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Legisladores quieren investigar el paro policial

Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó la creación en su ámbito de una comisión que sirva para producir información sobre lo que fue el paro policial de diciembre pasado. El objetivo, luego de constituir la mesa de trabajo, es que dentro de los próximos cuatro meses la Legislatura brinde una detallada pesquisa del accionar de los integrantes de las fuerzas de seguridad.

La iniciativa fue elaborada por el diputado radical Maximiliano Pullaro apenas unos días después del paro de la Policía y recién ahora pudo votarse en el recinto. De todas maneras, la pretensión política de los legisladores es ayudar a la Justicia y al Ejecutivo a dilucidar las responsabilidades de la revuelta y por eso el proyecto contó con un respaldo de la Comisión de Seguridad y de todos los bloques.

“Nosotros presentamos esta iniciativa apenas unos días después del conflicto policial. En aquel momento no había investigación en marcha y quisimos dar muestra de un firme compromiso político para saber qué ocurrió”, indicó el diputado Pullaro a Diario UNO. Y también argumentó: “Ningún poder del Estado tiene que estar al margen de esos hechos que fueron de extrema gravedad”.

“Hoy vemos –continuó– que la Justicia (tanto federal como provincial) lleva adelante estas investigaciones y que el Ejecutivo también hizo algunos movimientos desde el punto de vista administrativo (pasó a disponibilidad a algunos de los voceros que tuvo la Policía en conflicto). La Legislatura no debe desentenderse de todo esto porque hay que buscar a los responsables, también para desalentar cualquier otra protesta de similares características”.

“Debemos recordar que la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) llegó a decir, en esos días de paro, que se intentó desestabilizar el orden democrático en el país. Por eso, a nosotros nos parece importante saber dónde se rompió la cadena de mandos, qué pasó en la UR I y UR II que no dejaban salir a los agentes a trabajar, quién rompió las llaves de los autos para inutilizarlos, y de dónde salieron las amenazas a los funcionarios”, agregó el legislador de la UCR-FPCyS.

Bajo la lupa
En el proyecto aprobado se establece que en 120 días la comisión tendrá que producir un informe en el que consten tres aspectos centrales. Por un lado, señalar cuál fue “el accionar de los integrantes de la Policía de Santa Fe en el marco de los «reclamos» y/o «protestas» protagonizadas por los mismos entre los días 3 de diciembre y 10 de diciembre de 2013”.

Además, esclarecer “el accionar de los particulares que pudieran haber influido activamente en las decisiones que adoptaron los integrantes de la fuerza en el citado proceso”; y la relación entre las conductas de policías y civiles y su impacto en “los hechos de vandalismo que se registraron en el territorio provincial durante ese período de tiempo”.

Esta comisión que se creará, que se llama de “Información”, estará conformada por los diputados integrantes de las comisiones de Seguridad Pública y Derechos y Garantías de la Cámara baja. Y entre las facultades figura la posibilidad de dirigirse a órganos oficiales, e invitar a entrevistas a funcionarios públicos, agentes estatales, representantes de ONG y particulares para solicitar informes u opiniones de los asuntos de su consideración.

También, “citar testigos, recibir declaraciones, inspeccionar oficinas o documentos públicos y, en general, todas aquellas que sean relevantes para el cumplimiento de su cometido, observando en todo momento el límite impuesto por el Artículo 46º de la Constitución provincial”. O sea, investigar sobre materias o asuntos de interés público pero sin afectar los poderes legales de la autoridad judicial.

Una vez finalizada la labor de la comisión, que tendrá una fecha tope de 120 días desde su constitución, la presidencia de la Cámara de Diputados enviará copias del informe final a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Procuración General de la Nación. Además, a la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, a la Fiscalía General de la provincia y al Poder Ejecutivo santafesino.

Autoridades del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en Santa Fe, valoraron la creación de la comisión investigadora en el marco de la Legislatura provincial porque entienden que servirá para recopilar más pruebas. Como se sabe, dicho organismo está encargado de indagar sobre el posible delito de sedición y desde la Procuración federal se creó un cuerpo especial de fiscales para dicho cometido.

La marcha en la Justicia
Con respecto al desarrollo judicial que tuvo el paro policial de diciembre pasado, una de las causas la tiene la Justicia federal y está relacionada al presunto delito de sedición. Dicho requerimiento fue planteado por el Ministerio Público Fiscal, a instancia de la Procuración General, pero el juez Reinaldo Rodríguez se declaró incompetente porque entiende que los hechos ocurridos se tienen que investigar en el fuero provincial.

El fiscal Walter Rodríguez apeló dicha resolución y hoy es la Cámara Federal de Rosario la que tiene que expedirse. En caso de que se acepte el planteo del magistrado el camino que queda es la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá que definir quién se debe hacer cargo. Otro conflicto de competencia –a resolver por el mismo órgano– es por las amenazas (de un dirigente de Apropol) al gobernador Antonio Bonfatti, que el fiscal pretende acumular a la causa por sedición.

A eso se suman las investigaciones abiertas en la Justicia provincial por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En Rosario, por ejemplo, ya hubo una audiencia donde se expusieron fotografías y material audiovisual de policías que al momento del conflicto dañaron patrulleros y otros bienes de la seguridad pública para evitar que sus propios compañeros salgan a patrullar. Todo ello se tramita en el sistema residual de Justicia penal.

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