Hasta que expire su condena a tres años en agosto de 2023 deberá cumplir con reglas, entre ellas «no cometer nuevos delitos»
Luego de expresar en una audiencia judicial que tenía miedo y que responsabilizaba por lo que pudiera pasarle a él o a su familia a las otras personas que están imputadas en la causa, el ex fiscal Gustavo Alcides Armando Ponce Asahad salió ayer en libertad condicional tras permanecer más de un año detenido. Veinte días atrás el ex funcionario judicial fue condenado mediante un procedimiento abreviado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, pena que se redujo a la mitad en virtud de la figura de imputado colaborador —una suerte de arrepentido— a la que pidió acogerse en abril pasado.
La condena a tres años le permitía al ex funcionario judicial solicitar la libertad condicional en función del tiempo que transcurrió encarcelado, desde el 31 de julio de 2020. Así, luego de revelar información importante sobre la red de juego clandestino que integraba en la que también está acusado como organizador el ex fiscal regional Patricio Serjal, Ponce Asahad podrá volver a las calles siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones hasta el 4 de Agosto de 2023, fecha en que expira su condena. Entre esas reglas de conducta deberá “desempeñar un trabajo, oficio o profesión” y “no cometer nuevo delito”. Tampoco podrá tener contacto con otros imputados ni con los abogados de éstos. Y si alguno de ellos lo contactaran deberá denunciar esa situación.
Extorsiones y casinos
La investigación de la rede de juego clandestino que les costó el puesto a los ex fiscales Serjal y Ponce Asahad fue una derivación de la pesquisa del crimen de Enrique Encino, quien había ido a jugar al casino City Center y murió de un balazo en la cabeza en una balacera extorsiva. Buscando a los asesinos, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dieron con una facción de Los Monos dedicada a cometer extorsiones a los tiros.
Pero la fatal balacera mafiosa que pretendía obtener un pago de parte del casino a cambio de no seguir baleando el edificio terminó revelando, en julio de 2020, que los extorsionadores habían recibido al menos una vez colaboración desde la propia Fiscalía Regional. La lupa se posó sobre Ponce Asahad y su empleado Nelson Ugolini, que habían brindado información sobre un procedimiento relacionado con dos personas al parecer vinculadas con ese ataque.
El nexo entre el fiscal y esa facción de Los Monos era Leonardo Peiti, un empresario de juego legal e ilegal que había sido extorsionado por la banda y luego se asoció con ellos. Al avanzar sobre Peiti, éste reveló que había conocido a Ponce Asahad en diciembre de 2018, cuando el entonces fiscal le ofreció protección judicial a cambio de una mensualidad estimada entre cuatro y cinco mil dólares. El plan era prevenirlo sobre allanamientos que pudieran caerle a Peiti no sólo en Rosario y ayudarlo a esquivar investigaciones en su contra.
Antes de ser imputado, el empresario declaró ante los investigadores en plan de arrepentido. Así aportó datos sobre sus encuentros con Ponce Asahad que los investigadores comprobaron. Eso derivó en la primera imputación contra el ex fiscal por cohecho e incumplimiento de sus deberes. Pero las revelaciones de Peiti no quedaron ahí sino que escalaron hasta Serjal, que terminó destituido y tras las rejas. El ex fiscal regional sigue imputado aunque desde febrero con prisión domiciliaria por problemas de salud.
La red lúdica
La investigación separó entonces el ala extorsiva atribuida a Los Monos de la red de juego clandestino que Peiti y sus contactos extendían por toda la provincia. En ese marco, en diciembre pasado Ponce Asahad pidió declarar y brindó detalles sobre “la pata política” de la organización. De esa manera involucró como organizador al senador provincial por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri, a quienes los fiscales han convocado más de una vez para imputarlo como organizador. Pero ese trámite no ha prosperado ya que el Senado provincial no accedió a quitarle los fueros en tal sentido y la controversia deberá ser definida por la Corte Suprema la provincia.
Esos dichos fueron ratificados en abril, cuando pidió declarar como imputado colaborador y finalmente terminó acordando la pena de tres años en un juicio abreviado homologado el pasado 7 de septiembre.
