Piden la indagatoria de Cristóbal López y Ricardo Echegaray

Las pidió el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de una causa por asociación ilícita donde se investiga al matrimonio Kirchner.

El fiscal Gerardo Pollicita pidió hoy que se cite a indagatoria al ex jefe de la AFIP y actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, y al empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa por irregularidades con el impuesto al combustible, en el marco de una causa por asociación ilícita donde se investiga al matrimonio Kirchner.

El pedido fue formulado ante el juez federal Julián Ercolini, quien instruye la causa abierta por la presunta existencia de una banda delictiva, a partir de una denuncia que radicaron la diputada nacional Elisa Carrió y la legisladora porteña Paula Oliveto Lago (CC-ARI) en 2008, donde acusaron al matrimonio de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ex funcionarios y allegados.

La solicitud fiscal para indagar a Echegaray -y también al ex jefe de la DGI Angel Toninelli- se formuló apenas unas horas después de que el juez Sebastián Casanello fijara la citación de ambos a prestar declaración como sospechosos en la causa de lavado de activos conocida como la «ruta del dinero K» en la que está preso otro amigo de los Kirchner, Lázaro Báez.

En marzo pasado, una investigación del diario La Nación descubrió que Cristóbal López no habría derivado a la AFIP más de 8.000 millones de pesos de impuestos a las naftas que correspondían a su cadena de estaciones de servicio Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo.

El gobierno macrista, a través de la AFIP, impulsó una denuncia en la justicia en lo Penal Económico contra el grupo, pero la diputada Elisa Carrió ya apuntó a Echegaray en su acusación que se investiga desde 2008, al sostener que una supuesta asociación ilícita encabezada por Néstor Kirchner, funcionarios y amigos «defraudó de modo sistemático, deliberado y permanente a las arcas del Estado».

Según las constancias, «desde mayo del año 2011, cuando OIL COMBUSTIBLES S.A. comenzó con su operatoria, y durante más de cuatro años, la AFIP, a través de un gran número de irregularidades habría permitido que la mencionada firma no pagara el impuesto sobre los combustibles líquidos como lo preveía la normativa vigente -de los 55 períodos fiscales que se analizan, OIL pagó en tiempo y forma únicamente 7 de ellos- y utilizara indebidamente ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenece (GRUPO INDALO), y así se tornara incierto el cobro de lo adeudado por parte del Estado Nacional».

El fiscal también pidió investigar «el destino que los empresarios involucrados le imprimieron al dinero obtenido a través de la maniobra fraudulenta descripta, el cual según la denuncia habría retornado al matrimonio presidencial, en concepto de alquileres inmobiliarios de propiedades de aquellos».

La hipótesis de la causa es que la maniobra «se ejecutó al amparo de una política general de otorgamiento de planes de facilidades de pago para los deudores tributarios» que funcionaron «como el medio a través del cual las autoridades de la AFIP por acción u omisión permitieron que la firma OIL no abonara el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) ya recaudado y acumulara una deuda con el Fisco Nacional varias veces mayor a los bienes de uso y cambio de la petrolera».

Según explicó, «la maniobra fraudulenta fue edificada sobre tres grandes pilares: 1) la inversión inicial en el negocio petrolero; 2) el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago y la utilización indebida de la recaudación del ICL impago para el financiamiento y expansión del grupo económico, y como correlato de ello, 3) el perjuicio millonario al erario público por la falta de percepción del tributo en cuestión».

Añadió que «los funcionarios de la AFIP no habrían reclamado el pago de la deuda cuando ya era exigible, y a la vez habrían permitido por acción en algunas oportunidades, y por omisión en otras, un gran número de irregularidades en el tratamiento y otorgamiento de regímenes de asistencia financiera que al analizarlas de forma mancomunada e integral permitirían comprender la maniobra en su conjunto».

Desde 2010 a 2013 la empresa consolidó una deuda «que superaba los 4 mil millones de pesos», pero a partir de ese año «nuevamente OIL, luego de no abonar el ICL por 9 meses y sin que se le exigiera su pago, se acogió a dos nuevos planes de facilidades (RG N° 3756 y 3806) a 120 cuotas -10 años- por un total de casi 4 mil millones de pesos por los períodos devengados desde septiembre de 2014 hasta agosto de 2015 -ya que había pagado los meses de junio, julio y agosto 2014-, lo que luego repitió a través de una nueva resolución que le permitió financiar el ICL de los períodos septiembre a diciembre 2015, todo lo cual generó que la deuda alcanzara la suma de prácticamente 9 mil millones de pesos».

Y en marzo último, tras la denuncia de la AFIP, «la empresa OIL, con una deuda que superaba ampliamente sus bienes de uso y de cambio, se presentó en concurso de acreedores» ante la justicia de Comodoro Rivadavia, «tornando cuanto menos incierto el eventual cobro de lo adeudado al Fisco Nacional», dijo la Fiscalía.

Se pidió entonces la indagatoria de los empresarios Cristóbal López, Manuel López y Carlos Fabián De Sousa; de los ex jefes de la AFIP Ricardo Echegaray y de la DGI Angel Toninelli y de casi una veintena de ex funcionarios, entre los que se destacan Gustavo Michel, que fue director de Aduanas, y la entonces subdirectora de Operaciones Impositivas de la AFIP, Karina Vernier.