Se trata de Walter Barco y Hernán Galán. Un informe del Organismo de Investigaciones de la provincia había dejado a ambos al borde del juicio, pero peritos del Ministerio Público Fiscal de la Nación concluyeron que no eran ellos quienes aparecían en las imágenes.
Walter Sebastián Barco era Jefe del Departamento Operativo de Investigación de la Región 1 de la policía provincial y Hernán Ceferino Galán era Jefe de la División Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal en 2022. Ambos tenían carreras en ascenso y un futuro prometedor, pero el 19 de mayo de ese año todo se derrumbó de manera imprevista y brutal. La Justicia Federal los acusó de «encubrimiento agravado por ser funcionarios públicos» en torno de la investigación del crimen del agenciero Hugo Oldani, ocurrido la tarde el 11 de febrero de 2020 en el microcentro de la capital provincial. Ahora, se pudo determinar que «la prueba» que los incriminaba en realidad los eximía de cualquier responsabilidad.
El episodio por el que fueron procesados Barco y Galán tuvo lugar en el edificio en donde se cometió el homicidio, apenas unas horas después del asalto. En ese momento desaparecieron de la escena del crimen billetes nacionales y extranjeros, por una suma millonaria, que estaban dentro de la caja fuerte del local (más de 3 millones de pesos y más de un millón de dólares, según estimaciones que se hicieron en base a una foto tomada por peritos de criminalística).
Todo pasó durante un procedimiento en el que estuvo presente la fiscal del caso, Cristina Ferraro, quien autorizó a familiares de la víctima a ingresar a la oficina presuntamente sólo para retirar documentación. Por el incidente, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación quedó en la mira de la Justicia Federal, que supone que en el lugar funcionaba una «cueva financiera» y el dinero «desaparecido» era de origen ilegal. También resultaron procesados por «encubrimiento, agravado por el ánimo de lucro» un familiar de Oldani, una amiga y una empleada de la agencia.
A Barco y a Galán se los acusó de «inutilizar parte del material fílmico que hubiese servido como prueba ante la autoridad competente, al desconectar la cámara número 6 del circuito cerrado instalado en la Galería ‘Rivadavia’ de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, el día 11 de febrero de 2020 a las 21:59 horas, la cual estaba destinada a captar imágenes del pasillo que desemboca en el hall ubicado frente de los locales de la firma, mientras actuaban como auxiliares de la fiscal Cristina Ferraro».
La presunta acción ilícita había sido captada por otra cámara que apuntaba a la cabina en la que se encontraba la grabadora de todo el sistema de filmaciones.
Sin video
La prueba principal que se tuvo en cuenta para procesar a Barco y Galán fueron esas imágenes, en realidad una interpretación de ellas porque el video desapareció. Un informe del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación dictaminó que en él se veía a los dos policías, entonces jefes de la Policía de Investigaciones, manipulando el aparato en el momento en que una de las cámaras se apagaba.
En dicho documento se indicó: «se puede observar en la imagen a personal de PDI, quien sostendría una carpeta en su mano y a Barco con un teléfono en su mano. Además, un masculino con chomba rayada, bermuda y mocasines a quien no se pudo identificar», para luego señalar que a las 21:56 horas «en la imagen se observa al masculino previamente mencionado vestido de chomba rayada, bermuda y mocasines, agachándose en el lugar donde se encontraría el DVR que conecta las cámaras de la galería donde se desarrolló el suceso objeto de la investigación (…) Minutos después de que el masculino previamente mencionado se agacha hacia el DVR, la cámara 6 deja de funcionar».
Juicio a la fiscal Cristina Ferraro por el Caso Oldani
Los videos en cuestión recién aparecieron a fines del año pasado. La fiscalía del doctor Walter Rodríguez solicitó entonces la colaboración a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal de la Nación (DATIP), con el objeto de analizar las filmaciones.
El Laboratorio de Multimedia Forense de la citada dependencia concluyó que ninguna de las personas analizadas presentan rasgos faciales y fisionómicos coincidentes con los de los funcionarios policiales Barco y Galán.
Ante esta nueva evidencia, la fiscalía dictaminó a favor de los encausados -que en el proceso estuvieron representados por los abogados Hilda Knaeblein y Sebastián Gervasoni- y el Juzgado Federal N° 2, a cargo del magistrado Aurelio Cuello Murúa, los sobreseyó.
Fuente: El Litoral
