La Justicia citó a indagatoria al ex juez Saurín por fraude
La acusación es por el presunto delito de “estafa a la administración pública”, denunciado el 26 de marzo de 2009 por la Empresa Provincial de la Energía. Si bien la causa fue archivada en 2013, la Cámara ordenó que se siga investigando.
El próximo jueves 23 de abril el ex juez de Instrucción Penal, Rubén Saurín, deberá presentarse en tribunales para prestar declaración indagatoria, en una investigación por el presunto delito de “defraudación a la administración pública”. La causa, que estaba a punto de prescribir, comenzó con una denuncia de la Empresa Provincial de la Energía, luego de que inspectores de la Unidad de Fraude detectaran una conexión irregular en la bajada de la luz del domicilio particular del ex juez.
El juez de Instrucción Penal Luis Octavio Silva notificó a las partes, esta semana, del llamado a indagatoria, a instancias de lo solicitado por la fiscal Nº 3, Mariela Jiménez, quien reactivó el caso luego de que la Cámara de Apelación Penal rechazara el mes pasado un planteo de prescripción y dictara la nulidad del archivo.
De no haberse producido el llamado a indagatoria, la acusación tal como la formuló el juez Silva, hubiera prescripto el jueves 26 de marzo, una vez transcurridos los seis años desde que fue detectado el hecho.
Primer archivo
El acta de fraude que lleva el número 4.117-442 y que está caratulada como “Conexión directa clandestina” data del 26 de marzo de 2009, tras una constatación en un domicilio de calle Italia al 7700, en la zona residencial del barrio Guadalupe. El viernes 27 de marzo del mismo año, la fiscal Graciela Parma presentó ante el juez de Instrucción, Jorge Patrizi, un requerimiento para que se investigue si Saurín incurrió en algún tipo de delito.
En esa primera instancia de la investigación, la causa fue archivada por primera vez; aunque la Cámara de Apelaciones se opuso y ordenó seguir investigando. Se excusaron de manera sucesiva varios magistrados, que por distintos motivos no consideraban adecuado investigar a un par, hasta que el caso quedó a cargo del juez de Instrucción Nº 5, Darío Sánchez, que fue quien le dio nuevo impulso al expediente.
El nuevo juez reunió la prueba que consideraba necesaria, tomó varias declaraciones a funcionarios y empleados de la EPE, ordenó peritajes técnicos, hizo lugar a la constitución de querellante por parte de la EPE, pero al cabo de un año y medio de labor fue recusado.
Segundo archivo
Un nuevo episodio se abría en torno al caso Saurín. El 17 de noviembre de 2010 el expediente pasó al juzgado de Instrucción Nº 6, en ese momento a cargo del juez Sergio Carraro, quien en 2013 resolvió archivar la causa.
Esta vez el archivo, que no había sido cuestionado por la Fiscalía, fue apelado por los abogados de la querella, y se dirimió en un fallo de Cámara del 12 de febrero último que firma la Dra. Martha Feijoó.
Entretanto, el 21 de abril del año pasado, el abogado Néstor Oroño, a cargo de la defensa de Saurín, interpuso la excepción a la prescripción de la acción penal, al considerar que se trataba de un caso de “hurto” y no de “estafa”. Si bien el expediente estaba en la Cámara, el juez Silva resolvió el incidente el 2 de septiembre de 2014 rechazando el cambio a la figura delictiva de “hurto” y confirmando la de “estafa a la administración pública”, cuya pena máxima prevé un monto de 6 años de prisión.
Último fallo
El último fallo conocido en torno al caso Saurín y que motorizó recientemente el tema, resuelve confirmar la resolución de Silva en cuanto a la calificación por “estafa a la administración pública” y “declarar la nulidad de la resolución de fecha 27 de noviembre de 2013” en la que se decretó el archivo.
Pero no todo está definido aún, ya que el 3 de marzo, el abogado Néstor Oroño presentó un recurso de inconstitucionalidad por el fallo adverso. En esta oportunidad, la presidenta del tribunal unipersonal Dra. Martha Feijoó deberá evaluar si concede el recurso a la defensa y eleva el trámite para que lo analice la Corte; o lo rechaza para que el abogado de Saurín formule la queja ante el máximo tribunal provincial. Mientras tanto, en el subsuelo aguardan la vuelta del ex magistrado, esta vez con el rótulo de imputado.
