Cuando lo detuvieron dijeron que formaba parte de la banda de Los Monos, que era un “pesado” y que estaba prófugo. Lo que pudo demostrar la justicia este martes es que sólo huía de la justicia por una causa anterior, por la cual quedó sentenciado por tenencia simple de droga. Quedará preso por una condena anterior que se le acumuló.
Claudio Gorosito, de 40 años, fue sentenciado este martes por el Tribunal Oral Federal de Santa Fe a la pena de 3 años de prisión por tenencia simple de drogas ya que sólo se le pudo probar que tenía en su poder 300 gramos de estupefacientes. De no haber sido por una condena anterior que debía cumplir y que se le acumulo a ésta, el acusado salía por la calle del tribunal y se iba a su casa de Arroyo Leyes, donde fue detenido por la policía santafesina en julio del año pasado.
Gorosito fue condenado entonces a 4 años y 10 meses de cárcel por los jueces del TOF Ivón Vella, José Escobar Cello y Luciano Lauría y así podrá volver a su hogar en poco tiempo. Entre el público estaba la madre de sus hijos, Roxana Giuppone, que en 2010 fue detenida en la misma casa de la costa santafesina y, en un procedimiento muy irregular de la policía santafesina se le secuestró droga y precursores o solventes. Llegó a juicio con la imputación de fabricación de estupefacientes pero salió absuelta por el beneficio de la duda, apoyado en la intervención de los policías que intervinieron e hicieron un allanamiento por demás de polémico. Esas irregularidades se plasmaron en la audiencia de debate de la causa que tuvo a Gorosito imputado en donde una vez más no quedó en claro por qué allanaron la casa que el acusado tenía con Giuppone en Arroyo Leyes en enero de 2010.
Sobre Gorosito se tejieron historias de todo tipo: que era de la banda de Los Monos, los rosarinos que marcaron a sangre y fuego a vida delictiva en Rosario, que era un “narco pesado” o que tenía contactos con jefes policiales para poder trabajar tranquilo e la venta de drogas. Nada de eso se pudo dilucidar porque cuando la policía lo ubicó en su casa de la costa hace un año no tenía una orden para requisar la finca y, cuando pidió autorización al juez federal Francisco Miño, el magistrado no se la concedió, pese a que, según las autoridades policiales que estuvieron en el lugar, había varios teléfonos celulares sonando y otros elementos que podían ser fundamentales para vincularlo a la venta de drogas.
La negativa del juez generó un contrapunto público entre el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, y las autoridades judiciales federales santafesinas.
