Al tiempo que la jueza Mónica Lamperti ordenó la prórroga de la prisión preventiva por un mes contra dos imputados en la megacausa por estafas inmobiliarias; el fiscal Sebastián Narvaja aportó novedades: «desapareció» documentación del Registro de la Propiedad sobre el campo de Villa Amelia; el último comprador «de buena fe» de ese lote pidió ser querellante contra los acusados; y se conocieron cuatro cuentas offshore del agente bursatil imputado, Jorge Oneto, por 5 millones de dólares. En tanto, la audiencia de constitución de querellante del Gobierno Provincial pasó para la semana que viene, atento el tiempo que demandaron las audiencias de prórroga de las prisiones preventivas para Oneto y Jonatan Zárate, a quien además le imputaron otros dos hechos. El lunes será momento de decisión en cuanto a la situación del escribano Juan Bautista Aliau, que pidió prisión domiciliaria, por cuestiones de salud.
A un mes de las detenciones a los llamados «acusados de guante blanco», en el marco de una asociación ilícita para realizar estafas con propiedades, los fiscales Valeria Haurigot y Sebastián Narvaja pasaron en limpio lo realizado en las últimas semanas. Una de las cuestiones que «ayudó a llenar los blancos» que había en la causa fue la declaración de Juan Ignacio Borghi, que integra la inmobiliaria Gilli. Este figura como el último comprador del inmueble de Villa Amelia (en septiembre de 2015), considerado «de buena fe» por la Fiscalía, ya que el monto abonado por el predio fue mucho mayor a las cifras que se venían pagando entre los llamados «compradores conniventes», para que el inmueble gane valor y vuelva al circuito legal. Todo empezó con la falsedad plasmada en un poder a favor de Roberto Aymo, que luego vendió el predio al sindicalista Maximiliano De Gaetano, a quien tiempo después le compraron el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef; y el gerente del diario La Capital, Pablo Abdala (en libertad bajo fianza), quienes le vendieron a Oneto, casi un año después. En esas operaciones están involucrados los escribanos Eduardo Torres, Luis María Kurtzemann y Aliau.
Borghi señaló en su entrevista en Fiscalía que pretendía querellar contra los dueños anteriores del predio, incluso contra los escribanos intervinientes. El hombre dijo que se dedica a realizar operaciones con terrenos para luego armar loteos. En este caso, se trataba de un plan de polígono industrial con la autorizaciones municipales y del área de Medio Ambiente, según explicó en la Fiscalía. «Su declaración contribuye con la teoría de que Oneto actuó como fronting (maniobra de lavado) en la transmisión del campo de la señora Luppi (dueña del predio) obtenido de manera ilícita para ponerlo en circulación y beneficiarse económicamente», dijo Narvaja, quien detalló que a Borghi «lo contactaron ofreciéndole el campo como propiedad de Oneto, quien escrituró recién cuando ya tenía comprador. Antes, Abdala y Jaef habían presentado un pedido de loteo a la comuna de Villa Amelia, que les fue negado. Sí se autorizó a Borghi para un polígono industrial, porque eso le interesaba a la comuna». Incluso, habló de «maniobras para despegar a la víctima del depositario final del campo, porque en el lavado mientras más operaciones se intercalan entre la operación ilícita y la sucesión final del campo hay más condiciones de impunidad para dar apariencia de legalidad». Finalmente, el boleto se firmó entre Borghi y Oneto. «Los dichos de Borghi fortalecen la idea del dolo de Oneto en todas las operaciones de Villa Amelia», dijo Narvaja.
En este contexto, el fiscal también reveló que Gilli está siendo investigada por la Fiscalía, por un loteo de la localidad de Villa Constitución, conocido como Don Carlos, donde la municipalidad de esa localidad denunció la venta irregular de lotes. Y agregó que cuando el escribano Luis María Kurtzemann quiso inscribir la escritura de Oneto en la Registro de la Propiedad se la dieron como provisoria, porque faltaban algunas cuestiones; luego la Fiscalía hizo una medida innovativa que apunta a bloquear los movimientos de esa carpeta; pero, cuando el escribano volvió, ya «en conocimiento de la presentación de la Fiscalía», la escritura con sello definitivo se sumó tras la provisoria, en septiembre de 2015, cuestión que no está permitida. «Se puenteó la medida innovativa», protestó Narvaja.
Fue entonces cuando se dio a conocer el dato más sorprendente: «Todos estos folios, donde figuran esas cuestiones (movimientos en el legajo del campo) desaparecieron del Registro de la Propiedad». Hay que recordar que una empleada del Registro, Liliana C., fue apartada de esa dependencia, tras el conocimiento de la investigación; pero la faltante se conoció recién esta semana.
Tras ello, Narvaja habló de los vínculos de Oneto con Leandro «Lelo» Pérez. Según dijo, tras el allanamiento en su departamento de la torre Acqualina se encontró una carpeta debajo del televisor llamada «gastos almacenero» en la que figuraban anotaciones de deudas y créditos entre las que aparecía «Lelo»; también registraron viajes juntos a Estados Unidos, México, España, y Brasil, en septiembre de 2016. Todo ello se contradice con la declaración de Oneto, en octubre pasado, cuando aseguró que a Pérez lo conoce solo socialmente. Además, en las oficinas de Oneto, también allanadas, se encontró un pagaré por 250 mil pesos, a favor de Eduardo Malatesta, socio de Pérez en la SRL Palabra Santa. Sobre la relación, el fiscal indicó que Pérez logra tener a Oneto como fronting, ya que él no tiene capacidad. Incluso mencionó cuatro empresas offshore a nombre de Oneto en Bahamas, Panamá y Uruguay.
En cuanto a Zárate, la fiscalía le imputó un nuevo hecho por usurpación de un departamento de Montevideo y Dorrego, que fue denunciada por los cinco herederos de la propiedad. Además, lo acusó de utilizar una camioneta Renault que tenía pedido de captura. El acusado quiso hablar: «Estoy acá por confiar en una persona que me pidió que le firmara papeles porque estaba inhibida y me pidió una copia de mi documento», dijo.
Los fiscales consideraron que la pena en expectativa contra los imputados será de prisión efectiva y ante ello solicitaron la ampliación de la prisión preventiva hasta el juicio, pero la magistrada optó por extenderla hasta el 12 de diciembre, cuando deberán ser revisadas las situaciones de otros seis imputados.
