Según el gobernador, las escuchas telefónicas a Pullaro constituyeron una «violación a la intimidad» de las personas.
El gobernador Miguel Lifschitz respaldó ayer al ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, quien quedó en el ojo de la tormenta a partir de la difusión de intervenciones telefónicas a su teléfono celular ordenadas por la Justicia santafesina, en el marco de la causa que investiga irregularidades en las horas extras policiales. Al respecto, el jefe de la Casa Gris dijo que el funcionario fue víctima de una «operación política» y cuestionó una supuesta arbitrariedad con la que algunos fiscales manejaron las escuchas.
De paso por Rosario, el mandatario provincial dio su respaldo a Pullaro al asegurar que el ministro fue blanco de una «operación política». Y, acerca de las intervenciones telefónicas realizadas al funcionario, enfatizó que son «una grave violación de la intimidad».
En esa línea, Lifschitz subrayó: «No se puede violar la privacidad de las personas de manera arbitraria, y menos si hubiera alguna intencionalidad política atrás de esta operación».
«Lo más grave de todo es que han divulgado las escuchas sobre una presunta investigación que se estaba llevando adelante», agregó el gobernador, en declaraciones a La Ocho, sobre la circulación de los audios.
Las intervenciones telefónicas permiten escuchar al titular de Seguridad dialogando con altos funcionarios judiciales, con miembros del gabinete y hasta con el mandatario provincial, tras la detención del ex jefe de la Unidad Regional rafaelina Adrián Rodríguez, ocurrida el 9 de octubre pasado.
Los dichos del gobernador fueron en base a las intervenciones telefónicas realizadas a la línea oficial de Pullaro, que fueron solicitadas por los fiscales Roberto Apullán y su subordinada María Laura Martí y aprobadas por el juez Penal de Santa Fe Nicolás Falkenberg.
Según Lifschitz, los fiscales concretaron su solicitud «de manera bastante irregular, sin razones que se fundamenten ni conocimiento del juez, en una situación muy poco clara».
De hecho, el mandatario santafesino comparó el caso con el de Fernando Rodrigo, quien renunció como fiscal en Rosario luego de que se revelara que había ordenado intervenir la línea telefónica de su ex novia y su entorno familiar.
«No quiero generalizar, porque la mayoría de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación desarrolla sus tareas con compromiso, pero la verdad es que hemos tenido casos que nos alertan», indicó Lifschitz.
En ese sentido, concluyó: «No descartamos una intencionalidad política detrás de esa operación, porque nos llama la atención que haya sido en fechas cercanas a las elecciones. Lo más grave es la divulgación de cosas que no tenían nada que ver con la presunta investigación».
El pedido de los fiscales se dio en medio de la investigación que trata de establecer irregularidades comprendidas entre 2015 y 2016 en las horas extras del servicio policial (conocidas como Ospe), que motivaron la apertura de una pesquisa judicial.
En la actualidad, la causa fue remitida a la flamante Fiscalía de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), encabezada por Ezequiel Hernández, quien el 17 de noviembre imputará a Rodríguez por las horas Ospe.
Reacción
Cuando los audios tomaron estado público, Lifschitz se encontraba en Nueva York, donde rindió homenaje a los cinco rosarinos muertos en el atentado registrado once días atrás en esa ciudad estadounidense.
Por entonces, el socialista adelantó su decisión de respaldar al titular de Seguridad frente a lo que consideró «operaciones de sectores oscuros» que buscan desplazar a Pullaro por los cambios realizados en la policía provincial.
Por su parte, la Auditoría General de Gestión del MPA, a cargo de María Cecilia Vranicich, adoptó el jueves «las primeras medidas preliminares» en el marco de la investigación abierta por la denuncia penal y administrativa que radicó Pullaro a raíz de las escuchas a su celular.
Paralelamente, y como consecuencia de la polémica sobre las intervenciones telefónicas, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, dispuso un nuevo protocolo para requerir y tramitar registros de audio ante el Colegio de Jueces Penales de 1ª Instancia.
La mesa del comité departamental Rosario de la Unión Cívica Radical (UCR) expresó su respaldo a Maximiliano Pullaro y a «su gestión al frente del Ministerio de Seguridad provincial, rechazando toda acción malintencionada e ilegítima, como la filtración de escuchas telefónicas a su celular oficial».
«Este hecho pone en evidencia la parcialidad con la que actuó un representante del MPA, lo que no condice con la seriedad, reserva y profesionalismo que requiere la búsqueda de verdad y transparencia», añadió el comunicado.
