El empresario Leonardo Peiti, imputado por manejar el juego clandestino en las ciudades santafesinas de Rosario, Rafaela y Melincué acaba de pre acordar un juicio abreviado que contempla una pena de unos seis años de prisión y una multa de 536 mil dólares. En ese camino, declaró el lunes de la semana pasada durante dos horas, brindó información sobre un supuesto superior, que sería el senador peronista por el departamento San Lorenzo Armando Traferri, y pidió acogerse a la figura de arrepentido, que en caso de ser admitida rebajaría a la mitad la pena.
El juicio abreviado fue convenido entre los abogados particulares Ángelo y Luis Rossini, el fiscal general Jorge Baclini, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de Rosario; Guillermo Loyola y Gabriela Lema de Rafaela; y Matías Merlo de Melincué. Abarca las tres causas de las distintas jurisdicciones por las que se encuentra acusado Peiti, quien además cuenta con licencias de juego legal en Formosa, Misiones y Paraguay.
Peiti fue imputado en Rosario el año pasado en el marco de una investigación contra una fracción de Los Monos dedicada a extorsiones y juego clandestino. De esa trama se desprendió otra investigación en la que el empresario fue imputado por juego clandestino y asociación ilícita. En ese contexto, pidió declarar ante los fiscales y contó que pagaba coimas de miles de dólares mensuales a un fiscal y al jefe de fiscales de la ciudad a cambio de protección judicial. Esos dos funcionarios judiciales eran Gustavo Ponce Asahad –condenado a 3 años de cárcel– y Patricio Serjal Benincasa –acusado y con arresto domiciliario–, respectivamente.
Ahora, tras la unificación de las causas de las tres ciudades santafesinas por el mismo delito, el empresario apuntó contra otra persona que él consideró superior en la estructura investigada: el senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri, un histórico dirigente peronista.
El empresario acusado de regentear el juego ilegal en las tres ciudades santafesinas dio muchos detalles de encuentros con el senador Traferri y hasta montos de miles de dólares que supuestamente pagó en concepto de coima.
El 4 de septiembre pasado, días antes de esta explosiva declaración del empresario, fue imputado en esta investigación de Rosario por juego ilegal el ex diputado provincial peronista Darío Scataglini, quien hasta el año pasado era asesor en la Legislatura santafesina. Los fiscales Edery y Schiappa Pietra lo acusaron de hacer uso de sus influencias durante una negociación que tenía como objetivo que la Lotería de Santa Fe le otorgue a la empresa Wildar Gaming SRL, cuyo titular es Leonardo Peiti, la explotación de las terminales de lotería virtual.
¿Qué tiene que pasar para que Peiti sea admitido como arrepentido? Por un lado, los fiscales Edery, Schiappa Pietra, Loyola, Lema y Merlo deberán constatar los datos brindados, mientras que el juez –aún no designado, se tiene que mandar a sorteo– tendrá que considerar si el aporte fue significativo y si afecta a una persona considerada un “eslabón superior” dentro de la estructura investigada.
La de ahora no es la primera alusión a Traferri en la investigación. El por entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad –condenado y destituido de su cargo por esta causa– declaró y fue admitido como arrepentido al dar información precisa de reuniones mantenidas con Traferri por juego clandestino. También agregó datos con respecto al por entonces superior, el fiscal regional Patricio Serjal.
En paralelo, en la causa por juego ilegal de Rafaela, la viuda de David Perona, considerado el “Rey del juego clandestino”, declaró ante los fiscales que su esposo había aportado unos 8 millones de pesos a Traferri para una de sus últimas campañas electorales.
