Lo presentaron las diputadas provinciales Patricia Chialvo y Silvia Simoncini. Piden que la provincia revise las políticas sobre los menores institucionalizados.
“La provincia debe revisar las políticas sobre niños, niñas y adolescentes institucionalizados”. La afirmación fue hecha por la legisladora justicialista, quien presentó un pedido de informes junto a la diputada Silvia Simoncini relacionado con los lamentables acontecimientos sucedidos en Casa Cuna.
Chialvo manifestó su preocupación por la situación de niños, niñas y adolescentes institucionalizados dado que “los acontecimientos recientes responden a una situación que no creemos que haya sido un hecho menor o aislado –en contraposición por lo manifestado por el subsecretario de niñez Horacio Coutaz- y que pone en evidencia la necesidad de conocer cómo se están aplicando las políticas públicas relacionadas a la protección integral nuestros chicos”, aseguró la licenciada en trabajo social.
La diputada se refirió a lo ocurrido la semana pasada en el Hogar Casa Cuna cuando en el término de 48 horas, 11 chicos de entre 7 y 11 años se escaparon de la institución y posteriormente fueron encontrados en inmediaciones del barrio Centenario.
El mismo lugar tomó trascendencia cuando dos días después en el interior del mismo se registraron inconvenientes en los que tuvo que tomar intervención la policía.
En este sentido, Patricia Chialvo señaló que el escape de los chicos enciende una alarma, como también la forma en la que se ha intervenido frente a esto por parte de las autoridades.
Asimismo destacó que “en ambos casos quien actuó fue la fuerza policial, lo cual se encuentra en contradicción con los procedimientos que sugiere la Convención sobre los derechos del Niño, que recomienda la intervención de personal especializado”.
De la misma manera, recordó que la situación de los chicos institucionalizados se extiende a la de los menores internos detenidos en la Cárcel de Las Flores, con falta de garantías mínimas en sus condiciones de alojamiento como también de derecho a la escolaridad secundaria obligatoria.
Por último, la diputada aseguró que el Estado adhiere a los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, por lo cual “debe garantizar el cumplimiento efectivo de cada una de sus normas y procedimientos, como también la aplicación de políticas públicas a tal fin”, concluyó.
