La provincia de Santa Fe quiere ser querellante en la causa por inteligencia ilegal

El gobernador instruyó al Fiscal de Estado a presentarse ante el MPA en la investigación relativa a las carpetas confeccionadas durante la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad.

«Los intereses públicos comprometidos toman necesaria esta decisión con el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados», dice en los considerandos del decreto, de acuerdo a lo publicado por el diario El Litoral.

El gobernador Omar Perotti firmó el decreto 0022 donde instruye al Fiscal de Estado «a intervenir como parte querellante, de acuerdo a los artículos 93 y siguientes del Código Procesal Penal, en el proceso que se investiga en el Ministerio Público de la Acusación hechos ocurridos en el Ministerio de Seguridad a que refieren los considerandos del presente». Se trata de la investigación que llevan adelante los fiscales Exequiel Hernández y Mariela Jiménez sobre presunta inteligencia ilegal que se habría llevado adelante durante la etapa de Marcelo Sain al frente de esa cartera, durante la actual etapa institucional.

Perotti firmó la instrucción junto a la ministra de Gobierno, Celia Arena, «y atento los intereses públicos comprometidos toman necesaria esta decisión con el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados», reza en los considerandos. Días atrás se conoció una lista de 661 personas o instituciones que habrían sido objeto de seguimientos por parte de cartera de Seguridad sin requerimiento de fiscales o jueces provinciales o federales.

Es la segunda decisión que adopta el gobernador tras la salida de Sain y en ambas con instrucciones al fiscal de Estado, Rubén Weder quien haría la presentación solicitando ser querellante la semana venidera. Antes le había ordenado una investigación administrativa interna que está en su etapa final. Lo recuerda el nuevo decreto en el comienzo de los considerandos. «que en su oportunidad, al haber tomado estado público las medidas procesales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación efectivizadas en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Provincia, este Poder Ejecutivo de manera inmediata dispuso a través del Decreto N° 26511/21 instruir al Fiscal de Estado, para que, a través de la Dirección de Auditorías y Sumarios dependiente de esa jurisdicción- inicie los procedimientos administrativos que legalmente correspondan». Añade que esa instrucción tiene por objeto precisar, «en la faz administrativa, el legal funcionamiento interno del mencionado Ministerio y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder».

Menciona que tras aquel acto administrativo «pero en relación a la Investigación Penal Preparatoria, ha trascendido mediante diferentes publicaciones efectuadas por distintos medios de comunicación, la producción de nuevas medidas procesales dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación en el marco de dicha investigación». Agrega que «el estado actual de la investigación -de acuerdo a los mencionados trascendidos periodísticos- hace oportuno instruir nuevamente al Fiscal de Estado -órgano que constitucionalmente tiene a su cargo la defensa de los intereses de la Provincia ante los Tribunales de Justicia- a que se presente en nombre y representación de ésta como querellante en la Investigación Penal Preparatoria Ilevada a cabo por el Ministerio Público de la Acusación relacionada con hechos sucedidos en el ámbito del Ministerio de Seguridad, en un todo de acuerdo con los Arts. 93 y siguientes del Código Procesal Penal».

Fundamenta la decisión «en mérito a que en el proceso judicial mencionado, se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la Administración Pública, por cuanto este Poder Ejecutivo encuadra su accionar en el marco del principio de legalidad y así propende su respecto como de los otros poderes estatales, y que a la luz de los trascendidos estaría siendo cuestionado».

También señala Perotti que «resulta menester resguardar el accionar no sólo de los poderes estatales involucrados en la causa prealudida, sino además el resto de las personas que puedan -eventualmente- estar involucradas en la misma, ya que es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres e instituciones que la paz y la seguridad jurídica coadyuven a la confianza legítírna de la comunidad en sus organizaciones públicas, y que se respeten los derechos y obligaciones incursos para lograr una anhelada seguridad jurídica».

«Atento los intereses públicos comprometidos toman necesaria esta decisión con el firme propósito de lograr un esclarecimiento definitivo de los hechos investigados», dice por último.

Días atrás, doce entidades de la producción santafesina expresaron su preocupación y exigieron el pronto esclarecimiento sobre estas denuncias que han tomado estado público sobre posibles investigaciones y/o recopilaciones de información efectuadas de manera ilícita desde el Ministerio de Seguridad de la provincia durante la gestión de Sain.

El pronunciamiento fue emitido por el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de la provincia que integran Fisfe, Fececo, Bolsa de Comercio de Santa Fe, Bolsa de Comercio de Rosario, Carsfe, Federación Agraria Argentina, Federación Gremial, Adeessa, Coninagro, Corenosa y las delegaciones Santa Fe y Rosario de la Cámara Argentina de la Construcción

«Ante denuncias que han tomado estado público sobre posibles investigaciones y/o recopilaciones de información efectuadas de manera ilícita en el ámbito de la provincia de Santa Fe, sobre empresarios, profesionales, organizaciones y entidades productivas, comerciales y de servicios, las instituciones que integran el Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción de Santa Fe expresan su preocupación e instan a las autoridades competentes a que agoten los medios para investigar los hechos denunciados», señala la declaración.

Agregaba el documento que «la confirmación de estos eventos implicaría un hecho de singular gravedad institucional, que perturba la seguridad de las personas humanas y jurídicas, como así también a los valores y principios básicos de la vida en democracia».