Es la causa por supuesta defraudación al Estado por parte de la fundación de las Madres de Plaza de Mayo.
El gobernador Miguel Lifschitz formará parte de un pelotón de 46 funcionarios -presidentes comunales, intendentes y gobernadores de distintos puntos del país- que transitarán por los tribunales federales para declarar en la causa en la que se investiga la defraudación al Estado que habría llevado adelante la fundación Sueños Compartidos con la construcción de viviendas sociales.
Esa causa dormía plácidamente en los tribunales federales de Capital Federal, pero se reactivó tras la detención del ex secretario de Obras Públicas José López, un jugador clave en el entramado que tejieron los hermanos Schoklender y la Asociación Madres de Plaza de Mayo a partir de la construcción de las viviendas sociales.
Después de participar del acto de promesa de lealtad a la Bandera en el Monumento, Lifschitz fue claro. “Nosotros nunca manejamos un peso” de la construcción de más de 500 casas en el barrio Toba.
El gobernador tuvo que salir a despegarse de este tema, que según admitió se “enteró por los diarios”. “Sería bueno que la causa de Sueños Compartidos se reactive y sepamos qué ocurrió con el dinero que fueron destinados para la construcción de viviendas”, afirmó el mandatario.
“Estoy muy tranquilo porque siempre fuimos muy cuidadosos con ese tema y apenas surgió la primera denuncia contra los hermanos Schoklender (por el año 2009) inmediatamente cortamos todo”, sostuvo el gobernador.
Lifschitz remarcó que “nunca vimos un solo peso” y contó que “la Municipalidad de Rosario se limitó a aprobar el proyecto, verificar los trabajos y certificar el avance y calidad de las obras”.
“El gobierno nacional era el que pagaba directamente a la fundación de las Madres” y recordó que el proyecto de Travesía también fue aprobado por el Concejo.
La construcción de las viviendas proyectadas por Sueños Compartidos en el barrio Toba de Rosario comenzó en 2010. Se empleó allí un sistema de edificación en seco que capitaneaba Sergio Schoklender, a quien las vueltas de la vida trajo otra vez a Rosario, donde, según confió, es donde vive y trabaja actualmente.
El sistema
La construcción de las viviendas era a través de cooperativas que se conformaban en el barrio y cursos de oficio para los habitantes de la zona, que eran quienes formaban parte del plantel de obreros en el emprendimiento. En la primera etapa estaba previsto que se construyeran 250 viviendas, un salón de usos múltiples, una escuela y un centro de salud. En un segundo capítulo se pensaban levantar otras 244 casas.
La obra en Rosario se realizaba con financiamiento no reintegrable del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y como destacó el gobernador contó con la aprobación del Concejo Municipal.
En el medio afloró el escándalo de Sueños Compartidos y las denuncias por corrupción. El entonces juez federal Sergio Oyarbide ordenó la detención de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, acusados de integrar una sociedad ilícita dedicada a desviar fondos públicos, se calcula que más de 70 millones de pesos, para la construcción de viviendas sociales.
Los problemas con ese proyecto comenzaron cuando estalló el escándalo y las denuncias contra Sueños Compartidos. Hubo una transición en la que estuvo a cargo de la obra el Movimiento Evita, pero después se decidió que continuara una empresa.
Etapas
En mayo de 2012 la Fundación Madres Plaza de Mayo “cedió” a la firma Pecam el contrato de la obra del barrio Travesía, mediante un convenio que aprobó el Ejecutivo Municipal y ratifica el Concejo. Era la segunda etapa de la obra. En 2011 el Concejo aprobó un pedido de informes del concejal radical Jorge Boasso para que el municipio diera detalles del avance de las obras y si existía algún tipo de irregularidad en la financiación del proyecto.
Dos años después se aprobó la segunda etapa del proyecto, que implicaba la construcción de otras 244 casas. El Concejo Municipal avaló el traspaso con la oposición del bloque del PRO. El edil Carlos Cardozo recordó que ese sector se opuso al plantear que era necesario llamar a una nueva licitación.
Lo que pretendía la Municipalidad era que no se paralizara la obra. “Se hacía como quería la Nación o no se hacía”, recordó una funcionaria municipal. El nombre de la empresa Pecam, que se quedó con la obra por adjudicación directa, fue impuesta por “recomendación” del Ministerio de Planificación Federal.
