Con un elogio al gobernador Miguel Lifschitz que es también un reclamo, el Fiscal General de la provincia Julio de Olazábal (foto) llamó a profundizar los cambios realizados en el sistema procesal penal, al cumplirse hoy dos años de la entrada en vigencia del nuevo sistema. «Tenemos muchas expectativas, porque -a días de haber asumido- Lifschitz se comprometió públicamente a completar la estructura del MPA con fiscales y personal de apoyo y a poner en marcha definitivamente el Organismo de Investigaciones», expresó el jefe de los fiscales santafesinos.
«Cambió el esquema del litigio; la publicidad; la oralidad; la adversariedad; y, fundamentalmente, la posibilidad de la sociedad de interpelar a los actores del sistema», señaló el funcionario, que hizo hincapié en la histórica transformación lograda y valoró el compromiso de los ex gobernadores Jorge Obeid, Hermes Binner, Antonio Bonfatti y del actual mandatario, Miguel Lifschitz.
Se cumplen hoy dos años de la implementación del nuevo sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe. Su puesta en marcha «generó transformaciones jurídicas e institucionales históricas, que permitieron dejar de lado un sistema inquisitivo por un nuevo esquema penal oral, transparente y ágil», consideró de Olazábal.
En comparación con el sistema escrito que regía hasta febrero de 2014, y que sigue rigiendo para la conclusión de causas generadas previamente a esa fecha, el nuevo proceso penal tiene ventajas que subrayó de Olazábal. «Desde hace dos años, todos sabemos que en cualquier causa penal, siempre deberá haber alguien que acuse, alguien que defienda, y alguien absolutamente imparcial que juzgue», afirmó el Fiscal General de la provincia, Julio de Olazábal. «Esto que parece absolutamente obvio y sencillo, en Santa Fe no era así hace tan solo un tiempo atrás», señaló el funcionario y agregó: «Los cambios no son una construcción acabada, sino un proceso en ejecución al que todavía le falta para finalizar, pero que permitió avances sustanciales».
De Olazábal también manifestó que «a nadie se le ocurriría cambiar el Código Procesal Penal para volver a establecer que las audiencias sean secretas o que los jueces no informen a la prensa lo que está ocurriendo», ejemplificó. «Estos son los resultados del nuevo sistema: la ciudadanía puede entender qué es lo que se está diciendo en el proceso penal, y eso es un cambio fenomenal para la República porque permite el acceso a la información, y porque se nos puede criticar por nuestro accionar», valoró.
