La información liberada por los fiscales a la defensa de los imputados acusados de espionaje ilegal permitió a Zona Crítica identificar una práctica sistémica. La obsesión por el diputado Pullaro y su entorno.
Apenas el 13% de las personas contenidas en un primer listado de 661 nombres que fue confeccionado en diciembre por los fiscales Mariela Jimenez y Ezequiel Hernández en el marco de la causa por espionaje, estaba contemplado bajo un paraguas de legalidad, es decir una IPP (Investigación Penal Preparatoria) que la justifique. El resto, quedó bajo la lupa de un grupo de personas que respondían al ex ministro de Seguridad Marcelo Saín, quien coordinaba –para los fiscales- la tareas de producción y recopilación de daros sensibles de periodistas, empresarios / empresas, políticos, gremialistas, jueces y fiscales. La pesquisa, hasta ahora, se centra en la recopilación por medio de perfiles de más de mil personas – no todos santafesinos- que por una u otra razón despertaban el interés del creador de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esto se da de bruces por la ley 25520, que fija límites a este tipo de maniobras y pena a quienes, sin causa justificada, realizan tareas de inteligencia sobre los ciudadanos.
Desde la semana pasada todas las partes pudieron acceder al contenido del legajo CUIJ 21-08672711-8, iniciado a partir de la denuncia del Director del Organismo de Investigaciones Víctor Moloeznik. La misma daba cuenta de varias situaciones en donde funcionarios de Seguridad (Poder Ejecutivo) o del Organismo de Investigaciones (dentro del MPA) recopilaban ilegalmente información sobre personas físicas o jurídicas, utilizando personal, bienes y servicios pagados por el Estado. Declararon varias personas en el expediente, casi todas se desempeñan en el Ministerio de Seguridad o en el O.I. Señalaron un relación promiscua entre ambas estructuras, basada en la coordinación para conformar perfiles de personas utilizando fuentes abiertas, como BCRA o CuitOnLIne o cerradas, que incluían servicios pagos como Riesgo OnLine, Veraz, Sudamericadata y Nosis. También bases de datos públicas con acceso restringido, como Migraciones, Renaper o la Dirección Nacional de Registro Automotor. Los perfiles incluían además fotos de los espiados obtenidas de las redes sociales en información sobre amistades o composición familiar. Muchos de los testigos reconocieron haber realizado esos perfiles y aportaron los mismos, admitiendo que fueron pedidos por Saín o en nombre de él. Aportaron incluso comunicaciones con compañeros de trabajo o superiores respecto a cómo debían realizarse esos perfilamientos. El siguiente paso de los fiscales fue pedir a esas bases de datos las consultas realizadas por esos usuarios y el IP desde donde se realizaron las consultas. Por ejemplo, Nosis informó 8619 consultas y Sudamericadata 17.147.
Por esta causa se encuentran imputados, además de Saín, su ex asesora Nadia Schujman, el ex subsecretario de control Diego Rodríguez, la suspendida es jefa del área de Inteligencia Criminal del O.I, Débora Cottichini, el ex subsecretario de Análisis Criminal, Pablo Álvarez, el ex Secretario de Seguridad, Germán Montenegro; el ex secretario privado de Sain, Juan Sebastián Sánchez y las ex asesoras Milagros Bernard y Agustina Moulins. En otra causa que se sustancia en paralelo por la tentativa en la compra irregular de armas están imputados además de Saín y Montenegro, el ex Secretario Administrativo Maximiliano Novas.
OBSESIONES Y PERFILES ILEGALES
Entre el material secuestrado sorprende la especial obsesión que tenían los (ahora) investigados / imputados por conocer información sensible del diputados provincial y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, a la postre el primer afectado particular admitido como querellante en el proceso. Por ejemplo, el 14 de febrero del 2020, cerca de las 11 de la noche, desde el usuario a nombre de Débora Cottichini se buscó en la base de Migraciones información sobre Pullaro y su hermano. Por otro lado se hizo un perfilamiento patrimonial de todos los hermanos del ex ministro radical. También fueron requeridos los movimientos migratorios del ex secretario privado de Pullaro, Daniel Di Lena. Sorprendió encontrar en el teléfono secuestrado a Germán Montenegro varias fotografías del actual diputado de redes sociales o de medios de comunicación, a pesar que el teléfono fue formateado una semana antes del secuestro. En las oficinas del ministerio de Seguridad – sede Rosario- allanadas a finales de noviembre e encontraron copias de transcripciones de escuchas telefónicas de la causa federal en la que se investigó al ex comisario Alejandro Druetta. Eran conversaciones del ex comisario con Pullaro, que luego se viralizaron en distintos medios y fueron comentadas por el propio Saín en redes sociales. Sobre este particular, hay evidencia que permite identificar a la imputada Milagros Bernard como quien consiguió os audios, los transcribió y los hizo circular. Al menos, de eso mismo ella presume en audios compartidos con funcionarios del O.I. “Había mucho interés por perfilar a Pullaro (…) estaba la orden de Saín y así se hizo”, declaró uno de los testigos. En un prendrive hallado en la oficina que ocupaba Maximiliano Novas (ex cuñado de Saín) se encontró un documento titulado “Designaciones”, fechado el 10 de diciembre de 2019. En ese listado figuran, entre otras, dos personas, un hombre y una mujer. El primero identificado como “íntimo” de Pullaro y la segunda como “muy íntima”. Ambos fueron perfilados por la gestión Saín. El “íntimo” fue espiado desde una computadora particular, cuyo IP está registrado a nombre de una dirigente política vinculada al espacio partidario de Pablo Javkin. La investigación permitió dilucidar que ello fue así porque la mujer está en pareja y convive con uno de los imputados, que dejó las huellas de su consulta. La mujer -“muy íntima” – trabaja en el O.I y fue secretaria privada de Pullaro en su paso por el ministerio de Seguridad. Siempre fue sindicada por la oposición como una de las militantes radicales que entró al MPA por la ventana.
Autor: Héctor M. Galiano
