Fue luego de la información difundida por este portal en la que se narraban una serie de irregularidades que no habían sido investigadas en profundidad, ni por Asuntos Internos, ni por la fiscal a cargo.
Se trata del comisario Mauricio Cornejo (foto), el subcomisario Daniel Pinto, el inspector Gonzalo Luque y el oficial Marcelo Meyder, todos ellos fueron notificados ayer a la mañana del decreto de disponibilidad. Pinto era el jefe de la Unidad de Testigos y Querellantes de la provincia.
La medida la adoptó el Jefe de la Policía José Amaya por pedido del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. La decisión se aceleró luego de una serie de notas publicadas por este medio en la que se relataban una serie de irregularidades detectadas en la Unidad especial desde enero del año pasado.
Adulteración del kilometraje en los vehículos oficiales, cargas de combustibles falsas o en coches particulares, horas extras truchas que benefician a jefes o subalternos amigos, paupérrimas condiciones de trabajo y colapso logístico forman parte del vademécum de presuntos delitos o irregularidades denunciadas ante el Subsecretario de Asuntos Internos de la provincia en octubre pasado y que aún, no tiene grandes avances, pese al detalle puntilloso del escrito anónimo que había llegado a manos de las autoridades del Ministerio e año pasado.
En el mismo se detallan una serie de actos deliberados orientadas a defraudar al Estado, hurtar combustible, engañar sobre el pago de horas OSPE (Ordenes de Servicio de Policía Excepcional) y usar los bienes públicos para beneficio de los jefes. Por ejemplo, se detallaba una lista de autos disponibles al servicio de la Unidad cuyo kilometraje fue adulterado en los primeros días de enero del año pasado en un taller mecánico de Santo Tomé. Para perfeccionar la impunidad, la denuncia describe una maniobra de manual: adulterar los libros de guardia, situación que habría ocurrido entre el 18 y 19 de enero del 2016.
También se menciona que fueron frecuentes las cargas de combustibles en autos particulares con el sistema de Carga Visa Flota, que debería tener un seguimiento pormenorizado por número de móvil y personal a cargo. Además, se menciona un caso concreto que describe el descontrol: un móvil, el 4289, no registra movimientos de entrada y salida de la dependencia, sin embargo, su tarjeta fue utilizada muchas veces para la carga de combustible.
La denuncia apunta a los jefes de la Unidad, creada hace más de una década por entonces gobernador Jorge Obeid, para asistir a víctimas del terrorismo de Estado en las causas en trámite en distintos juzgados federales de la provincia. En términos políticos depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero en los cotidiano y burocrático al jefe de Policía de Provincia.
Hasta el pase a disponibilidad la Unidad estaba guiada por los comisarios Mauricio Cornejo y Daniel Pinto, que son los mismos que forman parte de la denuncia que Asuntos Internos puso en el freezer por mucho tiempo y reactivó hace unos días luego de la nota de este medio. Hasta entonces, sólo habían realizado algunas declaraciones informativas y algunos oficios de rigor, como diligencias, con conocimiento de la fiscal Milagros Parodi, que tampoco había mostrado profundo interés en activar la denuncia. Una muestra de ello es que, hasta mediados de marzo no se había abierto un legajo fiscal, es decir una causa formal .
La denuncia también señalaba una serie de posibles maniobras fraudulentas para cobrar horas OSPE, donde los jefes y subjefes de la Unidad se benefician con el cobro de las mismas, pero sin cumplir ningún servicio, o el caso de otros efectivos que, estando de servicio ordinario, realizan horas extras, expresamente prohibido por la ley vigente.
Además, se detallan en el escrito anónimo que, en varias ocasiones, servicios de traslado de personas acogidas a la protección fueron realizados por personal que debió cobrar un viático, pero en su lugar lo cobraron los jefes, “todo con complicidad del jefe de Logística de la Unidad y su secretario”, se señala.
