Al pedido de indagatoria requerido por su par en la jurisdicción federal se suma la entrevista que mantendrá este jueves en el Consejo de la Magistratura, como uno de los doce concursantes al cargo vacante en la Cámara Electoral. La maniobra para dañar la imagen del hijo del ministro de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti.
Reinaldo Rubén Rodríguez, juez federal de Santa Fe con competencia electoral, pasó los últimos días tenso. Llegará este jueves al Consejo de la Magistratura con una mancha en su legajo: el pedido de indagatoria que le hizo su par Francisco Miño para el 6 de abril próximo. Desde hace tiempo el juez sospechado de haber favorecido a un grupo de abogados y ahorristas en 2004, tiene la intención de ocupar un cargo en la Cámara Nacional Electoral. Para ello enfrentó un concurso que tiene una estación importante, aunque muchas veces relajada si se llega en buenas condiciones: la entrevista con los consejeros. Son doce en total los aspirantes y su señoría llega en su peor momento.
El ocaso comenzó el 11 de octubre del año pasado cuando el Tribunal Oral Federal de Santa Fe resolvió condenar a un ingeniero porteño y su abogado por haber pergeñado un ardid que les permitió cobrar 650 mil pesos gracias al rol que tuvo entonces el juez Reinaldo Rodríguez, que hizo lugar a la cautelar y habilitó el pago de bonos de la deuda en default, a pesar de las recomendaciones del ministerio de Economía de la Nación. Miguel Dubarry su abogado Carlos Clerc fueron condenados en suspenso a dos años y 10 meses de prisión por los jueces del plenario que hicieron lugar al pedido del Fiscal General Martín Suárez Faisal de investigar el accionar del magistrado. El caso Dubarry es el único que llegó a juicio oral, motivado por la enorme prueba colectada donde se prueba que los abogados bonaerenses eligieron la jurisdicción de Santa Fe para litigar porque confiaban en la respuesta del juez, a pesar que de ninguna manera podrían haber radicado el expediente en Santa Fe. Para ello falsificaron un domicilio en cercanías de Rafaela, falsificaron documentos públicos y hasta ingresaron a un anciano de 94 años como co titular de la cuenta comitente que tenía retenidos los bonos defaulteados.
Dubarry había adquirido en el año 2003 – en dos tandas – los bonos de la deuda y luego sumó a su suegro, lo que le permitió argumentar que, por su avanzada edad y su estado de salud, era un derecho constitucional cobrarse el dinero. Finalmente en 2005, y con los fallos del juez Rodríguez a favor, cobró los 650 mil pesos.
El 9 de febrero de este año el Fiscal Federal Walter Rodríguez denunció al juez federal y firmó un requerimiento de instrucción basado, en gran parte, en la reconstrucción histórica que realizó el Fiscal General ante el TOF, Martín Suárez Faisal. Allí se fundamenta cómo un grupo de abogados de Capital Federal y de Lomas de Zamora (de donde es oriundo el magistrado) llevaron adelante una metodología para provocar la intervención de Reinaldo Rodríguez quien tuvo un comportamiento dispar con el grupo de abogados de Buenos Aires e, incluso, cambió su propio criterio, frente a situaciones muy parecidas que no incluían a los actores investigados.
El Fiscal General pudo demostrar en el juicio que el juez Rodríguez y el abogado Clerc mantuvieron varias comunicaciones telefónicas realizadas antes y durante el trámite de la medida cautelar. Gracias a la información brindada por Telecom pudo establecer comunicaciones entre el teléfono particular de Clerc y el del departamento de Rodríguez en Santa Fe, el 4 de agosto de 2004. El 23 de septiembre, seis días antes de interponer el amparo, se comunicó Clerc a pasadas las 8 de la noche (fuera del horario de trabajo) con el despacho del juez. Mientras se sustanciaba el amparo Clerc llamó a Rodríguez al juzgado el 27 de octubre del 2204 a las 18.19 horas. El 27 de noviembre del mismo año Clerc llamó al juez a su domicilio particular. Fue el mismo día en que Rodríguez, por pedido de Clerc, intimó al Estado Nacional para dar cumplimiento con la medida cautelar. Los llamados detectados por el Fiscal General también demuestran comunicaciones entre Clerc y el abonado de la Secretaría de Leyes Especiales del juzgado. Además, en su propia pesquisa, el fiscal de primera instancia Walter Rodríguez encontró otros elementos de interés para sostener su denuncia. Uno de ellos es la comunicación de fecha 4 de noviembre de 2005 entre el número particular de Clerc y el abonado perteneciente a María Inés Barrios de Rodríguez, esposa del imputado, radicado en la localidad entrerriana de Colón, donde se emplazan un complejo llamado “Cabañas del Uru”, cuyos dueños son Barrios y Rodríguez. Otro detalle revelador es que el habilitado por Clerc para ver el expediente fue Ramiro Andrés Correa Cunto, que integra actualmente la Comisión Fiscalizadora de Global Equity S.A, que intervino en el cobro de la pretensión de los amparistas.
A las pruebas en contra de Rodríguez se suma una Providencia Judicial, emanada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía de la Nación del 22 de febrero de 2005, donde se calificó como “anómala” la adquisición de bonos con posteridad al diferimiento de pagos de los servicios de la deuda.
Para Walter Rodríguez los hechos desarrollados en la denuncia encuadran en las figuras de fraude a la administración pública en concurso ideal con prevaricato e Incumplimiento de los deberes de funcionario público. El 6 de abril el juez Francisco Miño indagará a Rodríguez, haciendo lugar al pedido del representante del Ministerio Público.
Internas
El juez Rodríguez está furioso con los integrantes del TOF que ordenaron investigarlo en octubre del año pasado. Considera que es una maniobra en tándem para sacarlo del cargo y reemplazarlo por Emilio Rosatti, hijo del ministro de la Corte. Rosatti (h) venía desempeñándose como Secretario Electoral en el ámbito federal pero debió alejarse temporalmente del cargo por una denuncia que el propio juez cuestionado presentó al principios de febrero basada en un panfleto en el que se acusaba a Rosatti de acosador de mujeres. Fue tan burda la presentación del magistrado, sostenida por las anónimas acusaciones del libelo (ver más abajo una copia) que el fiscal de turno, Gustavo Onel, la desechó de plano. El revuelo no quedó allí, Rosatti fue trasladado al Tribunal Oral provisoriamente.
El panfleto, según fuentes fidedignas, fue adjudicado a un grupo vinculado al otrora operador judicial K Oscar “Cachi” Martínez, hoy funcionario de Macri en el Enacom.
