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«Las denuncias de abuso deben ser investigadas por la justicia», dijo Borgonovo

Tras la reunión entre la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia en el Arzobispado de Rosario del viernes pasado, se desató una polémica en torno a las «dudas» que provocaron tras una denuncia por abuso sexual la conformación de comisiones que la propia Iglesia estableció como método para identificar responsables entre sus estamentos.

Ayer, el ministro de Gobierno y Justicia, Esteban Borgonovo, fijó la postura de la Casa Gris: «No hay ninguna duda de que el canal exclusivo y excluyente es la Justicia. Y en estos casos, hay todo un abordaje especializado con la aplicación de protocolos».

La titular de Niñez, Patricia Chialvo, aclaró ayer el contenido de la reunión que despertó inquietud en sectores políticos. La inquietud se dio luego de que el titular del Colegio de Abogados, Carlos Ensinck, denunciara a las autoridades religiosas locales por usurpar funciones del Estado tras abrirse comisiones que investiguen el comportamiento de miembros de la propia Iglesia ante casos de abuso sexual.

«Fuimos a hacer lo que nadie hizo hasta ahora», subrayó Chialvo al aclarar que la secretaría que conduce pidió una audiencia al Arzobispado para conocer el contenido de las comisiones eclesiásticas. «Claramente fuimos a exigirles y a pedirles garantías de que la información llegue a la Justicia penal», puntualizó la funcionaria.

A su turno, el ministro Borgonovo señaló a LaCapital que para los casos de abuso sexual infantil se requiere de un abordaje especializado en la materia. «Quien realiza la entrevista con el menor, con procedimientos específicos, donde está dispuesta la cámara Gesell. Es el único que brinda garantía para la víctima y también para el imputado para que pueda defenderse», subrayó el Borgonovo para agregar: «Existe una serie de protocolos con pautas de trabajo y recomendaciones. Hay que dar inmediata noticia al fiscal y no revictimizar al menor, reunir las pruebas y exámenes. Si se pierde tiempo en los espacios de investigación, se corre riesgo de perder elementos imprescindibles», ahondó.

Tras reiterar que no debe haber el «mínimo de dudas» en denunciar ante Fiscalía, Borgonovo dijo poseer «una valoración positiva de la actitud del Papa Francisco, que después de tantos años de silencio hace una condena pública y llama a las cosas por su nombre; es una conducta a valorar, cuando antes había prevalecido el encubrimiento. La Iglesia tiene una enorme tarea de prevención, pero las investigaciones deben ir a la Justicia».

Para la ex secretaria de Niñez Andrea Travaini, «lo que hizo ruido fue que se habló en el marco del derecho canónico y este es el punto que hay de despejar; las denuncias por abuso sexual en la Iglesia católica o en cualquier otro ámbito se tienen que hacer en la Justicia y el Estado debe acompañar a las víctimas para que denuncien en el lugar adecuado, para que haya condena, que es lo que repara una situación tan grave».

La ex funcionaria socialista recordó que hay lugares especializados, como las fiscalías de género, y en abuso sexual hay equipos interdisciplinarios que pueden dar contención.

«La duda es quién va a escuchar al interior de la comunidad esclesiástica, con qué criterio se escucha. No corresponde poner un intermediario que puede obturar el accionar de la Justicia, por más buena intención que se tenga», advirtió Travaini.

 

Chialvo salió a defender el encuentro con el Arzobispado. «Me parece que hay gente que interpreta demasiado rápido una foto y con mucha mala intención. A todo el mundo se le explicó el contenido», dijo para agregar: «La Iglesia se rige por el derecho canónico y el Papa pide que se conformen comisiones y reúnan informes, pero que claramente tienen que ir a la justicia penal. Son dos cosas diferentes».

Ensinck había denunciado que «se trató de suplantar al Ministerio Público de la Acusación, que es el organismo donde debe reportarse cualquier delito».

El comunicado del Arzobispado advirtió que no se intentó sustituir el «ámbito de competencia de la autoridad estatal», sino que la finalidad es «adoptar las decisiones administrativas y disciplinarias dentro de su propio ámbito de actuación».

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