativa fueron utilizadas en su contra y los delitos que cometieron los funcionarios que falsificaron las declaraciones y coaccionaron a las víctimas mediante tormentos no fueron denunciados ni investigados.
Por eso, Rodríguez remarcó «la existencia de un verdadero simulacro de investigación apoyado simplemente en la búsqueda de confesiones como método que desprecia cualquier otro medio de prueba distinto a las ’declaraciones espontáneas’».
«Las declaraciones indagatorias aludidas tenían por objeto abordar la anterior ’declaración espontánea’ prestada ante las fuerzas policiales o militares, procurando así dar un marco de legalidad a las actuaciones llevadas adelante en la clandestinidad, valiéndose de métodos violentos para obtener información autoincriminatoria o que involucre a terceras personas en conductas ’subversivas’», explicó el fiscal
Por eso, señaló que Montti «desde su posición de funcionario de elevada jerarquía, no podía desconocer el escenario descripto. No sólo por el marco de represión y clandestinidad en el que se habían producido las supuestas confesiones y por la irregularidad de las escuetas comunicaciones que él mismo recibía por parte de los organismos de inteligencia, sino también porque de las propias declaraciones que presenció se desprendían evidentes signos de esas circunstancias».
Para desnudar la actuación del ex secretario, el fiscal recorrió la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde un precedente de 1864, cuando con su primera conformación desmereció «las declaraciones autoincriminantes realizadas por el imputado sin las debidas garantías que resguarden el derecho a abstenerse a declarar, corolario de la inviolabilidad de la defensa en juicio». Montti «es un experimentado profesional del derecho, y desarrolló la mayor parte de su carrera en el área del derecho penal y en el ámbito de la justicia federal, por lo cual considero que no pudo desconocer la postura de la Corte», subrayó Rodríguez.
